13 años. Esa es la edad actual a la que una persona menor de edad puede dar su consentimiento para mantener relaciones sexuales.  Pero, en las últimas semanas, la actualidad -marcada por el crimen de violencia de género ocurrido en El Salobral-  ha reabierto el debate sobre la capacidad de los adolescentes para decidir con quién practicar sexo y cuándo. "La diferencia está en si la relación se establece con un igual o con un adulto. En el segundo caso, se establece una relación de poder asimétrica en la que el adulto puede abusar de la buena fe del niño", opina Lourdes Gaitán, coordinadora del Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA).

Los partidos políticos ya se han puesto manos a la obra a este respecto. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado recientemente una proposición no de ley en el Congreso en la que solicita elevar la edad de consentimiento sexual. El Gobierno está de acuerdo en situarla al nivel del entorno europeo, entre los 16-17 años, y se prevé que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que dirige Ana Mato incluya este compromiso en el futuro Plan Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2012-2015.

Los socialistas abogan también por aumentar la edad de matrimonio sin autorización judicial, actualmente situada en los 14 años, una cuestión que ya planteó la exministra del ramo, Leire Pajín. Algunas asociaciones de defensa de los niños, como Unicef, también se han mostrado preocupadas por esta cuestión. Por último, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también comparte la petición de que se acometan cambios legislativos para mejorar "la protección integral del menor", según la vocal Graciela Bravo, informa Europa Press.

"Hay que proteger a los niños y adolescentes de cara a que las pruebas puedan ser contundentes para los tribunales, pero el temor está en que se pretenda limitar las relaciones sexuales entre iguales", advierte Gaitán. "Hay niños y niñas que con 12 años son más maduros que muchos a los 30, no se sabe con exactitud cuándo un cerebro está maduro; por eso no se puede establecer una edad fija para ello en algunos casos", opina la socióloga, que rechaza el término "menores" porque "sólo se usa cuando se dan malas noticias sobre ellos o cuando se les quiere relegar a un papel minoritario en la sociedad", argumenta.

Discriminados por edad

De hecho, Gaitán asegura que, de forma implícita, hasta la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Niño permite que los menores de 18 años sean discriminados por razón de edad. "Los Estados Partes respetarán los derechos [...] sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales", reza el artículo 2 de dicho texto. "Pero no aclara que no deben ser discriminados por razón de edad", advierte Gaitán.

"No es lo mismo una relación consentida entre adolescentes, que entre un niño y un adulto"

No obstante, hay quien cree que "se precisa madurez emocional para consentir una relación sexual" y que los 13 años no son suficientes "para discernir si se trata de una relación abusiva o no". Así se ha posicionado el vicepresidente de la Federación Española de Sociedades de Sexología, Vicente Ángel Briet, en una entrevista con la agencia Efe. Para Briet, el límite debe fijarse en los 15-16 años, "coincidiendo con la media de inicio de las relaciones sexuales".  "Elevando la edad hay menos probabilidad de que haya abuso y engaño", ha concluido Briet, que solicita una mejor educación sexual en los colegios "para que los jóvenes puedan identificar estas situaciones y pedir ayuda".

Para Conchi Ballesteros, una de las responsables de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, "no es lo mismo una relación consentida entre adolescentes que el de un niño con un adulto" que, al igual que Gaitán, reclama que se eleve la edad mínima de consentimiento, pero teniendo en cuenta la diferencia de edad entre los miembros de la pareja.  En la misma línea se ha pronunciado también -en declaraciones a Efe- el exDefensor del Menor y diputado de la Asamblea de Madrid, Pedro Núñez Morgades, que quiere "homologar y racionalizar las edades". "Es la primera vez que estamos de acuerdo al respecto", señala Morgades, que se muestra partidario de aprovechar la reforma del Código Penal para incluir dicha medida.

Gaitán, por su parte, aclara que la ONU "siempre se ha pronunciado a favor de ampliar la autonomía de los niños, mostrándose a favor de aumentar la edad establecida para ciertas cuestiones y de reducirla para otras, con el fin de evitar riesgos". Por este motivo, la socióloga apunta a la edad de 16 años como baremo para poder votar y tomar otras decisiones como la de abortar, por ejemplo. "Nosotros apoyamos la ley actual, incluso sin necesidad de informar a los padres, mucho menos para necesitar su consentimiento", explica. "Por ley no se les va a obligar a tener confianza con sus padres", argumenta.

"A los 5 o 6 años ya son capaces de identificar abusos", señala una experta socióloga

En otras cuestiones, como que los niños puedan denunciar y tener acceso a la justicia, por ejemplo, en el GSIA debaten sobre "rebajar el límite hasta los 5 ò 6 porque a esta edad ya son capaces de identificar abusos". En otras situaciones, como cuando las personas menores de edad deben decidir con quién quedarse en caso de divorcio "tampoco es necesario tener 12 años para participar en las decisiones de sus padres", opina Gaitán. "Los niños tienen que ser escuchados", exige la socióloga.

La vocal del CGPJ Gabriela Bravo también aboga por mejorar "la protección integral del menor", especialmente, en casos en los se encuentran en posición de "indefensión", como en la violencia doméstica. "No hay religión ni cultura, ni creencia que justifique los abusos, humillaciones y maltratos físico o psíquico de un menor, que es un ser especialmente vulnerable, por lo que debe ser especialmente protegido", declaró Bravo a Europa Press.

Por último, la coordinadora del GSIA lamenta que "la legislación española es un residuo de un pasado muy pasado: es heredera del Derecho romano, que a su vez es heredero del catolicismo". En este sentido, Gaitán critica, especialmente, a quienes pretenden endurecer la Ley de responsabilidad penal del menor y aboga por "no bajar el límite de la edad penal ni un mes". Las socióloga cree que, en algunas ocasiones, se ha reformado la normativa basándose en casos muy mediáticos, "muy dolorosos, pero también muy escasos", por lo que lo considera "una medida populista".  "El Derecho penal debe tratar de recuperar a la gente para la sociedad", añade, y concluye: "Al menor hay que protegerlo, no castigarlo".