La brecha parece mayor cada día entre el Gobierno vasco y una parte de la Justicia. Ayer, cuatro vocales del sector conservador en el Consejo General del Poder Judicial hicieron un movimiento de última hora para que el pleno de hoy analice las declaraciones contra la sentencia del Tribunal Supremo en el ‘caso Atutxa’, así como la manifestación impulsada el sábado por el tripartito —PNV, EA y EB—.

Por su parte, el Ejecutivo de Ibarretxe anunciaba la presentación de una querella criminal contra el vocal del CGPJ Juan Pablo González por un artículo publicado la pasada semana en el que le acusaba de “ser connivente con ETA y responsable de sus acciones terroristas”.

Se trata, pues, de los dos últimos capítulos de la polémica que enfrenta al Gobierno vasco con un parte de la Justicia, sobre todo a raíz de las resoluciones adoptadas los últimos meses, tanto en la causa contra el lehendakari en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como en el caso resuelto en el TS contra el ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB) por su negativa a disolver la pasada legislatura el grupo de Batasuna, Sozialista Abertzaleak.

División

En esta coyuntura, también se ha hecho evidente de nuevo la división en el seno del propio CGPJ. “El ambiente está bastante crispado”, indicaba ayer uno de sus miembros. De hecho, aún no es seguro si el Pleno de hoy analizará, tal y como defienden los conservadores, las declaraciones efectuadas y la manifestación celebrada el sábado contra la resolución del caso Atutxa.

Los conservadores necesitan para ello llegar a un acuerdo con el sector progresista, pues plantearon ayer su propuesta fuera de plazo. Lo que sí estudiará el Pleno del CGPJ es la petición de los vocales de la minoría progresista en aras de que se repruebe el artículo de González. En el texto, aseguraba que la penetración de ETA en la sociedad vasca “no se hubiera producido sin la connivencia y la tolerancia” del Gobierno vasco.

Precisamente, ayer, la portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, anunció la presentación de una querella criminal por ese artículo contra este vocal, “curiosamente el mismo que representa, supuestamente, al País Vasco”. Además, sobre la posibilidad de que el CGPJ se pronuncie sobre la manifestación del sábado, insistió en que en la marcha “no hubo ninguna descalificación”.

Mientras, el PNV volvió a poner en cuestión el papel de algunos jueces. En declaraciones a Radio Euskadi, el presidente en Guipúzcoa, Joseba Egibar, afirmó que el proceso contra Ibarretxe “pretende inhabilitarle” para “anular su iniciativa” de consulta en Euskadi.