La propuesta que lanzó el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de establecer un nuevo impuesto para las rentas altas de la Comunidad de Madrid ha encontrado el beneplácito del Gobierno central, que, a través del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado que "tiene mucho recorrido". Sin embargo, este planteamiento ya se ha encontrado con el rechazo frontal de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, provocando así un nuevo debate territorial sobre la fiscalidad en Madrid y la armonización.

El presidente valenciano aprovechó hace dos semanas su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press para plantear un impuesto que iría solamente destinado a las rentas altas de la Comunidad de Madrid. Puig alega que este nuevo tipo impositivo serviría para compensar al resto de comunidades autónomas el efecto capitalidad que tiene la Comunidad de Madrid.

Según denuncia el mandatario autonómico de la Comunidad Valenciana, que Madrid sea la capital de España "atrae bases imponibles de otros lugares", por ello reclama armonizar fiscalmente a todas las comunidades autónomas a través de este nuevo impuesto destinado solamente a las rentas altas.

En cualquier caso, Puig no ha especificado a partir de cuánto dinero se empezaría a imponer este nuevo impuesto, sino que se ha limitado a señalar que su propuesta va destinado a las rentas altas para luchar contra el "dumping fiscal" y la "competencia desleal" de Madrid.

El Gobierno lo ve factible

Tras lanzar este planteamiento, Puig ha encontrado en el Gobierno un aliado para estudiar este nuevo impuesto. En concreto, José Luis Escrivá apoyó este mismo jueves, tras reunirse con el presidente valenciano, su propuesta destinada a las rentas altas de la Comunidad de Madrid.

Es más, el ministro Escrivá augura "mucho recorrido" a esta idea del presidente valenciano y por ello, se ha comprometido a seguir explorando esta vía. De este modo, el Gobierno ha querido respaldar la propuesta que planteó Puig hace una semanas como una posibilidad dentro de una reforma fiscal a nivel nacional.

Cabe recordar que el Gobierno tiene encargado un informe a un comité de 17 expertos para reformar el sistema fiscal en España, de modo que el Ministerio de Hacienda dispondrá de sus conclusiones a principios del año que viene, entre las que podría estar este impuesto a las rentas altas de Madrid que el Ejecutivo ya se ha abierto a explorar.

Ayuso, radicalmente en contra

Este planteamiento que hizo Ximo Puig hace unas semanas ya se encontró con el rechazo frontal de los empresarios madrileños y con el del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, que acusó al presidente valenciano de "madrileñofobia".

Es más, el Ejecutivo madrileño ya anunció que se opondría a cualquier intento de subir los impuestos en la región capitalina, respondiendo a Puig que "los dirigentes incompetentes no tienen que cargar las culpas sobre los que lo hacen bien".

Nada más conocerse esta propuesta, el portavoz de la Comunidad Madrid, Enrique Osorio, arremetió duramente contra el presidente valenciano: "Tiene que imitarnos, estamos dispuestos a explicarles como se hacen estas cosas, pero no puede para disimular sus errores decir que es porque somos capital o porque hacemos 'dumping fiscal' y somos insolidarios. Los dirigentes socialistas tienen tendencia a ocultar sus errores echando culpas a otros".

También desde la dirección nacional del PP acusan al Gobierno de querer "castigar el bolsillo de los madrileños" y avisan que si aprueba una medida de este tipo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pagará en las urnas su "madrileñofobia" como, a su juicio, ya ocurrió en las autonómicas del pasado 4 de mayo.

Se reabre el debate

En todo caso, este planteamiento de Puig augura un nuevo debate entre las comunidades autónomas con motivo de la armonización fiscal a Madrid y su efecto capitalidad. Hay varios Ejecutivos autonómicos que ya han avanzado su posición respecto al sistema fiscal de la región madrileña, acusándola de hacer "dumping fiscal" como proclamó Puig.

Tras el apoyo del Gobierno a explorar esta vía, hay dos autonomías que se han posicionado: Extremadura y Castilla y León. En el caso de la primera, la Junta considera que es "falso" el debate de la armonización fiscal centrado en subir o bajar impuestos y defiende que "es necesario configurar el sistema fiscal que España necesita para su futuro".

Por su parte, la Junta de Castilla y León cree que a la región le perjudicaría que se le obligara a subir impuestos o que aumentará la gravación fiscal, al tiempo deja claro que desde Castilla y León no se pide que se incremente los impuestos en otras comunidades, pero si demanda al Gobierno nacional una política fiscal favorable al medio rural.

Se reabre el debate