LAS PALMAS.- El Juzgado Togado Militar Central número 2 de Madrid ha imputado a dos tenientes coroneles por delitos continuados contra la hacienda militar por supuestamente amañar contratos en el Ministerio de Defensa a cambio de dinero, invitaciones al palco del Santiago Bernabéu, al tenis y regalos.

Según un auto del citado Juzgado Togado Militar facilitado hoy, también estás imputados otro tercer militar, el teniente Sebastián G.M., y los empresarios Manuel R.A. y Lázaro B.M. como presuntos autores de un delito de cohecho en esta causa, investigada desde marzo de 2014.

El Juzgado considera que los tenientes coroneles Epifanio R.R. y Cruz P.R. cometieron el presunto delito contra la hacienda militar en concurso ideal con un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

El caso se descubrió después de que el consejero de la empresa Seguridad Integral Canaria Fernando R.S. facilitara a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial una grabación de una conversación que mantuvo con los dos tenientes coroneles en la que le solicitaban cantidades de dinero por la contratación de dicha empresa.

A raíz de ello se investigaron e imputaron doce empresas de toda España y contratistas habituales del Ministerio de Defensa, entre ellas a Seguridad Integral Canaria.

En el auto se declara la desimputación de Fernando R.S. y del consejero delegado de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, así como de los representantes de otras nueve empresas investigadas.

Además, el titular del Juzgado requiere a los dos tenientes coroneles procesados que presten solidariamente una fianza de 15.600 euros, en el caso de Epifanio R.R., y de 8.400 euros, en el de Cruz P.R., a quienes mantiene la libertad provisional igual que al tercer militar.

Los dos tenientes coroneles permanecieron en prisión preventiva e incomunicada por estos hechos poco más de medio mes, de abril a mayo del 2015.

Epifanio R.R., estaba destinado a la Subdirección General de Servicios Económicos del Ministerio de Defensa, cargo del que fue cesado el 26 de marzo de 2014, mientras que Cruz P.R. era jefe de Área de Estrategia de Compras en el Programa de Modernización de la Contratación del Ministerio.

Según consta en el auto, ambos se conocían desde hace 25 años y tenían acceso a información privilegiada como los pliegos de condiciones que se iban a fijar en los concursos públicos, por lo que organizaban comidas en restaurantes de Madrid con los representantes de las empresas contratistas, que prestaban servicios en sectores como la seguridad privada, pólizas de seguros, alimentación o limpieza.

Además, supuestamente asesoraban a las empresas, les preparaban las documentación necesaria y les avisaban de las adjudicaciones e, incluso, se comprometían a agilizar el pago de facturas.