La propuesta del PSOE de expulsar del país a los extranjeros sobre los que pese una condena firme por violencia de género no gusta ni a las asociaciones de inmigrantes ni a las de mujeres. Por tres motivos. Uno: no soluciona el problema de base. Dos: deja a la víctima en una situación económica crítica al no tener permiso de trabajo. Y tres: se corre el riesgo de criminalizar a un colectivo al relacionar maltrato con inmigración. “Hay que tener mucho cuidado con no hacer que la gente piense que todos los extranjeros son maltratadores”, advierte la presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, Rafaela Pastor.

Pero es que la expulsión tampoco gustaba al PSOE cuando el PP la incluyó –por cualquier delito, sin especificar la violencia de género– en la reforma del Código Penal en 2003, en el artículo 89, hoy vigente: “Las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español, salvo que el juez o tribunal (...) aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España”.

El Supremo llegó a cuestionar esta disposición –“la expulsión no se considera ni como una pena ni como una medida de seguridad”–. Y los socialistas la calificaron como inconstitucional por ser discriminatoria respecto de los ciudadanos nacionalizados españoles. Es lo mismo que ahora denuncian los colectivos afectados sobre el delito concreto del maltrato: “¿Qué ocurre en los casos en que una mujer inmigrante es maltratada por un ciudadano español?”, se pregunta la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía. “La medida no previene, no puede ser útil”, afirma el vicepresidente de Andalucía Acoge, Ángel Madero.

Según el Consejo General del Poder Judicial, el 22,6% de los maltratadores fue extranjero en 2006. En el caso de las víctimas, el porcentaje se eleva al 30,6%. En lo que va de año,  cuatro de las seis fallecidas y cinco agresores son de nacionalidad extranjera.

“Aún no está perfilada”

En el PSOE, ayer, no quisieron valorar ni profundizar sobre la polémica promesa. Fuentes socialistas reconocieron que la propuesta aún no estaba del todo perfilada ya que “se introdujo a última hora” del sábado en la Conferencia Política. “Aún se tiene que desarrollar el articulado para incluirlo en el programa”, señalaron desde el PSOE. Aun así, dejaron claro que lo que se busca es “garantizar la seguridad” de las mujeres inmigrantes en España, informa Ramiro Varea.

En cualquier caso, y a la espera de aclaraciones, la medida ya se aplica. En abril de 2007, un juzgado de Jerez (Cádiz), en aplicación del citado artículo, conmutó una condena de seis años de prisión por la expulsión del país a un hombre de nacionalidad boliviana que maltrató de forma habitual a su compañera.