La izquierda aragonesa tropieza con un sillón en plena reforma social

ZARAGOZA .- La izquierda aragonesa ha acabado enredándose alrededor de un sillón en vísperas de tramitar las reformas sociales impulsadas en el primer año de la legislatura por el Gobierno autonómico PSOE-Cha y por sus socios de referencia, Podemos e IU.

“A mí lo que me preocupa es si vamos a llegar a acuerdos en las leyes de emergencia y en los presupuestos”, explicó el portavoz parlamentario de los socialistas, Javier Sada, tras la reunión celebrada este lunes por representantes de su partido con otros de Cha, Podemos e IU.

Buscan una solución para relevar al presidente de las Cortes, Antonio Cosculluela (PSOE), tras su dimisión en diferido, y, al mismo tiempo, intentan sentar las bases para coordinar el trabajo de las cuatro formaciones, mayoritarias en las principales instituciones de la comunidad mediante apoyos entre ellas y con espacios de confluencia.

La reunión ofreció como conclusión la convocatoria de otro encuentro para el próximo jueves, del que los cuatro grupos, que suman mayoría frente a PP, Par y C’s, esperan salir con un acuerdo para relevar a Cosculluela, además de comenzar a debatir sobre la creación de ese nuevo foro de debate que garantice la gobernabilidad.

Las tensiones entre los partidos de la izquierda aragonesa, iniciadas a finales de la primavera por el asunto de la presidencia, siguen sin resolver a unos días del inicio de un curso parlamentario en el que, salvo sorpresa, debería finalizar la tramitación del grueso de las reformas sociales impulsadas en el primer año de la legislatura.

Eso incluye, entre otras iniciativas del Gobierno, la versión legislativa del decreto que declara inembargables las ayudas sociales, veta los desahucios sin alternativa habitacional y obliga a la banca a movilizar la vivienda vacía; así como el proyecto de la Ley de Renta Básica, que debe socorrer a 14.000 familias en riesgo de exclusión, y el de Integridad Pública, que veta los sobresueldos de los partidos a sus cargos públicos y proscribe el uso de las tarjetas black.

La agenda parlamentaria de este otoño incluye, paralelamente, la tramitación de algunas leyes propuestas por Podemos, como la que plantea reducir la pobreza energética destinando a ese fin la multimillonaria factura de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) y la que propone regular el mínimo vital en el sistema de protección social autonómico, mientras la de Cuentas Abiertas se encuentra en una fase embrionaria.

Por último, el calendario reserva un espacio destacado –a falta de que el Gobierno central marque el techo de gasto para el siguiente ejercicio- para los segundos presupuestos de la legislatura, tras la intensificación de la agenda social que supusieron los actuales después de cuatro años de recortes.

En este panorama, el PSOE hizo suya ayer la propuesta que lanzó hace unas semanas el coordinador autonómico de IU, Adolfo Barrena, para crear “un foro permanente de la izquierda para hablar de las cosas que interesan a los ciudadanos”, que “garantice una Mesa progresista para la cámara” y que “permita ir más allá, a intentar mantener una mayoría progresista” en ámbito autonómico de Aragón.

Gregorio Briz, de Cha, apoyó la idea de “crear e institucionalizar ese cauce” para que las cuatro formaciones traten temas políticos, mientras Patricia Luquin, de IU, lo calificó de “necesario”.

Izquierda Unida, de hecho, defiende que la izquierda cree espacios de debate más amplios en los que tengan cabida las confluencias municipalistas, claves en los ayuntamientos y en las diputaciones de Zaragoza y de Huesca. Entre el consistorio de la capital y las Cortes se da una curiosa asimetría: ZeC (Zaragoza en Común), vertebrada en torno a IU y Podemos, mantiene encuentros y desencuentros con PSOE y Cha, que gobiernan en coalición y en minoría la comunidad y cuyo ejecutivo también ha mantenido tensiones con las otras dos formaciones.

Violeta Barba, de Podemos, reclamó al PSOE que detalle la propuesta del foro mientras insistía en desvincular el debate sobre su creación del relevo del presidente de las Cortes, reclamaba ese puesto para su partido y deslizaba que sería “extraño” que pudieran apoyan a un candidato socialista cuando el actual, dijo, “no quiere seguir”.

“No contemplo que no vaya a haber acuerdo”, señaló Sada, que calificó de “absolutamente secundario” el nombre del sucesor de Cosculluela. “No veo motivos”, dijo, para que su partido ceda la presidencia de la cámara, aunque se mostró abierto a negociar. “Seremos inflexibles en que este es el foro para llegar a un acuerdo”, añadió, en referencia a la reunión del jueves.

La tensión en torno a la presidencia de las Cortes tiene, no obstante, una componente paradójica. Cosculluela optó por continuar como alcalde de su ciudad –Barbastro-, mantener el acta de diputado y renunciar ella tras reclamárselo tanto desde su propio partido como desde Podemos. En ambos casos, en aplicación de los acuerdos de investidura que llevaron a Javier Lambán a la presidencia de la comunidad.

Sin embargo, ese movimiento ha tenido efectos perturbadores en varios ámbitos. Por una parte, ha generado tensiones en el interior del PSOE aragonés, al ser Cosculluela secretario general de la federación oscense, que desde hace décadas mantiene tiranteces con la zaragozana, liderada por Lambán.

Y, por otro lado, ha alterado las relaciones entre los aliados parlamentarios, ya que Podemos reclama para su partido ese puesto, desde el que plantea renovar la institución con una serie de medidas entre las que se incluyen algunas de participación ciudadana y otras como la reducción del sueldo del presidente en un 15% y la supresión del coche oficial con chófer.

El PP, minoría mayoritaria de la cámara, ha aprovechado para añadir tensión al anunciar que presentará un candidato al cargo. Aunque esa presión tiene matices: los conservadores obtendrían el puesto, y con él la mayoría de Mesa de la cámara, si PSOE y Podemos no van a una. Sin embargo, esa posibilidad no supera hoy la categoría de expectativa, ya que el cese del actual presidente no tiene fecha. Llegará cuando su partido se la marque.

La situación de interinidad del presidente de las Cortes se añade la que arrastra desde hace casi dos años el Justicia de Aragón –el Defensor del Pueblo autonómico-. Fernando García Vicente, cesado el 17 de septiembre de 2014 al acabar su tercer mandato tras 16 años, sigue en funciones al no haber alcanzado los partidos un acuerdo para relevarlo.