El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) juzgará del 12 al 15 de julio al expresidente del Parlament Roger Torrent, actual conseller de Empresa, y a los miembros de JxCat y ERC en la Mesa de la Cámara de la pasada legislatura, por un delito de desobediencia al permitir la tramitación de resoluciones soberanistas.

La sala civil y penal del alto tribunal catalán ha fijado en una providencia que el juicio al republicano Torrent y a los miembros soberanistas de la Mesa Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, de JxCat, y Adriana Delgado, de ERC, se celebre los días 12, 13 y 15 de julio en sesiones de mañana y tarde, por un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional.

El TSJC ha admitido las testificales propuestas tanto por la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por Vox, como por las defensas de Torrent y de los demás acusados, a excepción de Josep Costa, que no ha presentado escrito de conclusiones ni ha efectuado ninguna proposición de prueba.

La causa se deriva de una querella que presentó la Fiscalía contra Torrent y los miembros de la Mesa de JxCat y ERC por tramitar dos resoluciones a favor de la autodeterminación y de reprobación de la monarquía, que el Parlament aprobó en noviembre de 2019 poco después de la sentencia que condenó a la cúpula del 'procés'.

La magistrada del TSJC que instruyó el caso, Maria Eugènia Alegret, acordó abrir juicio oral contra Torrent -actual conseller de Empresa-, Campdepadrós -actual secretario de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat-, Costa y Delgado, al concluir que actuaron "con desprecio a la legalidad constitucional" pese a ser "previamente advertidos" cuando permitieron la votación de ambas resoluciones.

Las resoluciones tramitadas defendían el derecho del pueblo de Catalunya a la autodeterminación y reprobaban la monarquía, lo que según la juez del TSJC, es "contrario a la configuración constitucional del Rey" reconocida en la Constitución, así como a la "inviolabilidad y a la exención de responsabilidad" de su figura.

Por estos hechos, la Fiscalía Superior de Catalunya pide un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Torrent, así como para Campdepadrós y Costa.

Para Adriana Delgado, que era miembro de la Mesa por ERC y participó solo en una de las tramitaciones de las resoluciones vetadas por el Constitucional, la Fiscalía pide un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.

En su auto, el TSJC acuerda que los acusados sean citados personalmente en sus domicilios para que se presenten al juicio, aunque invoca los artículos 775.1 y 781.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecen que la ausencia "injustificada" de un acusado debidamente citado no será causa para suspender el juicio cuando la pena solicitada no supere los dos años de cárcel o más de seis años en peticiones de otra naturaleza, como sería la de inhabilitación.

En el marco de esta causa, los Mossos d'Esquadra detuvieron a Costa el pasado 27 de octubre para que compareciera ante la juez Alegret -ante la que ese mismo día se acogió a su derecho a no declarar, tras lo cual quedó en libertad-, después de que el 15 de septiembre plantara a la magistrada, que le había citado para tomarle declaración en fase de instrucción.