La cantidad que reclama la Fiscalía en la demanda por responsabilidad contable de varios de los líderes principales del 'procés' ante el Tribunal de Cuentas se ha visto reducida a casi una tercera parte de lo previsto inicialmente. El Ministerio Público ha reducido el importe de 9,5 millones de euros a 3,4 millones de euros.

El expediente afecta a 35 exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat e incluye los gastos para la organización del referéndum del 1 de octubre y aquellos destinados para la promoción del plan independentista en el exterior a través de Diplocat. Entre los acusados se encuentran los expresidentes de la Generalitat, Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros.

Esta rebaja considerable se suma a la decisión del Tribunal de Cuentas de aceptar que la Generalitat avalase la fianza impuesta a los líderes del 'procés' con dinero público.

El Tribunal de Cuentas fijó inicialmente en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Catalunya a través de Diplocat y en 4,1 millones los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre. 

Ahora, el Ministerio Fiscal ha presentado sus cuentas ante el órgano fiscalizador. En concreto, ha cifrado en 2,2 millones los gastos de acción exterior y en 1,2 millones los relativos al referéndum para un total de 3,4 millones de euros.

Las cantidades reclamadas ponen los límites al procedimiento, es decir, que los investigados no pueden ser condenados por una responsabilidad contable mayor de la que reclama la acusación. La diferencia es de casi cuatro millones de euros.

Además, la Fiscalía une los nombres de Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull a los de Puigdemont y Junqueras en la imputación de responsabilidad económica por el 1 de octubre.

Entre los acusados de responsabilidad contable por el referéndum se mantienen los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, mientras que se excluyen los nombres de Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Josep Maria Jové y Natalia Garriga.