Junts, ERC y la CUP buscan una solución in extremis para evitar que el juicio a Borràs fracture el independentismo

Por si las tensiones en el independentismo catalán fueran pocas, cada día que pasa se avecina una nueva tormenta política que puede tener consecuencias desastrosas sobre las deshilachadas amarras que unen a los partidos soberanistas. Entre otras cosas porque el nuevo torpedo podría afectar a la única esfera en que hasta ahora los independentistas han salvaguardado la unidad de acción, el de las operaciones judiciales contra los dirigentes de todos los colores políticos del independentismo. En este nuevo caso la protagonista sería la presidenta del Parlament, Laura Borràs y su imputación está generando muchos nervios y profunda preocupación entre los partidos independentistas, que buscan in extemis una formulación conjunta para afrontar la situación. Así pues, una vez más, los tribunales impactan sobre la vida política catalana.

Pero a diferencia de otros muchos casos, el de la segunda autoridad de Catalunya tienen un sesgo diferencial. La acusación no es por acciones políticas como la organización del referéndum o la defensa del derecho a la autodeterminación sino por unas presuntas irregularidades contables que supuestamente Borràs habría cometido durante su etapa anterior como directora de la Institució de les Lletres Catalanes –un organismo público de la Generalitat de promoción cultural-, entre el 2013 y el 2017. Y que Borràs niega tajantemente mientras achaca las acusaciones a una nueva persecución judicial como dirigente independentista.

La causa, supuestos contratos irregulares y fraccionamiento

La causa que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya está abierta por un presunto delito de prevaricación administrativa, uno de fraude administrativo, uno de falsedad en documento mercantil y uno continuado de malversación de fondos públicos. Según el auto, Borràs habría adjudicado indirectamente a un conocido suyo siete contratos por más de 132.000 euros relacionados con la web de la institución que dirigía y considera que "el importe de cada uno de los contratos fraccionados y de las correspondientes facturas de los adjudicatarios se hacía con criterios arbitrarios".

Entre marzo de 2013 y febrero de 2017 el ILC adjudicó, "a través de su directora", 18 contratos menores sobre su portal web, por un valor total de 330.000 euros, en los que Borràs "intervino", " proponiendo la contratación, acordando la adjudicación, aprobando el gasto, certificando la ejecución del servicio, conformando la factura correspondiente y autorizando finalmente el pago". De estos contratos, seis fueron adjudicados a Isaías Herrero, por importe global de 112.500 euros, y uno a Andreu P.M., por 20.050 euros. Ambos también están encausados. Entre los indicios que el magistrado instructor del TSJC indica, hay una conversación de Isaías Herrero con una persona en noviembre del 2017 donde el primero le decía que temía que la aplicación del 155 del Gobierno español en la Generalitat hiciera aflorar "marrones", como el hecho de que en los servicios que el ILC le contrataba debía presentar "dos presupuestos buenos y cuatro no buenos".

El reglamento y las causas por corrupción

Más allá de la resolución judicial, el problema surge por la aplicación del artículo del reglamento del Parlament que obliga a todo miembro de la cámara a dejar su cargo a partir del momento de abrirse juicio oral en un caso de corrupción. Un artículo que además fue incorporado al reglamento por los propios independentistas durante los años del procés, a instancias de la CUP. Concretamente, el artículo 25.4 determina que en casos en los que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata. Lo cual en el caso de Borràs supondría abandonar la presidencia del Parlament. Pero Borràs y su partido, Junts, niegan la mayor y aseguran que no estamos frente a un caso de corrupción sino de lawfare, es decir de utilización de la justicia para la persecución política y la neutralización del adversario.

De momento la instrucción del TSJC ha dejado a Borràs a un paso del juicio oral después de dictaminar que debe realizarse el proceso en considerar que hay indicios de delito. A la espera de las calificaciones de la fiscalía y de la resolución del recurso presentado por Borràs, cabe esperar que se abra juicio oral en un plazo de un mes aproximadamente. Momento en que el Parlament tendrá que decidir sobre la aplicación del polémico artículo. Una decisión en que el independentismo se juega su unidad interna. En caso de retirar del cargo a Borràs una parte importante del independentismo verá en ello una colaboración con la represión judicial y en caso de no hacerlo el independentismo corre el riesgo de transmitir la imagen de no ser equitativo y contundente en un caso de presunta corrupción. El gran reto será pues conseguir encontrar una vía del medio que no deje el relato ni en un campo ni en el contrario.

¿Corrupción o persecución?

¿Estamos pues frente a un caso de corrupción o no? Y por tanto ¿es aplicable el artículo 25.4 y debe dejar Borràs la presidencia del Parlament? Para todos los partidos no independentistas, desde el PP al PSC pasando por En Comú Podem, Ciudadanos o Vox no hay duda. Este es un caso de presunta corrupción y debe serle aplicado a la presidenta de la cámara catalana. Desde el PSC recuerdan que el artículo fue introducido por los propios independentistas y que no aplicarlo sería una doble vara de medir. Pero entre las formaciones del independentismo la cosa no está tan clara y tanto ERC como la CUP mantienen una extrema cautela sobre cómo afrontar un caso que para los dirigentes de estos dos partidos navega entre dos aguas, la de las posibles irregularidades pero también la de la persecución del independentismo para desestabilizarlo. Y el de Borràs se ha convertido ya en el casus belli que podría fracturar definitivamente al independentismo abriendo una dura guerra civil interna e incluso rompiendo el Govern formado por ERC y Junts.

En Junts ya han blindado a Borràs cerrando filas con ella y no aceptarán ninguna decisión que comporte su salida del Parlament antes de la sentencia. De hecho, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha pedido este lunes un frente unitario de apoyo a Borràs, ante las acusaciones por supuestas irregularidades. Rius reclama al conjunto del independentismo "hacer piña" y ha alertado de que si no hay una reacción unitaria será "volver a pegarse un tiro en el pie". Rius recuerda que en un inicio la causa se desestimó por parte de los Mossos d'Esquadra, y que fue el juzgado de instrucción quien encomendó la investigación a la Guardia Civil. Para el portavoz, la causa está "plagada de irregularidades" en su tramitación.

Precisamente por eso Junts reclama a ERC y la CUP que formen parte del frente común de defensa de la presidenta del Parlament. Rius insiste en que el caso se enmarca en "la causa general contra el independentismo" y recuerda que ya se ha tenido que apartar de la política al expresident de la Generalitat Quim Torra y al ex diputado de la CUP Pau Juvillà. Polémico caso este último que impactó sobre la figura de Borràs cuando acabó acatando la salida de Juvillà del Parlament sin sentencia firme.

ERC y la CUP, en un brete

La patata caliente está pues en manos de Esquerra y de la CUP que deberán decidir los términos en que se afronta el caso Borràs para la aplicación del artículo 25.4 del reglamento. Oficialmente tanto Esquerra como la CUP se muestran muy prudentes. Desde Esquerra su portavoz y secretaria general adjunta, Marta Vilalta, asegura que los republicanos no se pronunciaran "hasta que llegue el momento procesal oportuno". Desde la CUP también admiten que el caso Borràs "es complejo" y que "incomoda" a la fuerza anticapitalista. De momento tampoco declaran públicamente haber fijado posición pero recuerdan su firme compromiso "en la lucha contra la corrupción". Y dirigentes cupaires aseguran que "si llegamos a la conclusión que estamos frente a un caso claro de corrupción no nos temblará el pulso".

La patata caliente está pues en manos de Esquerra y de la CUP que deberán decidir los términos en que se afronta el caso Borràs

Pero fuentes de los dos partidos explican que se mantienen contactos para intentar conseguir una salida "digna" y "consensuada" a la situación. Ahora bien, estas mismas fuentes consideran que no será fácil conseguir un punto de acuerdo al respecto dada la posición maximalista de Junts que rechaza cualquier término medio y solo acepta la calificación del caso como "persecución política". Desde las direcciones de ERC y la CUP se rechaza la equiparación del caso de Borràs con el de los dirigentes independentistas juzgados y encarcelados por el Tribunal Supremo, o incluso con casos como el del exdiputado cupaire Pau Juvillà. "No estamos delante de una acusación por delitos políticos" aseguran fuentes de los republicanos, añadiendo que "no es comparable ni equiparable". Pero también dejan claro que el proceso judicial a Borràs "incluye muchas exageraciones y manipulaciones, por no hablar de irregularidades, y eso pasa por ser quién es, una dirigente independentista".

"Es un tema muy complejo, que hay que analizar muy bien y detenidamente de cara a aplicar el reglamento del Parlament", afirman estas fuentes, que también aseguran que "no es una cuestión de blanco o negro" en el momento de aplicar el artículo en cuestión.

Dictamen en Comisión como posible salida y dudas jurídicas

Unas afirmaciones que apuntan a la parte del artículo 25.4 donde se especifica que "si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, es necesario el dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats". Las dudas es evidente que existen por parte de una mayoría del Parlament, la independentista. Y por tanto, el caso se verá abocado al debate parlamentario y la votación pertinente de un dictamen que situará los términos para tomar la decisión final. Fuentes de Esquerra aseguran con contundencia que "el artículo se aplicará en el momento en que el caso de Borràs entre en la vía del juicio oral, pero se aplicará en toda su extensión" que también incluye el dictamen en caso de duda. Estas mismas fuentes apuntan que "una cosa es aplicar el reglamento y otra que la consecuencia esté predeterminada. Con esto no queremos avanzarnos a nada, pero tampoco hay que dar por hecho el resultado final en un caso tan complejo. Hay que ver todas las derivadas y seguir el procedimiento completo".

Al margen del debate político, algunas fuentes jurídicas también recuerdan que el citado artículo del Parlament podría contravenir el derecho a la presunción de inocencia. Y no queda claro que en caso de su aplicación, la presidenta del Parlament no pueda optar por acciones jurídicas en defensa de sus derechos y que pueda obtener resolución favorable al mantenimiento de la presidencia al no haber una sentencia de por medio. Hecho que supondría un verdadero embrollo político e institucional.

En definitiva, Junts, ERC y la CUP tiene un mes como mucho para conseguir un acuerdo in extremis respecto a la aplicación del artículo 25.4 del reglamento del Parlament en el caso de Borràs, ya que si hay una cosa segura es que la presidenta del Parlament será juzgada. Y la solución que en las izquierdas independentistas preferirían seguro que tampoco se producirá. Es decir, la salida voluntaria de Borràs de la presidencia que le permitiría ser juzgada en un tribunal ordinario y que supondría una mayor despolitización que en el TSJC. En Esquerra y la CUP aseguran que si se tratara de un cargo de sus formaciones en una acusación de este tipo, con irregularidades contables de por medio, no tendrían dudas de cómo resolver el caso. Pero Borràs ya lo ha dejado claro en un artículo de opinión publicado este lunes en el periódico El Punt Avui: "Renunciar para ahorrarme problemas sería mostrar la vía para apartar a las personas que molestan".