Este artículo se publicó hace 13 años.
La Justicia valenciana comienza la investigación por la financiación ilegal del PP
Además de la financiación ilegal, los delitos investigados son la prevaricación, el cohecho y la falsedad documental
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha emitido hoy un auto por el que abre la investigación sobre la financiación ilegal presuntamente cometida por el PP valenciano en las elecciones autonómicas de 2007. El tribunal aceptó instruir este asunto el pasado mes de mayo, después de que el juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, les hiciera llegar las irregularidades que había detectado en la conducta de varios diputados valencianos.
Además de la financiación ilegal, los delitos investigados son la prevaricación, el cohecho y la falsedad documental. La prevaricación se habría cometido en la adjudicación de contratos públicos a empresas de la trama Gürtel durante el mandato de Francisco Camps, que el miércoles pasado dimitió como presidente de la Generalitat por su imputación en el caso de los trajes.
Entre los presuntos autores o coautores de estas infracciones están Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat, Ricardo Costa, exsecretario general del PP regional, David Serra, vicesecretario de Organización de la misma formación, Yolanda García, tesorera de la misma, y Milagrosa Martínez, expresidenta de las Cortes Valencianas y actual alcaldesa de Novelda. Todos ellos son actualmente diputados autonómicos.
Las cuentas del PPA través del auto hecho público hoy, el juez ordena que todos los implicados sean informados del proceso y de sus derechos ante el mismo. También pide que se recabe numerosa documentación para iniciar la investigación.
El magistrado Ceres pide que el Tribunal de Cuentas certifique su examen de las cuentas del PP sobre las elecciones de 2007.
También acuerda que se pida a la Sindicatura de Comptes (el tribunal de cuentas valenciano) información sobre la fiscalización de contratos de la Agencia Valenciana de Turismo, dependiente de la Generalitat. Ceres solicita en el auto que la policía remita informe sobre todo lo investigado y que detalle en qué punto está. Además, solicita a Pedreira que remita los documentos y soportes informáticos de la causa.
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