Un año y siete meses después de que fueran detenidos por presunta corrupción 16 funcionarios municipales de Madrid, casi todos con edad de haber bailado en algún guateque por eso la Guardia Civil bautizó así la operación, la madeja de esta presunta trama de sobornos a cambio de licencias empieza a parecerse a la piedra de aquel personaje de la mitología griega llamado Sísifo: cada vez que el juez instructor, Santiago Torres, la ha empujado trabajosamente hasta lo que parecía la cima, la madeja ha vuelto a caer para regresar engordada por nuevos hilos e imputados, que, según fuentes cercanas al caso, ya suman 102.

Un arrepentido que se cansó de pagar, grabaciones policiales, agendas incautadas con anotaciones detalladas de cobros, un alto cargo de Aguirre ex gerente de Urbanismo presuntamente implicado, 187 expedientes urbanísticos bajo sospecha e incluso una pareja la formada por el ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, y su esposa unida por el matrimonio y los tribunales. De todos esos ingredientes consta la receta del caso, eclipsado por el fogonazo de la operación Gürtel y donde ahora se cocina algo más.

Tras 19 años de gobierno del PP, Gallardón culpa al PSOE por la tramaCuatro ediles en activo

Porque, ahora, el magistrado Torres ha pedido que se le informe oficialmente de la identidad de cuatro concejales que dirigían otros tantos distritos en el primer mandato de Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde. Los cuatro han aparecido en un momento u otro del sumario señalados como las personas que supuestamente mediaron para acelerar la concesión de determinadas licencias. Y los cuatro siguen hoy al frente de distritos municipales: Luis Asúa, Luis Miguel Boto, Elena Sánchez y Dolores Navarro. Según fuentes del caso, al reclamar la identificación de los ediles, el juez está preparando el terreno para llamarlos a declarar. Si como testigos o como imputados, es todavía una incógnita.

Por citar un ejemplo, Asúa permitió que siguiera abierta una discoteca con 234 denuncias de la Policía Local. La sala era propiedad del hijo del ahora ex jefe de Evaluación Ambiental Joaquín Fernández de Castro, imputado en el caso Guateque.

Tras una comisión de investigación anunciada a bombo y platillo y que Gallardón logró disolver antes incluso de que comenzara a investigar, el alcalde de Madrid ha logrado hasta ahora driblar al PSOE, cuyo portavoz municipal, David Lucas, no cesa de repetir que el gobierno municipal tiene una responsabilidad política ineludible.

Licencias privatizadas

Al aflorar la trama, el alcalde se limitó a destituir a los funcionarios de alto y medio rango implicados y a aplicar una suspensión de seis meses de empleo a los restantes.

Pero negó y sigue negando que su equipo conociera o tolerase la existencia de una red integrada por un mínimo de 27 funcionarios los que están imputados y cuyos miembros cobraban hasta 20.000 euros por cerrar los ojos ante los proyectos que incumplían la norma municipal o por pisar el acelerador de la burocracia. Diez imputados funcionarios y empresarios conseguidores permanecieron en prisión hasta el 24 de enero de 2008, fecha en que salieron en libertad bajo fianza.

En ese segundo supuesto, la tramitación se reducía desde los dos años de media ordinaria hasta incluso cinco días. El PSOE sostiene que el número de licencias paralizadas por el colapso ha pasado de 13.000 a 21.000.

Los cuatro ediles a que apunta el juez pidieron agilizar algunas licencias

Pero, hasta ahora, Gallardón no sólo no ha sufrido ningún arañazo por las aristas del caso Guateque sino que ha utilizado el escándalo como palanca para aprobar, hace 15 días, una nueva ordenanza de licencias que, en la práctica, privatiza su tramitación.

La nueva norma introduce la figura de "entidades colaboradoras" privadas con el objetivo proclamado de agilizar la tramitación y favorecer la rápida apertura de negocios. El Colegio de Arquitectos de Madrid ya ha anunciado un recurso sustentado en que la ordenanza no se ajusta a lo preceptuado en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. "La ordenanza de licencias institucionalizará el Guateque", opina en la misma línea el socialista Lucas.

Lejos de replegarse tras la orden de identificación de ediles cursada por el juez Torres el pasado jueves 18, Gallardón se lanzó a disparar... contra la oposición. El caso Guateque, dijo al día siguiente, es "un cáncer que el PSOE introdujo en el Ayuntamiento de Madrid". Y el PP agregó lo va a "extirpar". El regidor ha explotado desde el inicio un dato: que Victoriano Ceballos, ex jefe de Impacto Ambiental y supuesto jefe de la trama, aunque él sostiene que seguía órdenes políticas, ganó la plaza de funcionario en 1984 durante la etapa del PSOE, uno de cuyos concejales era su cuñado. El PP gobierna en Madrid desde que, hace 19 años, ganó las elecciones municipales de 1991.

Cuando el viceconsejero de Transportes de Madrid y ex gerente municipal de Urbanismo, Luis Armada, fue imputado en enero de 2008, miembros del PP afines a Gallardón recordaron que el implicado pertenece al bando de Esperanza Aguirre. En julio de ese mismo año, con la imputación del concejal del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, en una rama desgajada del sumario Guateque el llamado caso Becara, llamado así por la tienda del mismo nombre, la explicación se repitió.

"Es incomprensible", replica el socialista Lucas, "que Gallardón se remonte casi a Carlos III para echar balones fuera". El edil lleva año y medio pidiendo la dimisión de la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, y de quien hasta 2007 dirigía Medio Ambiente, Paz González. En esos dos departamentos la trama prosperó. Aún quedan cabos sueltos.