El Jueves Santo es sagrado para el Gobierno de Madrid. Tanto es así que la Delegación del Gobierno ha vuelto a prohibir una manifestación convocada por colectivos ateos para el próximo 5 de abril, Jueves Santo, por su "evidente voluntad de provocación" a los católicos, según ha explicado en un comunicado el organismo dirigido por Cristina Cifuentes.

Es la segunda vez que la Delegación del Gobierno adopta una medida de este tipo: el año pasado también se vetó esta iniciativa, entonces llamada "procesión atea", que para la presidenta regional, Esperanza Aguirre, era una "ofensa a los católicos". 

Ahora, la Delegación dice basarse en los informes específicos emitidos por el Ayuntamiento de Madrid, por la Jefatura Superior de Policía y por la Abogacía del Estado, que coinciden en prohibir la manifestación.

La Delegación tilda de "elemento de coacción" la marcha atea  

Según ha comunicado la propia Delegación, el acuerdo se adopta "sin perjuicio de que se comunique otra fecha en la que no concurran las circunstancias expuestas en esta resolución". "La fecha, lugar y hora elegidos por los convocantes, aunque manifiestan en principio una finalidad lícita, lo cierto es que pretenden realizar la manifestación un día de especial significación para los católicos, en el mismo lugar y horario en que se van a celebrar diversos actos religiosos, lo cual pone de manifiesto, cuanto menos, una evidente voluntad de provocación", añade.

La marcha estaba convocada por la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y por la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés con la idea de "sensibilizar a la población sobre el derecho constitucional de libertad de manifestación, libertad de expresión y obligatoriedad de que las instituciones protejan la aconfesionalidad del Estado".

"Es una real, y no potencial, vulneración del orden público" 

Estas asociaciones presentaron el pasado 6 de marzo un escrito de comunicación a la Delegación planteando tres recorridos alternativos, todos iniciados en la calle Santa Isabel y finalizados en la plaza de Lavapiés.

La Delegación del Gobierno alega que los tres itinerarios se desarrollan por zonas próximas a las procesiones católicas que se celebran ese día y añade que la marcha, "por su naturaleza, puede suponer un elemento de coacción o intimidación a la exteriorización de la confesión religiosa católica que se materializa tanto en la asistencia a templos o iglesias en tales fechas, como en la asistencia o presencia en el discurrir de las procesiones".

Por ello, concluye que es "una real, y no potencial, vulneración del orden público, con peligro para la integridad física o moral de las personas, y la integridad de bienes públicos o privados".

Se da la circunstancia de que la Delegación del Gobierno en Madrid está en manos de Cristina Cifuentes, quien en su momento propuso una enmienda a la Ponencia del Congreso del PP de Sevilla para que se eliminara la palabra "cristiano" en la definición ideológica del partido. La delegada del Gobierno denunció la reacción de sus compañeros, que la sometieron a un "linchamiento absoluto", en sus propias palabras. 

El secretario general del PSOE madrileño, Tomás Gómez, ha pedido "conjugar" el derecho de libre expresión con el respeto a todos los credos. En declaraciones a Radio Nacional de España, el líder de los socialistas de Madrid ha asegurado ser "respetuoso" con "todos los credos y con la Iglesia Católica" y que, independientemente de si el Jueves Santo es "el mejor día", hay que "tratar de conjugar con aquellos que piensan diferente y, si no es posible conjugar", hay que articularlo de alguna manera".