Jaume Matas, expresident balear, exministro de Medio Ambiente del PP y en libertad bajo fianza de tres millones por soborno desde marzo de 2010, recurrió ayer ante el juez del caso de la Ópera a la misma estrategia que hace un año: culpar a sus subordinados de las presuntas ilegalidades a él atribuidas. Aquí, esas presuntas ilegalidades consisten en haber adjudicado al arquitecto Santiago Calatrava, a dedo y en plena precampaña para las autonómicas de mayo de 2007, un proyecto que Anticorrupción considera un puro 'montaje' destinado a ganar votos: el de la Ópera de Palma, en teoría una obra faraónica que quedó reducida a un vídeo y dos maquetas por las que el Gobierno balear pagó 1,2 millones de euros.

Ayer, días después de que incluso un exconseller de su Govern le señalara como el artífice de la operación, Matas asumió la 'decisión política' de contratar a Calatrava. Pero, según fuentes del caso, subrayó ante el juez que ni fijó el importe del contrato ni marcó la ruta administrativa que debía seguir la adjudicación. De precios, dijo, no sabe nada porque no era cuestión suya.

Matas asumió la «decisión política» pero no la administrativa

La salida del PP del Gobierno balear tras las elecciones de mayo de 2007 destapó el pastel del desorbitado sobrecoste del velódromo Palma Arena. De esa investigación, surgió la relativa a la Ópera, también dirigida por el juez José Castro y donde Anticorrupción pide una nueva fianza de 1,6 millones en previsión de las responsabilidades civiles exigibles al expresident tras una eventual condena por prevaricación, malversación y fraude. El desfase presupuestario en el velódromo 60 millones, del que Matas intentó zafarse endosando las responsabilidades a su equipo, demostró ser la punta del iceberg de un caso de corrupción cuyo perímetro continúa creciendo.

Tras declarar durante dos horas ante el magistrado José Castro, Matas desplegó ante los informadores su apología de la Ópera de Palma, aún viable, dijo. 'Decidimos adquirir un Calatrava afirmó usando el plural y un Calatrava es algo único en el mundo', informa Efe. 'Creo agregó que es un activo que hoy tienen los ciudadanos de Baleares y que desgraciadamente desconocen'. Su abogado pidió ayer el archivo de la causa, una opción que se perfila improbable.

El contrato se firmó cinco días antes de la fecha para presentar la maqueta

La inexistente Ópera, cuyo coste total cuantificó el Ejecutivo del PP en 100 millones, fue presentado por Matas el 27 de abril de 2007, justo un mes antes de las elecciones autonómicas. Ese mismo día, una empresa pública balear dedicada a la construcción de colegios, Ibisec, firmó el contrato con Calatrava. Y, a tenor de los datos facilitados por fuentes del caso, el arquitecto cobró los 1,2 millones antes de que el nuevo Gobierno balear tomara posesión.

Antes de rubricar el contrato, el Gobierno de Matas pidió un informe jurídico a una consultoría externa que aportó las claves para aparentar un estricto cumplimiento de la legalidad. El informe aconsejó, y así se hizo según la Fiscalía, elaborar un pliego a la medida exclusiva de Calatrava, como si ningún otro arquitecto del mundo gozase de méritos o capacidad para acometer el proyecto. Ese ardid, ya utilizado en el velódromo Palma Arena, fue el que permitió al Ejecutivo de Matas acudir al procedimiento negociado sin publicidad. En otras palabras, conceder a dedo 1,2 millones a Calatrava.

Según fuentes del caso, el arquitecto, también imputado, declaró el pasado día 11 que desde febrero de 2007 se consideró contratado. Pero Matas defendió ayer, aseguran las mismas fuentes, que el encargo 'político' se remontaba a mediados de 2006. Y que no lo publicitó entonces porque le habría perjudicado dar el nombre de Calatrava con antelación. Eso argumentó, según testigos de su declaración.

Anticorrupción cree que, en realidad, el contrato se cerró en febrero de 2007, dos meses antes de que se formalizase: porque el objetivo, mantiene el ministerio público, era hacer campaña con el anuncio. Entre la fecha de la rúbrica oficial y la prevista por Matas para presentar la maqueta mediaban sólo cinco días. Y ello indica sostiene la Fiscalía que el estudio del arquitecto ya había hecho el trabajo. La Junta Electoral prohibió finalmente el acto, que costó más de 120.000 euros.