El Ministerio de Sanidad no da opción a las comunidades autónomas a declararse insumisas, como pretende Euskadi, frente al copago farmacéutico establecido en el Real Decreto aprobado el pasado abril, pero sí las responsabiliza de la eficacia de la medida, que empezará a aplicarse a partir del próximo domingo.

En una apresurada rueda de prensa que la ministra del ramo, Ana Mato, comenzó informando del resultado del partido de España-Portugal ("Con suerte no nos perderemos la segunda parte", bromeó), la titular de Sanidad reiteró que todas las autonomías están "obligadas por ley" a aplicar la medida y aseguró que ya están preparadas para hacerlo.

Si todo va bien, ningún usuario de la sanidad pública pagará más de los 8, 18 o 60 euros establecidos como tope mensual al precio de los medicamentos. Si eso ocurre, las farmacias informarán a los colegios farmacéuticos y éstos a la comunidad en cuestión para que el exceso de pago sea reembolsado automáticamente a la persona afectada en un plazo de entre tres y seis meses.

Algunas autonomías, como Andalucía y Valencia, ya han anunciado que instalarán un sistema de alerta para que las farmacias sepan cuándo se ha superado el tope establecido. Preguntada sobre la posibilidad de que ésta sea la mejor fórmula para evitar fallos en el nuevo sistema, Mato respondió que "la gestión corresponde a las comunidades, dependiendo de las posibilidades técnicas de cada una".

No obstante, insistió, pese a las reticencias de algunas regiones como Asturias sobre la imposibilidad de adaptarse tan rápidamente al copago, en que "todas las comunidades están preparadas". "El Instituto Nacional de la Seguridad Social ya ha cruzado datos con Hacienda y los servicios informáticos ya han transformado esa información en un código que corresponde a cada usuario del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

El medicamentazo, en agosto

Respecto a la revisión del Nomenclátor, polémica medida que se dio a conocer ayer, la ministra concretó que serán 425 medicamentos (y no 456 como se anunció en un primer momento) los que serán excluidos de la financiación pública. Además, confirmó que esta reforma entrará en vigor a principios del próximo agosto, aunque todavía está abierto el plazo de alegaciones. Con esta medida, el Ministerio de Sanidad pretende ahorrar 458 millones de euros.

Mato también intentó aclarar algunos puntos dudosos sobre el cese de la gratuidad de algunos fármacos. Por ejemplo, reafirmó la idea de que "los médicos pueden y deben seguir recetándolos, pero el paciente tendrá que pagar la totalidad de su precio", aseguró que la exclusión no se produce "en función del bajo precio del medicamento, sino de su baja utilidad terapéutica" y prometió que "el Ministerio no permitirá que haya subidas excesivas" en los precios de los fármacos excluidos. 

Algunos consejeros autonómicos, como María Jesús Montero, de Andalucía, temen esa última posibilidad. Además, lamentaron la falta de información previa sobre la lista concreta de los fármacos eliminados. Montero salió desencantada de la reunión con Mato, a quien pidió tiempo para poder analizar las posibles consecuencias de la medida. "Hay enfermedades graves cuyos síntomas tienen necesidad de tratamiento", argumentó, refiriéndose a los pacientes crónicos.

José Ignacio Echániz, secretario de Sanidad del PP y consejero de Castilla-La Mancha, por su parte, aseveró que los fármacos excluidos "son medicamentos que alivian síntomas, que no curan enfermedades; los menos innovadores, que serán sustituidos por otros más eficientes y mas baratos". Tanto él como Mato defendieron su postura mirando a Europa: "el 95% de los fármacos desfinanciados no están en ningún vademécum de ningún país de la UE", proclamó Echániz.

Ambos acusaron también al consejero vasco, Rafael Bengoa, de ser insolidario con el resto de comunidades por haber promovido un decreto para no aplicar el copago en Euskadi, basándose en las competencias autonómicas y en la "suficiencia financiera" de su autonomía para poder hacer frente a la insumisión. Echániz adelantó un posible recurso del Gobierno al decreto vasco, aunque Mato prefirió ser más cautelosa: "nuestro departamento jurídico estudiará el decreto vasco en cuanto se publique para decidir si se toman o no medidas al respecto", concluyó.