@JairoExtre

MADRID.- Nunca imaginó Raquel Tenías que aquel viaje a Madrid en marzo de 2014 pudiera costarle cuatro años de cárcel. De hecho, sigue sin creérselo del todo, pero es lo que dice la citación que recibió en su casa de Zaragoza el año pasado. El fiscal pide para esta aragonesa cuatro años de prisión, y el próximo día 25 se celebrará el juicio en Madrid.

El 22 de marzo de 2014, Raquel decidió acudir a la manifestación más grande que ha tenido lugar en Madrid en los último años, las Marchas de la Dignidad, que lograron juntar a centenares de miles de personas en el centro de la capital exigiendo “pan, trabajo, techo y dignidad”. Los organizadores aseguraron que consiguieron movilizar a un millón de personas. Entre ellas estaba Raquel, que fue desde Aragón en uno de los ocho autobuses que se fletaron desde allí.

“Hacía buena tarde ─recuerda la acusada a Público─, así que cuando terminó el acto decidimos ir caminando hasta el autobús que nos llevaba de vuelta a Zaragoza. Estaba en un aparcamiento cerca de la plaza de toros de Las Ventas”. Pero esa tarde también se produjeron los disturbios más violentos de toda la ola de movilizaciones contra la crisis y su gestión. Hubo decenas de detenidos, policías y manifestantes heridos y diversos destrozos de mobiliario urbano y de sucursales bancarias. “Cuando nuestro grupo iba por la Puerta de Alcalá escuchamos ruido y gritos. Era una carga policial, así que corrimos para apartarnos en un lado”, explica.

Fue entonces cuando sintió un empujón y una zancadilla. Pensó que era alguno de sus compañeros que también trataba de evitar la carga policial pero, cuando estaba en el suelo, alguien la giró, la inmovilizó y le puso las esposas. “Me vi rodeada de antidisturbios, me aplastaban contra el suelo y cuando trataba de explicarles que me estaba yendo a mi autobús me dijeron que me callara, que estaba detenida”.

"Para comer, nos tiraron en la celda comida congelada. Son condiciones muy duras"

Lo que siguió fueron casi tres días de detención en la comisaría y los calabozos de Mortalaz. Casi 72 horas a oscuras, sin apenas beber, sin poder hablar con nadie pese a que estaba junto a otra veintena de detenidos en la misma manifestación. “Las condiciones en los calabozos son muy duras. Te mina mucho la confianza. Para comer, nos tiraron en la celda comida congelada, no nos daban ni un analgésico para los dolores. Me encontré muy desprotegida, la verdad. Yo, una ciudadana normal y corriente, que no tiene antecedentes de nada. Ni siquiera tengo una multa de tráfico”, relata la afectada.

Han pasado más de dos años, pero a Raquel se le están haciendo demasiado largos. Lo que le dijeron en comisaría y en el juzgado era que se le imputaba un delito de desórdenes públicos, pero cuando recibió la citación, el fiscal había añadido otros dos delitos: atentado y daños a un agente. Raquel Tenías, de 41 años, trabajadora de un restaurante y madre de un niño de 14 años está acusada de destrozar mobiliario urbano, realizar daños en la Embajada de Francia en España y de agredir y provocar lesiones a un agente que, seguramente, le doble en peso, altura y envergadura, como mínimo.

“Me quedé conmocionada por la desproporción de la petición. El fiscal se lo ha tomado muy a pecho"

“Me quedé conmocionada por la desproporción de la petición. Pensé que se quedaría en nada porque al principio era sólo un cargo, no muy grave. Además no hay ninguna prueba de lo que se me acusa. Ningún policía me identifica en los atestados. Ni siquiera en el auto judicial. Parece que la Fiscalía se lo ha tomado muy a pecho”, relata la afectada, que denuncia una “detención arbitraria”. “Podían haber detenido a cualquiera que pasara por allí y que, como yo, no hubiera hecho nada”, se queja. No es la primera persona y, seguramente, no será la última en pasar ante el juez sólo por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado de una manifestación contra las políticas de recortes y austeridad.

Aunque asegura que su abogado es optimista y que está abrumada por el apoyo institucional, político y ciudadano que ha recibido desde su detención [IU Federal, IU Aragón, Podemos Aragón, Chunta Aragonesista, Zaragoza en Comú y más colectivos han pedido su absolución], el miedo a que “algo salga mal siempre está ahí”. “Es como una película que dura dos años y medio. Esta acusación, la posibilidad de ir a la cárcel por algo así, ha descolocado mi horizonte. Es un desvelo continuo, no me lo quito de la cabeza. Mi hijo también lo sufre, me nota preocupada”, apunta.

Aunque la preocupación no le ha impedido asistir a más manifestaciones. De hecho, al año siguiente de su detención, volvió a Madrid para reeditar las Marchas de la Dignidad, aunque no tuvieron la misma intensidad ni afluencia. “Hay mucha gente que creemos que se pueden transformar las cosas. Yo soy militante de Izquierda Unida desde hace muchos y siempre he estado presente en las movilizaciones y trabajando en distintas plataformas sociales. Movilizarse no es ningún delito y yo me considero una persona responsable por hacerlo. Quiero que mi hijo pueda disfrutar de una sanidad y una educación de calidad, dejarle asegurados sus derechos”, argumenta. Pero ahora, lo que más necesita es que el juez la absuelva de los tres cargos de los que le acusa la Fiscalía.