El modelo "inconstitucional" de la Iglesia en España

El Estado pagará este año entre 250 y 280 millones de euros a la Iglesia católica a través del IRPF, entre 10 y 20 más que en 2009. Son los cálculos del catedrático de Derecho Público Alejandro Torres, de la Universidad Pública de Navarra, que denuncia en un estudio que este sistema de financiación directa basado en la asignación de un porcentaje del IRPF es "manifiestamente inconstitucional".

El autor del informe La financiación de las religiones en el espacio europeo recuerda que la financiación de la Iglesia en España "aminora la recaudación del Estado" e insiste en que no se puede equiparar el derecho a la libertad religiosa al derecho de prestación: "El fenómeno religioso no es un servicio público, así que son los fieles los que deben contribuir a pagarlo, no el Estado".

Francia, Reino Unido e Irlanda no costean los gastos de la Iglesia

Según los cálculos de Torres, si cada católico practicante (hay ocho millones en España en teoría) pagara 30 euros anuales costearía el gasto que supone la Iglesia al erario público. "La Administración tributaria del Estado no debe estar al servicio de las confesiones religiosas", insiste Torres, que en su estudio, presentado recientemente en Madrid, explica cómo varios países han alcanzado ese reto.

El paradigma es Francia, donde el Estado no sustenta mediante ayudas directas ningún culto porque se declara "incompetente para tomar parte y poder elegir entre unas u otras creencias filosóficas". La única cooperación económica del Estado con las confesiones religiosas consiste en "permitir una reducida deducibilidad de las donaciones realizadas a las confesiones en el Impuesto de la Renta y de Sociedades", apunta Torres.

España pagará este año 250 millones a la Conferencia Episcopal

A diferencia del caso español, el modelo de Francia "es plenamente respetuoso con el principio de laicidad del Estado", insiste Torres, quien recuerda que el artículo 16.3 de la Constitución Española señala que "ninguna confesión tendrá carácter estatal".

En Reino Unido y en Irlanda la Iglesia tampoco tiene dotación presupuestaria estatal alguna. El Gobierno sólo destina fondos públicos al "mantenimiento y conservación de los edificios de interés artístico en manos de las autoridades eclesiásticas". Aun así, se estima que en torno al 90% de estos gastos "corren a cargo de las propias iglesias", reza el estudio.

De todos modos, son pocos los países europeos cuyos estados no financian la Iglesia. La diferencia con España es que en Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia o Finlandia, el dinero se ingresa mediante un impuesto eclesiástico ad hoc, que no aminora los ingresos del Estado.

Torres recuerda que en el Acuerdo de Asuntos Económicos, firmado en 1979, el Estado español asume el compromiso de colaborar con la Iglesia en la "consecución de su autofinanciación". El problema es que no fija un plazo para ese objetivo, a diferencia de Holanda, por ejemplo, que en 1984 se propuso acabar con la financiación directa de la Iglesia en 20 años y lo logró.

Prolongar sine die la financiación directa del Estado significa que la Iglesia "seguirá dependiendo de los Presupuestos Generales". Torres denuncia "la desidia de los políticos" a la hora de recordar a la Iglesia su compromiso de autofinanciación, pero entiende que "coger este toro por los cuernos puede ser una forma segura de perder unas elecciones".