Un total de 750.000 personas han tenido que huir de Libia hacia los países fronterizos. El Informe 2011 sobre La situación de las personas refugiadas en España, elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), recoge las fotos del campamento del Choucha, del paso fronterizo de Ras Ajdir, en Túnez.

Conviene mirarlas despacio para no olvidar lo que las cifras no cuentan: son personas que tratan de poner su vida a salvo. Poner la vida a salvo es un derecho recogido en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país.

'Las políticas de frontera hacen de Europa una fortaleza'

El Informe de la Comisión muestra la falta de compromiso con este derecho: en 2010 sólo 2.738 personas solicitaron asilo en España, la cifra más baja en 21 años. 2.738 personas lograron huir de sus países, viajar a Europa y solicitar protección al Gobierno español. A la mayoría les fue denegada. Hoy es una utopía para nuestra organización reivindicar este derecho para las personas que llegan buscando protección. Las personas ya no llegan.

Las políticas de control de fronteras han convertido Europa en una fortaleza inaccesible. El despliegue de la agencia Frontex, los acuerdos con países de tránsito y los centros de retención sustentan el circuito de represión de la Europa fortaleza. Según Migreurop, más de mil han muerto ahogadas desde enero tratando de llegar al sur de Europa, donde el pasado año las solicitudes de asilo descendieron un 33 %.

Ceuta y Melilla se han convertido en un campo de reclusión en el que las personas refugiadas quedan confinadas en su tránsito hacia Europa; la nueva legislación de asilo consolida la función de los Centros de Internamiento de Extranjeros como fronteras dentro de nuestras propias fronteras. ¿Es esta la democracia que queremos exportar a las primaveras árabes?

Las personas que huyen no desaparecen, permanecen atrapadas en lugares en los que su vida o su seguridad se ven amenazadas. España tiene la responsabilidad de implementar una política de asilo que cumpla los compromisos de Tampere.

El paso más urgente es activar la directiva europea de protección temporal para acoger a las personas que están huyendo de Oriente Medio y Norte de África y paralizar las expulsiones a los nacionales de estos países. El paso más importante, recuperar el espíritu de la Convención de Ginebra de 1951 que marcó la política de asilo en los inicios de la Democracia.

*Carlos Berzosa es presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).