Los grupos de PSC, ERC e ICV-EUiA, con la abstención del PP catalán y Ciudadanos, han aprobado instar a la Mesa del Parlament a llevar a la Fiscalía el caso de la presunta financiación irregular de CDC entre quejas de la federación CiU, que ha denunciado 'un aquelarre' en su contra por parte del tripartito.

El acuerdo se ha tomado en la última sesión de la comisión de investigación del Parlament destinada a analizar si CDC se financió irregularmente a través de donaciones del Palau de la Música efectuadas por empresas adjudicatarias de obras públicas cuando CiU gobernaba en la Generalitat.

Todos los grupos del Parlament presentaron ayer sus conclusiones , en las que, a excepción de CIU, coincidían en que existen indicios suficientes para llevar el caso ante la Fiscalía. 

Tal como se esperaba, el tripartito, que considera probada su hipótesis de que CDC se financió de forma irregular tras mes y medio de sesiones de esta comisión, ha usado su mayoría parlamentaria para aprobar su escrito de conclusiones.

La Oficina Antifraude de Catalunya, en su conclusiones sobre el caso, reconocía observar 'dudas razonables' sobre los métodos de financiación ilegal de CDC, aunque decía no 'afirmar ni descartar' que la obtención de los fondos se realizara al margen de la ley. 

El PP catalán y Ciudadanos, a pesar de estar a favor de remitir el caso ante la Fiscalía, han decidido abstenerse de las recomendaciones de los grupos de la mayoría y, como el resto de grupos, votar a favor sólo sus propias conclusiones. Sin embargo, no han prosperado las peticiones de la oposición de 'responsabilidades' políticas del Departamento de Economía de la Generalitat por el caso del proyecto del hotel del Palau.

El PP había pedido directamente la dimisión del titular de ese departamento, Antoni Castells, mientras que CiU exigía depurar responsabilidades al Interventor General de la Generalitat, Josep Maria Portabella, y a la directora general de Patrimonio, Immaculada Turu, por la pérdida patrimonial sufrida con el proyecto del hotel.

En las conclusiones aprobadas se insta a la Mesa del Parlament a que traslade la documentación de la comisión de investigación 'a los juzgados de instrucción de Barcelona que están juzgando las irregularidades en el Palau'. Ello supone que también se remitirá la polémica sobre los fondos transferidos desde el Palau a Àngel Colom para financiar el Partit per la Independència y las supuestas irregularidades en l'Ametlla del Vallès (Barcelona), donde se cree que Fèlix Millet financió campañas municipales a CiU.

Así pues, el Parlament apunta que la documentación analizada 'permite probar la existencia de un circuito que se iniciaría con las adjudicaciones de obra pública a Ferrovial'.

Como solución para evitar nuevas irregularidades de este tipo, el tripartito plantea una batería de medidas, entre ellas que quede prohibido que los partidos políticos puedan recibir donaciones por parte de 'personas o empresas' que presten servicios a las administraciones públicas o que los hayan prestado durante los dos últimos años.

Y en cuanto al caso del hotel del Palau, el texto aprobado pide 'el máximo rigor y celo a la hora de garantizar los intereses económicos de la Generalitat' y plantea 'la reversión de la modificación del Plan General Metropolitano que ha comportado esta operación' con el fin de dejar 'sin efecto la permuta de calificaciones que afecta al inmueble propiedad de la Generalitat'.

El diputado de CiU Jordi Turull, que ha reivindicado el 'buen nombre' de la federación, ha insistido en que la comisión ha sido un 'tribunal político' y que los grupos del tripartito, por su 'desesperación' en el tramo final de la legislatura, han usado 'teorías delirantes' y han montado 'un festín' contra CiU para tratar de 'destruirla'.

Por el contrario, Jordi Terrades (PSC), Pere Bosch (ERC) y Daniel Pi (ICV-EUiA) han denunciado los 'silencios clamorosos' de CiU ante pruebas de la financiación irregular de CDC, mientras que Santiago Rodríguez (PPC) y Albert Rivera (C's) han denunciado tanto los 'indicios' en este sentido como las 'irregularidades' de la Generalitat en el asunto del hotel del Palau.