El partido "montaje" contra el PSOE valenciano está ligado al grupo de Tamayo

El PSD, al que todos los indicios señalan como el partido que, según el número dos de la trama Gürtel, era "un montaje" del PP para desgastar a los socialistas valencianos en 2007, se gestó en el núcleo duro del grupo que, con el tamayazo, había impedido cuatro años antes al PSOE gobernar la Comunidad de Madrid. La sede oficial del PSD (Partido Social Demócrata) notificada al Ministerio del Interior coincide con la del despacho madrileño de José Luis Balbás González, en el tercer piso del número 110 de la calle Ayala. A Balbás se le considera el ideólogo y jefe de la corriente socialista Renovadores por la Base, en la que militaban los dos diputados tránsfugas que en 2003 abrieron a Esperanza Aguirre la puerta de la victoria en Madrid: Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.

Unidos por la política y los negocios, Balbás y Tamayo fueron expulsados de inmediato del PSOE al igual que Sáez. Y el tamayazo jamás se investigó. El entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, nombrado por José María Aznar, prohibió a Anticorrupción indagar en la turbia operación.

La sede oficial del PSD coincide con la del despacho de José Luis Balbás

La anotación

Las sospechas de que el PSD operó como un mero partido instrumental han dominado la escena política valenciana en los últimos años. Ahora, y como informó Público el pasado jueves, la agenda incautada a Pablo Crespo e incorporada íntegramente al sumario del caso Gürtel confirma esa tesis. En el dietario que le incautó la Policía, el lugarteniente de Francisco Correa anotó en el otoño de 2006 lo siguiente: "Nuevo partido político con gente del PSOE de buen cartel. Es un montaje de ellos. Necesitan ayuda económica. Ricardo protesta".

Justo encima, otro apunte reseñaba la identidad del "ellos" mencionado por Crespo. Porque el autor de las anotaciones dejó constancia de una reunión a la que asistieron "Ana, Víctor, Rambla, Ricardo, Presi". Es decir, Víctor Campos, hoy exvicepresidente de la Generalitat; Vicente Rambla, vicepresidente; Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, y el "Presi", apelativo que la trama usaba para nombrar a Francisco Camps. Las notas de Crespo sobre el partido "montaje" fueron escritas entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre de 2006. Los días 4 y 5 de noviembre de ese año, el PSD celebró en Valencia su convención fundacional con el objetivo expreso de quitar votos a los socialistas. En las municipales de 2007, el PSD obtuvo en el País Valencià 12.091 votos y 14 concejales.

Renovadores por la Base' se hicieron con dos siglas pero sólo utilizaron una

"Se reúne con quien haga falta"

El pasado viernes, la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, eludió aclarar si Camps se había reunido con Crespo. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell, la portavoz definió así la noticia sobre la agenda del número dos de la Gürtel: "Son informaciones que constan en no sé dónde y luego se publican, de reuniones secretas y no secretas, con tramas ni con nadie". A continuación, añadió esto: "La agenda de Camps es pública y se reúne con quien haga falta para desarrollar su trabajo día a día", dijo antes de hacer de garante del president, imputado por cohecho en el caso de los trajes, una de las ramas del caso Gürtel: "Pongo la mano en el fuego por todas sus reuniones, todas sus decisiones y todos los años de trabajo al frente de la Generalitat", informa Belén Toledo.

El registro de partidos muestra cómo al frente del PSD sigue apareciendo Fernando Piera en calidad de presidente. Y ello pese a que Piera desapareció literalmente del mapa valenciano tras el escándalo que desataron las revelaciones periodísticas sobre cómo él mismo y otros fundadores del PSD se valieron de una trama de asociaciones ciudadanas para cobrar de la Generalitat varios millones en ayudas bajo sospecha. Las subvenciones las daba la Conselleria de Bienestar Social, entonces dirigida por el actual portavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco.

El presidente del PSD usó una red de entidades para cobrar ayudas sospechosas

Siglas 'dormidas'

La segunda franquicia del grupo de Tamayo con apellido "social demócrata", el PSDE, quedó inscrita el 24 de septiembre de 1998 a nombre de Francisco García Ortuño, que había sido alcalde de Orihuela por el PSOE y que registró las nuevas siglas a espaldas de su partido, según fuentes de la dirección socialista valenciana. García Ortuño, que ya no es militante del PSOE, figura entre los imputados por corrupción en el caso Brugal, en el que está implicado el presidente conservador de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

Además de compartir sede en el despacho de Balbás, la prueba de que el PSDE, registrado por García Ortuño en 1998, y el PSD, registrado en 2006, escondían el mismo proyecto se localiza en una información publicada por el diario ABC el 13 de junio de 2006. El rotativo conservador contaba lo siguiente: " La representación de exsocialistas en la nueva formación socialdemócrata [el PSD impulsado por José Luis Balbás] se completa, entre otros, con Francisco García Ortuño, especialmente beligerante con el candidato del PSOE a la Generalitat, Joan Ignasi Pla".

El líder del otro partido pantalla', el PSDE, está imputado en el caso Brugal'

Se conocía, por tanto, que Balbás auspiciaba el lanzamiento del PSD. Pero no que fuese quien realmente manejaba los hilos, el tapado cuyo despacho operaba tanto como sede de sus empresas como de su partido. Que el domicilio oficial era el de la madrileña calle Ayala y no la sede inaugurada a bombo y platillo en noviembre de 2006 en la valenciana calle Colón jamás fue un dato difundido. Público no ha logrado localizar a García Ortuño, uno de los imputados en el caso Brugal que con mayor profusión aparece en las escuchas policiales sobre esta trama de basuras por la que ya está imputado José Joaquín Ripoll, presidente de los conservadores alicantinos. Ripoll repite en la lista municipal del PP para la cita electoral de mayo como número dos por Alicante.

Portazo en el despacho

Este diario también intentó, sin éxito, recabar la versión de José Luis Balbás, cuya relación con Tamayo continúa siendo muy estrecha. En el despacho del piso tercero del 110 de la madrileña calle Ayala, alguien que entreabrió la puerta y ni accedió a identificarse ni a mostrar su rostro aseguró el viernes por la noche que Balbás no se encontraba allí. A la pregunta de por qué el Partido Social Demócrata y el Partido Social Demócrata Español tienen allí sus sedes oficiales, la respuesta fue un portazo.

El Gobierno de Camps se niega a aclararsi la reunión con Pablo Crespo existió

En esa dirección, Balbás tiene domiciliadas varias sociedades dedicadas al "asesoramiento empresarial". Una de ellas es Fidages SA. Otra, BVC Asesores Financieros SL. Y la tercera, Cash Control Auditoría SL.

En la querella con que intentó sin éxito desentrañar las claves del tamayazo, el PSOE consignó que, en 1997, Eduardo Tamayo se dirigió por carta "en nombre de Fidages" a copropietarios de la junta de compensación de Quitapesares, unos terrenos situados en Villaviciosa (Madrid) donde se proyectaba un macroproyecto bajo sospecha que reportó a sus impulsores notables plusvalías.

La misteriosa y frustrada visita a Aguirre

Hace más de un año, el 18 de marzo de 2010, Eduardo Tamayo se presentó en la sede de la Presidencia del Gobierno de Madrid, en la Puerta del Sol. Pretendía, y así lo había anunciado él mismo a ‘Público', verse con Esperanza Aguirre para tratar "sobre lo ocurrido" en 2003. O sea, sobre el ‘tamayazo', el episodio que le catapultó a un negro protagonismo por su decisión de impedir que el socialista Rafael Simancas fuera investido presidente de la Comunidad de Madrid. Con las cámaras aguardando junto al kilómetro cero, Aguirre hizo lo esperado: no lo recibió. Y Eduardo Tamayo, quien remachó una y otra vez que tenía una cita concertada con la presidenta, garantizó de inmediato represalias. "Esto no va a quedar así, no sé a qué juega la señora presidenta", anunció ante los informadores. Pero, desde luego, aquello sí quedó así. Al menos, públicamente. Si ocurrió algo entre bambalinas, es un misterio. Porque Tamayo no contó nada. Su amago quedó en eso: en una amenaza retransmitida por televisión. El ex diputado socialista incumplió su promesa de desvelar el papel jugado en 2003 por el entonces secretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, Por qué Tamayo emergió ese día tras siete años de silencio constituye una incógnita. Qué le hizo finalmente callar es otra.