El boicot de algunas comunidades autónomas a la aplicación efectiva de la Ley de Prevención del Tabaquismo ha dejado a cinco territorios sin ayudas públicas para este fin.

El control del cumplimiento de la normativa corresponde a las administraciones autonómicas. Algunas han relajado tanto su responsabilidad que, en no pocos casos, han convertido en papel mojado la nueva Ley, que entró en vigor el 1 de enero de 2006.

La norma estatal, impulsada por el ministerio de Sanidad impide, por ejemplo, fumar en centros de trabajo, y establece la obligatoria separación de áreas de fumadores y no fumadores en locales de más de 100 metros cuadrados.

Cinco millones de euros

Ahora, el Ministerio de Sanidad ha dejado a Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, La Rioja y Baleares sin las ayudas que las comunidades reciben cada año para impulsar y poner en marcha la “ley antitabaco”, al considerar que éstas “no respetaron el espíritu de la norma”. Tanto es así que han llegado a regular con su propia normativa aspectos que vulneran la legislación nacional. El Gobierno ha recurrido alguna de estas iniciativas.

Territorios del PP y del PSOE

Desde la entrada en vigor de la Ley, Sanidad empleó parte de su presupuesto para que cada comunidad financiara programas de prevención y control del tabaquismo en sus territorios, en sintonía con la norma.

En 2006 se destinaron 14 millones de euros a este objetivo. Cinco se los repartieron las comunidades que ahora se quedarán sin tal aportación. Desde Sanidad precisan que la decisión está “totalmente alejada de visiones partidistas”, ya que afecta a comunidades autónomas tanto del PP como del PSOE, como es el caso de Baleares.