Las críticas entre los partidos políticos de Euskadi no dejan de volar en todas direcciones, especialmente desde que se formó el nuevo gobierno de Patxi López. El martes fue el PNV el que hizo público su malestar por los 'reproches' que se están vertiendo hacia los nacionalistas, porque pueden derivar en situaciones de 'odio' y división.

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, lamentó en una entrevista a Radio Euskadi algunas 'falsedades' vertidas sobre la gestión de su partido y recordó que en anteriores legislaturas condenaron los atentados perpetrados por la banda terrorista ETA 'por una cuestión de principios éticos, como también por una cuestión política'. Como dirigente de la formación, aseguró que no iba a caer 'en modo alguno' ni iba a conducir a la afiliación del PNV 'a ese escenario que parece que quieren algunos', 'en un ejercicio de responsabilidad absoluto' de su cargo.

Con estas palabras Urkullu intentó acallar las voces que desde el asesinato del policía nacional Eduardo Puelles, perpetrado por ETA el pasado viernes, les acusan de que 'podrían hacer más'.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, es uno de sus principales detractores en esta materia. Sin ir más lejos, fue él quien el pasado lunes dijo que el PNV 'podría hacer más de lo que hace' para desprestigiar y deslegitimar a ETA, tras alabar la posición 'firme, clara y rotunda' mostrada por el lehendakari, la nueva mayoría parlamentaria y el Gobierno vasco, lo que interpretó como un 'signo de normalidad que antes no había'. Según el dirigente del PP en Euskadi, 'antes todos condenábamos y llorábamos, pero siempre había discursos de algunos líderes políticos que iban en la dirección de poner equidistancias, de poner paños calientes'.

En cualquier caso, el actual Ejecutivo vasco se negó a hablar sobre las declaraciones de Urkullu, y sus responsables zanjaron el asunto asegurando que no iban a entrar a valorar 'lo que se hacía en el pasado'. Lo decía su portavoz, Idioa Mendia, tras una reunión del Consejo de Gobierno celebrada ayer, momento que sí aprovechó para pedir la unidad de los partidos para acabar con ETA y 'deslegitimar política y socialmente el terrorismo'.

Por su parte, el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, salió al paso de los ataques al nacionalismo democrático para respaldar enérgicamente las palabras del presidente de su partido y aseguró que tras el atentado 'hicimos lo que teníamos que hacer', refiriéndose a la actuación de los miembros del PNV.

Sobre la manifestación celebrada el sábado en repulsa por el acto de la banda terrorista, hizo un recordatorio: 'Yo estuve allí en primera fila, y conmigo estuvieron otros'.

En este contexto de tensión entre el PSE y el PNV, la Radio Televisión pública vasca estrenó el martes director general, el periodista Alberto Surio, quien aprovechó su primer encuentro con los trabajadores para explicar la línea que iba a seguir EITB en esta nueva etapa. En su discurso, dejó claro su deseo de conseguir una plataforma informativa 'comprometida con los valores democráticos y de convivencia', 'respetuosa con el marco jurídico vigente' y que 'haga pedagogía cívica contra la violencia'. Asimismo, mostró su intención de deslegitimar el terrorismo de ETA y reivindicar la memoria 'de las víctimas y de los perseguidos'.

La muerte de Puelles a manos de ETA no ha hecho sino avivar el rechazo de la mayoría de los partidos políticos por aquellos ayuntamientos en los que no se condena la violencia. Así, este mismo viernes se debatirá en el Parlamento vasco una proposición no de ley planteada por UPyD, en la que el grupo liderado por Rosa Díez pide la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV. La reacción de las demás formaciones no se ha hecho esperar y tanto el PSE como el PP presentarán enmiendas para ampliar el campo de actuación de la propuesta.

En esta línea, el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, defenderá la desaparición de aquellos equipos de gobierno que lleven a cabo de forma 'reiterada y clara' acciones tanto de apoyo al terrorismo como aquellas que 'menosprecien o humillen a las víctimas y a sus familiares', y solicitará una vigilancia 'extrema' sobre las corporaciones dirigidas por la formación ilegalizada. Por su parte, el PP planteará que el Gobierno central transfiera a las diputaciones las cantidades del Fondo Estatal de Inversión Local previstas para los ayuntamientos gobernados por ANV.