Todo sea por los Juegos Olímpicos. El Ayuntamiento de Madrid ahora habla bien del 15-M. Lo hace, al menos, ante el Comité Olímpico Internacional, al que ha presentado un informe de la candidatura de la capital en el que asegura que el movimiento de los indignados tiene un "carácter pacífico", "acata la legislación" y "se opone a ser instrumentalizado por sectores extremistas".

"La situación económica mundial ha hecho emerger movimientos contestatarios. España no ha quedado al margen, y el movimiento 15-M ha llevado a cabo protestas de carácter pacífico que han estado siempre bajo el control y el acatamiento a la legislación que regula y garantiza el derecho a la libertad de expresión y de reunión", afirma el texto.

El documento deja claro, además, que los organizadores de la cita olímpica no tienen nada que temer, ya que "su existencia misma no pretende alterar el normal funcionamiento de las instituciones del Estado ni la vida de los ciudadanos y se opone a ser instrumentalizado por sectores extremistas".

Además, el informe niega prácticamente la existencia de "grupúsculos radicales" en Madrid y su región, de los que asegura que tienen "carácter residual". "La existencia de estos grupos se encuentra controlada por los servicios de seguridad del Estado", concluye.

El discurso sobre los indignados por parte del Partido Popular —que está al frente del Ayuntamiento de Madrid, promotor de la candidatura—, ha dado un inesperado giro con este texto. La que ha sido la voz más visible de los conservadores en la región, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido una de las más furibundas detractoras del movimiento 15-M.

Aguirre ha llegado a comparar a los indignados con "movimientos totalitarios", los ha llamado "camorristas", "pendencieros", e incluso ha alegado que sienten "desprecio por la democracia" y son el germen de golpes de Estado. Esta actitud que contrasta con el "acatamiento de la legislación" y el alejamiento del extremismo que le atribuyen desde el grupo consistorial, de cara al COI.

El propio ex alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, expedientó a un policía local por participar en una asamblea del 15-M cuando se encontraba fuera del horario de servicio.