El PP quiere que los delitos pasen a manos de los jueces cuanto antes

Desde el Partido Popular niegan que su propuesta de reestructurar las diligencias preinstructoras del ministerio fiscal tenga como objeto limitar las facultades de investigación de esta institución.

El responsable de seguridad y justicia, Federico Trillo, asegura que se ha realizado una lectura errónea. La única intención de su partido, tal y como él mismo resalta, no es otra que conseguir que todos los casos vayan a parar a manos de los jueces cuanto antes. "Que en dos meses pueda comenzar la instrucción", puntualiza. Es decir, lejos del control de los fiscales.

Los conservadores piden una reforma del Estatuto del Ministerio Público

Trillo reconoce que en la mayoría de los países europeos la investigación corresponde a los fiscales. "Sí, pero sin la dependencia jerárquica que hay en España", comenta. Considera que "uno de los puntos a discutir con el Gobierno es el papel del fiscal".

Desde que estalló el caso Gürtel en febrero del año pasado, el PP ha puesto su punto de mira en la fiscalía. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha denunciado en numerosas ocasiones que su formación está siendo "víctima" de "una actuación sectaria y partidista del Gobierno y del fiscal general del Estado".

"Saña inquisitorial"

Denuncia la "dependencia jerárquica" que hay en la fiscalía

Hace unos meses, y a través de un comunicado, el PP llegó incluso a acusar a Cándido Conde-Pumpido de "saña inquisitorial". Sobre todo por "la persecución" a la que, a su juicio, había sometido al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Pero también a muchos otros dirigentes conservadores de Murcia, Baleares o Canarias. La derecha se queja siempre de su "doble vara de medir".

Para el PP no hay dudas de que el pasado verano la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dio "instrucciones" a la fiscalía para que recurriera ante el Supremo el archivo de la causa contra el líder valenciano.

A ello le suman otras dos cuestiones. Por un lado, lamentan que el ministerio público pidiese el rechazo de la querella del PP contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, por su supuesta subvención a una empresa en la que trabajaba su hija. Y, por otro, están a la espera de que la fiscalía dé explicaciones por pedir el archivo del caso Faisán, un presunto chivatazo policial a ETA en 2006.

Afirman que dos terceras partes de los temas pendientes son penales

La iniciativa del PP ha sido acogida por todas las asociaciones de fiscales y la mayoría de las de los jueces con indignación. Pero es defendida por Trillo para evitar también "los grandes atascos que se producen". "Dos terceras partes de los procedimientos pendientes son penales", expone.

Para el dirigente conservador es "impropio prolongar estas diligencias en un Estado de derecho". Preguntado por si su partido, cuando llegue al Gobierno, reformará el Estatuto del Ministerio Fiscal de 2007 para adaptarlo a su demanda, Trillo afirmó que es "absolutamente imprescindible". También la Ley de Enjuiciamiento Criminal que considera "obsoleta" porque data de 1882.

En el PP afirman que con su decálogo de medidas para reformar la justicia penal no buscan sortear la corrupción. Si no dar respuesta a "la sensación generalizada de impunidad" que hay en la sociedad española y poner fin a la lentitud, ineficacia y falta de rigurosidad de la Administración de Justicia.

Hacia un mayor control de la Policía Judicial

El PP también propone una reorganización de la Policía Judicial para que sus mandos y dependencias estén bajo control de los jueces. Con ello los conservadores pretenden evitar que se vuelvan a repetir escenas como la que se conoció hace unos días cuando una agregada del ministerio del Interior en Suiza asistió al registro del despacho del gestor de Francisco Correa. Con el ‘caso Gürtel’ planeando sobre sus cabezas, los dirigentes del PP piden también una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para, entre otras cosas, limitar el secreto de los sumarios.