Como en un flash-back, el Partido Popular recuperó ayer dos viejas denuncias contra Baltasar Garzón y las fiscales del caso Gürtel con el objetivo de alcanzar la nulidad de todo el proceso. En concreto, el PP los acusa de ocultar supuestas pruebas exculpatorias del president de la Generalitat, Francisco Camps, en la causa de los trajes y considera, además, que el juez se saltó el turno de reparto para quedarse con la instrucción del escándalo.

Los conservadores obvian que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya estableció en marzo que Garzón no había cometido 'ninguna irregularidad' al asumir la competencia del caso, cuando la Fiscalía Anticorrupción denunció los hechos en agosto de 2008.

Asegura que Garzón se pudo quedar con el caso en contra de la ley

Y también pasan por alto que en octubre de 2009 ya desplegó la misma estrategia. Entonces, el PP ya intentó que se exculpara a Camps basándose en la misma conversación grabada en prisión al número dos de la trama, Pablo Crespo, en la que este decía a su letrado que, si Camps se había hecho trajes, los habría 'pagado de su bolsillo'.

Para reactivar su ofensiva, el PP se apoyó ayer en una providencia de Alberto Jorge Barreiro, magistrado del Supremo que investiga si Garzón cometió prevaricación al grabar conversaciones en prisión entre abogados e imputados. En realidad, Barreiro no acepta en su escrito la petición de citar a declarar como testigos a las dos fiscales, tal y como solicitaba en su querella Ignacio Peláez, el abogado del imputado José Luis Ulibarri. Y tampoco admite las pruebas encaminadas a determinar si se vulneraron las reglas de reparto que solicita Peláez sobre la decisión de Garzón de quedarse con la denuncia de la Gürtel al entender que estaba conectada con el caso BBV Privanza, que llevaba su juzgado.

Pero, a pesar de ello, la dirección del PP salió ayer con toda su artillería a defender de nuevo a Camps. A la cabeza, el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, quien incidió en que el paso dado por el alto tribunal podía suponer 'un giro copernicano' en la investigación. 'De demostrarse que las fiscales buscaron el momento oportuno para que Garzón se quedara con el caso podría tener consecuencias gravísimas', señaló en una nota.

El TSJM ya validó en marzo la actuación del magistrado

El dirigente conservador también destacó que había tenido que ser el Supremo el encargado 'de demostrar que las fiscales actuaron violentado la presunción de inocencia y de manera sectaria al margen de la ley, al ocultar la prueba que exculparía a Camps'. El magistrado Barreiro, sin embargo, en ningún momento afirma lo que Trillo le atribuye.

Camps, en un comparecencia sin preguntas, afirmó ayer que hay 'pruebas que se ocultaron' que demuestran su 'absoluta inocencia'. 'Es una pena, porque seguro que no habría comenzado nunca ningún tipo de proceso', señaló.

Los mensajes de ambos dirigentes evidencian que habían consensuado su discurso. Para algunos de sus compañeros de filas lo hicieron, sin duda, el pasado lunes cuando Trillo acompañó a Camps en la inauguración del Museo Contemporáneo de Alicante, informa Sergi Tarín. Su apoyo fue significativo por ser el primer miembro de la Ejecutiva del PP que le visitaba tras la decisión del Supremo de reabrir el caso. Ambos se fueron juntos en el coche oficial y lgunos creen que fue en ese momento cuando se cocinó la estrategia que Trillo llevaba en mente desde Madrid y que se puso de manifiesto ayer.

El PP dice que el Supremo atribuye a las fiscales una actuación 'sectaria'

Es la misma que se realizó en octubre del año pasado. En aquella ocasión, el Gobierno valenciano habló de 'complot' y 'cacería política'. La portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, solicitó la comparecencia urgente del Fiscal General del Estado para que explicara por qué se había eliminado la grabación de Crespo. La regidora de Valencia, Rita Barberá, pidió dimisiones en el Gobierno. Ayer el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, repetía la técnica: 'El juicio contra Camps puede estar politizado' y 'si las fiscales son imputadas, Cándido Conde Pumpido y María Teresa Fernández De la Vega deberán asumir sus responsabilidades y dimitir'.

La cúpula del PP quiere pensar que todo esto acabará como el caso Naseiro (una investigación sobre financiación ilegal que salpicó al PP en 1989 y terminó archivándose por anulación de pruebas). Prefiere quedarse con la declaración de un imputado a tener en cuenta las decenas de pruebas documentales inculpatorias que hay en el sumario contra Camps. El president dijo en muchas ocasiones que tenía las facturas, pero nunca las presentó y su partido admite que no las tiene. El president está imputado por cohecho impropio y puede ser encausado por siete delitos más, entre ellos el de financiación ilegal.