El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció este martes que la prisión permanente revisable, que se incluirá en la reforma del Código Penal, solo se aplicará como "mecanismo excepcional" para delitos de terrorismo.

Así lo manifestó el titular del departamento de Justicia en un desayuno informativo, en el que también señaló que la libertad se recuperará "no por el transcurso de un número de años" en prisión "sino cuando se acredite la reinserción".

En concreto, Ruiz-Gallardón aseguró que la prisión permanente revisable debe ser utilizada en aquellos casos en los que la sociedad considere que no son suficientes los años de cumplimiento de condena para que una persona recupere su libertad si no se acredita su reinserción.

El ministro justificó la limitación de la medida a los delitos terroristas diciendo que es en estos casos donde se puede "acreditar fehacientemente la intención de rehabilitación del reo".

Ruiz-Gallardón anunció a finales de enero la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable para "supuestos muy restringidos" que hayan alcanzado "el máximo grado de repulsa social", sin circunscribir la medida a los delitos de terrorismo.

El ministro también aseguró que se van a endurecer las penas en relación con los delitos contra menores, fundamentalmente aquellos que estén vinculados con agresiones de carácter sexual, aunque rechazó que la prisión permanente revisable pueda ser aplicable a este tipo de delitos.

Vandalismo callejero

También se refirió a la modificación del Código Penal para equiparar las penas por actos de vandalismo callejero al castigo que recibe la kale borroka y dijo que respetará "rotundamente" el derecho de manifestación.

Preguntado bajo qué condiciones la resistencia pasiva puede ser considrada delito, Ruiz-Gallardón señaló que "no se está hablando de resistencia pasiva" sino de agresiones a miembros de los cuerpos de seguridad y daños a bienes públicos que no constituyen el derecho de manifestación, "sino un auténtico atentado callejero".

Recalcó que no se trata de penalizar a los convocantes de protestas, sino de actuar contra "estructuras organizadas mediante mecanismos perfectamente identificados por la policía" que conducen a una "perversión y a una auténtica prostitución de dicha manifestación".

El titular de Justicia afirmó que tiene previsto remitir la reforma del Código Penal a las Cortes antes del verano.