El plan de Sánchez de relanzar la legislatura con medidas que esquiven el Congreso enfada a sus aliados

Hace ya semanas que sobrevuela la política española la idea de mover el foco de la legislatura del Congreso de los Diputados a La Moncloa. Ante el bloqueo que experimenta el Gobierno al llevar leyes a la Cámara Baja —las negociaciones con Junts y Podemos son complejísimas cuando no inexistentes—, poco a poco ha ido ganando peso la posibilidad de utilizar iniciativas sin rango de ley (que no tengan que pasar por el Parlamento) para relanzar la legislatura. Ese runrún se oficializó esta semana con una información de El País acerca de una orden de Pedro Sánchez a sus ministros para trabajar en esa dirección. Sin embargo, tal y como ha podido saber Público, son unos planes que no han caído bien entre sus aliados de investidura.

Lo cierto es que uno de los temas que han centrado la legislatura es cómo promover una agenda de políticas suficiente para que no cunda la sensación de que el Gobierno que comparten PSOE y Sumar es un fracaso. "La gente tiene que ver que esta legislatura vale la pena", apuntan fuentes de Sumar en conversación con este medio. De hecho, eran diputados de ese espacio y de otros los que deslizaban, meses atrás, la conveniencia de apostar por leyes de perfil territorial o plurinacional que tuviera ya desde un principio el favor de actores como Junts o el PNV, más difíciles de convencer cuando se trata de iniciativas de carácter más izquierdista, a las que, por supuesto, tampoco quiere renunciar ninguna de las izquierdas del Congreso.

Sin embargo, Podemos dejó claro muy rápido que esa vía encontraría en ellos un escollo cuando incluyera medidas controvertidas como la cesión de las competencias migratorias a Catalunya, que los de Ione Belarra tumbaron. Esa posición firme de los morados y el posterior endurecimiento de la de Junts, que decidió romper con el Gobierno a principios de noviembre, evidenciaron todavía más el bloqueo en el Congreso al que está sometido el Ejecutivo, a pesar de los esfuerzos de los socialistas a la hora de poner en valor las 52 leyes y reales decretos-ley aprobados desde el principio de la legislatura.

En paralelo, se iba haciendo grande el caso de presunta corrupción que vincula a José Luis Ábalos —en prisión provisional— y Santos Cerdán, al tiempo que saltaba el escándalo del acoso sexual dentro del PSOE. El año, además, ha terminado con un descalabro de proporciones siderales en Extremadura, donde el PSOE llegó a perder diez escaños. De 28, a 18.

Ese es el escenario que ha propiciado que Sánchez pida a sus ministros que trabajen medidas que puedan salir adelante sin pasar por el Congreso. Medidas de calado con impacto en la ciudadanía. "Hay mucho que se puede hacer", apuntó Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España y nueva portavoz del Ejecutivo.

El problema es que, como era de esperar, esa es una música que no gusta en absoluto a los aliados del Gobierno. Ni siquiera a algunos que han demostrado ser fieles hasta la fecha, pero cuyas críticas han ido ganando decibelios. 

Fuentes del PNV subrayan que el Congreso es "el que refleja la voluntad popular y no se le debería hurtar su deber de legislar". Apuntan, además, que el Parlamento es necesario para "aprobar propuestas que sean estables". "Por muy difícil que le resulte al Gobierno", zanjan, "debería negociar". Hay que aclarar, en cualquier caso, que el Ejecutivo no ha dicho que vaya a renunciar a la negociación parlamentaria, aunque ese mensaje que lanzó Sánchez a sus ministros y que ha defendido públicamente Elma Saiz ha sido leído por todos como una señal clara de la nueva estrategia marcada desde Moncloa, que dibuja un mapa de calor político con menos rojo en la parte del Congreso.

También desde ERC llueven las críticas. "PSOE y Sumar no pueden gobernar como si tuvieran mayoría", se quejan: "Tienen que negociar y hacerlo por la izquierda". Además, insisten en que la única manera de "no bloquear la legislatura" es "ser valientes",  "cumplir los acuerdos" y "cumplir con Catalunya". Precisamente de una ley que ya está registrada en el Congreso dependen las relaciones entre PSOE y ERC de ahora en adelante. La ley para que Catalunya recaude el IRPF —registrada en septiembre, pero todavía sin avances— es condición sine qua non para que los republicanos negocien los Presupuestos Generales.

También inciden en las cuentas públicas —o en la ausencia de ellas— desde el BNG. A pesar de que los números para aprobarlas no dan, ni los republicanos catalanes ni los nacionalistas gallegos renuncian a que se lleve a cabo una negociación que incluiría algunos de sus pactos de investidura. El BNG exige "capacidad de diálogo y acuerdo" y avala sin ambages "que se apliquen medidas sociales si son reales y transformadoras y no cosméticas", pero al mismo tiempo fuentes del partido remarcan que les parece "bastante escandaloso" que "se pretenda gobernar sin el Congreso".

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La formación más crítica con la eventual perspectiva de un 2026 que empiece con el Gobierno más enfocado en lo que pueda hacer sin el Congreso que en perseguir acuerdos es Podemos. Los de Belarra han sugerido en muchas ocasiones que el teléfono de Moncloa no se levanta para llamarlos a ellos. En estos momentos, acusan a Sánchez de "buscar titulares para salir de una situación crítica" y no consideran que esté tratando de encontrar soluciones para "arreglar problemas".

"El Gobierno ha demostrado con su inacción ante problemas como la vivienda, la corrupción o el machismo que la legislatura en clave progresista está agotada", resuelven. Además, afean que precisamente las últimas medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, que no tendrán que pasar por el Congreso, hayan sido "levantar su embargo fake de armas para seguir comerciando con el Estado genocida de Israel y destinar 2.000 millones extra a gasto militar". Efectivamente, en el último Consejo de Ministros del año, el Ejecutivo activó la cláusula de excepcionalidad sobre el embargo de armas a Israel.

¿Qué se puede aprobar sin el Congreso?

Cuando se habla de medidas que se pueden aprobar sin recurrir al Congreso se incluyen todas aquellas que no tienen rango de ley. Las más destacadas son los reales decretos reglamentarios, que normalmente desarrollan la normativa de las leyes aprobadas en la Cámara Baja; las órdenes ministeriales y administrativas, que, por ejemplo, pueden dar lugar a ayudas y subvenciones; o la reorganización de partidas parlamentarias de unos Presupuestos aprobados con anterioridad.

Sin ir más lejos, el refuerzo del registro horario que está impulsando Sumar desde el Gobierno —después de haber fracasado en el Congreso con su intento de reducir la jornada laboral mediante una ley que torpedeó Junts— es una de esas iniciativas que no necesitará pasar por la Cámara Baja. También las eventuales subidas del salario mínimo interprofesional, como la que se está fraguando de cara a 2026.

¿Qué leyes esperar en 2026?

A pesar de las dificultades para legislar, hay algunas leyes con buen pronóstico de cara al inicio de 2026. Una de ellas es la ley del menor en el entorno digital. Tal y como contó Público, existe una voluntad por parte de la mayoría de las fuerzas políticas para que salga adelante, aunque hay que limar todavía muchos de sus artículos. Otra es la ley de multirreincidencia, un compromiso que adquirió el PSOE con Junts y que probablemente apoyará el PP, habida cuenta de que los populares presentaron una ley muy parecida a la que registraron los de Carles Puigdemont.

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También en la pista de salida está la reforma del alquiler de temporada promueven en el Congreso las izquierdas parlamentarias de la mano del Sindicat de Llogateres. En este caso, el escollo es Junts. Está por ver si se acercan posturas con los posconvergentes en una ley que ataca el problema de la vivienda, uno de los temas más sensibles en Catalunya. 

Por otro lado, están la revalorización de las pensiones o la ley del cine y la ley de Economía Social. En cuanto a las dos últimas, los de Míriam Nogueras anunciaron su voto favorable. De todas formas, es de esperar que la atención mediática el primer tramo del año la ocupe la presentación por parte del Gobierno del proyecto de Presupuestos, a pesar de las escasas posibilidades de que salgan adelante una vez llegue al Congreso.