El PSOE pide que se frene la difusión del Diccionario

Tras suspender el examen de numerosos historiadores y colectivos memorialistas, el nuevo Diccionario Biográfico Español elaborado por la Real Academia de la Historia (RAH) se enfrentará también al juicio del Congreso.

El PSOE registró ayer una proposición no de ley con la que pretende que la Cámara inste al Gobierno a "exigir a la Real Academia de la Historia que proceda a la mejora y, en su caso, rectificación" de la obra. Para afinar el contenido del Diccionario, el Grupo Socialista propone que se constituya a tal efecto una "comisión científica compuesta por historiadores de reconocido prestigio pertenecientes o no a la Academia que revise aquellas entradas en las que se detecte falta de objetividad de los trabajos académicos".

El PSOE espera sacar adelante la iniciativa con el apoyo de ERC, IU, ICV, BNG y PNV

La iniciativa socialista reclama también al Ejecutivo que "interrumpa la difusión" de la polémica obra "en España y el extranjero hasta que exista un pronunciamiento de la citada comisión científica". Sin embargo, como ha podido saber Público, la madrileña librería Marcial Pons, que se encargará también de su distribución, como hace con el resto de las publicaciones de la RAH, está a la espera de recibir los ejemplares esta semana para empezar a vender los volúmenes editados hasta el momento. Aunque el responsable de la tienda de Humanidades desconoce el día de la llegada de la obra, la librería ya tiene preparadas, incluso, las fichas para hacer su reserva.

A pesar de que Gonzalo Anes, director de la RAH, reconociera el pasado viernes a este periódico que los mil ejemplares ya estaban vendidos, ayer, en una apresurada y nerviosa conversación telefónica, se desmintió a sí mismo asegurando que la obra no será comercializada.

"Incorrecciones históricas"

IU pide que se retire la obra y cambie el marco legal de las reales academias

Con esta propuesta, el PSOE eleva el rango de discusión en el Parlamento sobre el contenido del Diccionario, después de que Público adelantara el tono edulcorado con el que adoba la dictadura y al propio Franco, entre otras figuras, y el tratamiento descalificador con el que desdibuja a otros personajes como el último jefe de Gobierno de la Segunda República española, Juan Negrín.

"El conocimiento por la opinión pública de alguno de los contenidos del citado Diccionario ha causado una encendida polémica, tanto entre los ciudadanos como en los ámbitos intelectual y político, debido a las imprecisiones e incorrecciones históricas en las biografías de algunos de los personajes", introduce el PSOE en la exposición de motivos que justifican su proposición.

Los socialistas ilustran esta falta de corrección con la entrada que glosa la figura de Francisco Franco. "Se destaca su valor militar sin hacer referencia a su perfil represor", lamentan, "o se define su régimen político como un régimen autoritario pero no totalitario", recuerdan en su argumentación.

"Las mismas incorrecciones se pueden encontrar en otros personajes históricos, denotando una insoportable falta de rigurosidad y neutralidad" en el trabajo de la RAH, que aspira, según extrae el PSOE de la carta de intenciones que solemniza su web, a "aclarar la importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia o la malicia, conduciendo al conocimiento de muchas cosas que oscureció la antigüedad o tiene sepultado el descuido".

El escrito registrado por el Grupo Socialista hace especial hincapié, también, en el carácter público de los fondos que han alimentado el alumbramiento de los primeros tomos del Diccionario. Sus redactores han recibido 6,4 millones de euros, subraya el PSOE, de los Ministerios de Educación e Industria, "con el compromiso de dar una visión ecuánime de los personajes históricos". "Este compromiso ha sido claramente incumplido, entre otros, con aquellos personajes que participaron, directa o indirectamente, en los acontecimientos históricos relacionados con la Guerra Civil española", concluye el prólogo de su iniciativa.

Retrato político

La proposición socialista será ahora debatida por el pleno del Congreso dentro de dos semanas, previsiblemente. La ocasión obligará a todas las formaciones a retratar su discurso ante la polémica. La iniciativa cuenta con muchas posibilidades de salir adelante.

El Grupo Socialista espera encontrar, al menos, la receptividad de la izquierda minoritaria IU, ICV, ERC y BNG que pide la retirada del Diccionario, no su rectificación, y unir sus votos a los del PNV.

No es un recuento aventurado, señala el PSOE, ya que hoy, en la sesión de control al Gobierno, IU por un lado y el Grupo Vasco por otro preguntarán al Ejecutivo sobre esta cuestión en un tono inequívoco, censurando los paños calientes con los que el Diccionario ha envuelto el franquismo.

De viva voz y en la tribuna del Congreso, el debate propiciado por el Grupo Socialista obligará también a pronunciarse al PP, acostumbrado a trenzar sutiles equilibrios dialécticos cada vez que la memoria histórica se cuela en el orden del día de la Cámara.

En cualquier caso, aunque la iniciativa prospere finalmente, una proposición no de ley es una herramienta parlamentaria que insta al Ejecutivo, pero no le obliga. No tiene más fuerza que la puramente política, ya que el Gobierno puede incumplir el mandato de la Cámara sin consecuencias.

IU y PNV, primeras iniciativas

El recorrido del Diccionario Biográfico Español por el Congreso no se estrenará, sin embargo, con esta proposición socialista. Espoleada por las preguntas de IU y el PNV a los titulares de Educación y de Cultura, la obra cosechará sus primeros adjetivos en la Cámara.

"¿Qué medidas promoverá el Gobierno para la rectificación de las entradas que no respondan a la necesaria objetividad de los trabajos académicos o científicos?", planteará el portavoz de la federación de izquierdas, Gaspar Llamazares, al titular de Educación, Ángel Gabilondo.

"¿Qué medidas piensa adoptar su Ministerio en relación al Diccionario Biográfico Español en el que, entre otras cuestiones, se evita llamar a Franco dictador?", interpelará el diputado del Grupo Vasco Aitor Esteban a la responsable de Cultura, González-Sinde.

Además de exigir la retirada del Diccionario, no sólo el maquillaje de sus entradas más controvertidas prometido por la RAH, Llamazares quiere que el Ejecutivo retire las subvenciones a la Academia que han engrasado la realización de la obra, por incumplir los proyectos a los que se comprometió.

Extendiendo el alcance de su pregunta, el portavoz de IU solicitará también al Gobierno que impulse la puesta en marcha de un estatuto marco que regule y unifique el funcionamiento de las reales academias. A su juicio, los hechos han demostrado que el actual sistema de autorregulación es insuficiente. "Deben funcionar de manera democrática y con una legislación que dé garantías", reclamó Llamazares.

Sin embargo, los propios académicos piden más autonomía: "Sólo falta que vengan de la KGB a decirnos qué escribir. Esto es una maniobra para distraer a un país en quiebra técnica. Un diccionario es una obra abierta y escribir al dictado sólo ocurre en Cuba, no en Alemania o EEUU. Esto son cosas de la calle que se mete en asuntos académicos. Nadie puede venir a decirme qué tengo que decir", sentenció un académico especializado en Prehistoria que prefiere no dar su nombre.

Unanimidad contra un trabajo fallido

1. Ministra de Cultura

Ángeles González-Sinde fue la primera voz en pedir una revisión de la obra: "Siendo la RAH una institución exigente y rigurosa, le convendrá revisar todas esas entradas que no se ajustan a la realidad porque, si no, la obra dejará de ser atractiva para los lectores y como herramienta de consulta". También confirmó a este periódico que ni uno de los 50 tomos de la magna obra circulará por alguna de las 52 bibliotecas públicas del Estado.

2. Ministro de Educación

Ángel Gabilondo mostró su disconformidad a interferir en el trabajo de la RAH, pero matizó que la institución debía "mejorar y en su caso rectificar aquellas biografías cuyo contenido no responda a la necesaria objetividad de los trabajos académicos".

3. Asociación de Descendientes del exilio español

La Asociación de Descendientes del Exilio Español denunció el contenido del Diccionario y recogió firmas para que el Ministerio de Educación deniegue nuevas ayudas y exija a la RAH retirar esas biografías.

4. Gaspar Llamazares y Joan Saura

El portavoz en el Congreso de IU reclamó la comparecencia del ministro en el Congreso, así como la "retirada", total y "sin medias tintas". El senador de ICV Joan Saura pidió también la comparecencia en la Comisión de Educación de Luis Suárez, quien aseguró en este periódico que "el catalán no estuvo prohibido durante el franquismo".

5. Querella del PCE

El PCE anunció que denunciaría ante la Fiscalía el Diccionario al entender que puede contener una "apología de la dictadura franquista" y que es un intento de revisar la historia.

6. Querella en Granada

Un grupo de profesores universitarios, profesionales liberales y represaliados por el franquismo anunciaron en Granada una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por apología de la dictadura, faltando a la Ley de Memoria Histórica.