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Un reparto de poder de infarto

PSOE, PP y CiU apuran los plazos para renovar cuatro instituciones. La conservadora Soledad Becerril, primera mujer Defensora del Pueblo. Los dos grandes partidos desbloquean el Constitucional y se distribuyen a partes iguales sus cuatro vacantes

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Hay tantas largas mañanas y tantas largas tardes de infarto en el Congreso que ya resulta verdaderamente complicado calibrar qué jornada es más caótica e incierta. Pero ayer sin duda lo fue. El viernes comenzó con las mismas incógnitas con las que se cerró el jueves: cero nombres confirmados para cubrir las vacantes del Tribunal Constitucional (TC), del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y de la Junta Electoral Central. Ni siquiera se sabía en qué momento PSOE y PP despejarían las X del tablero, ni cómo formalizarían el acuerdo. Sólo asomó una pequeña pista del timing que ambos partidos manejaban cuando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, una de las protagonistas absolutas de las negociaciones, afirmó bien temprano, tras la toma de posesión de los nuevos consejeros y del presidente de RTVE, que el pacto estaba 'muy avanzado', pero que las mañanas de los viernes son muy complicadas por las reuniones del Consejo de Ministros.

Sea. La mañana se pasó in albis.

El primer nombre confirmado fue el de la exministra y exregidora sevillana

Por la tarde, el nerviosismo fue aumentando, conforme las manecillas del reloj avanzaban hacia las 20 horas, la hora tope que PSOE y PP tenían para presentar ante el Registro General del Congreso todos sus nombres pactados. Cerca de las 17 horas, trascendió quién ocuparía el cargo más pintón, el más visible para los ciudadanos: el Defensor del Pueblo. La elegida era Soledad Becerril (Madrid, 1944), una ilustre ex de la derecha. Exministra de Cultura de UCD (1981-1982), exalcaldesa de Sevilla por el PP (1995-1999), exprimera teniente de alcalde de la capital andaluza (1991-1995), exdiputada en el Congreso (1977-1982, con UCD, y ya con el PP, de 1989 a 1995, de 2000 a 2004 y de 2008 a 2011) y expresidenta del PP sevillano (1990-1993).

Becerril se despedía de la política activa el pasado 8 de septiembre, poco antes de las elecciones generales que darían un arrollador triunfo a su partido, después de una larguísima trayectoria. Ahora Mariano Rajoy la repesca para marcar un segundo hito: ella fue la primera mujer ministra después de la dictadura y ahora ella será la primera mujer Defensora del Pueblo. Antes que ella pasaron por el cargo Joaquín Ruiz-Giménez, Álvaro Gil-Robles, Fernando Álvarez de Miranda y Enrique Múgica. Este, socialista, acabó su mandato en junio de 2010, y desde entonces el puesto estaba ocupado de forma interina por la que había sido su número dos, María Luisa Cava de Llano.

Marugán no irá al Tribunal de Cuentas, sino de dos de la Defensora

La comparecencia de Alfredo Pérez Rubalcaba en la sede federal de su partido, en Ferraz, a las 18 horas, aportaba la segunda pista: 'En una hora', decía, se conocería todo el contenido del pacto con el PP, un 'muy buen acuerdo' que además se sellaba respetando el plazo que él mismo se dio con Rajoy: antes de que acabara el actual periodo de sesiones. El consenso ya era oficial e integraba también a CiU, la tercera pata. A partir de entonces, el goteo de nombres fue incesante. 

De los primeros en emerger, Francisco Fernández Marugán, diputado socialista desde 1982 y figura de referencia inexcusable en todas las leyes de Presupuestos del Estado. Marugán (Cáceres, 1946), apartado no sin disenso interno de las listas del PSOE en las últimas elecciones generales, recibe ahora como premio el cargo de adjunto al Defensor del Pueblo, el número dos de Becerril, pese a que su nombre se había barajado para el Tribunal de Cuentas.

El PP coloca a un exdiputado suyo en el TC y al hermano de Aznar en el Tribunal de Cuentas

Los generales de PSOE y PP habían asegurado en los últimos días que buscaban aspirantes con perfil 'más técnico que político'. La premisa, a la hora de la verdad, se cumplió a medias con el órgano constitucional pendiente de renovación más sensible: el Tribunal Constitucional. Los conservadores destinan allí a un histórico exdiputado suyo por Granada (1986-2003), Andrés Ollero, que ya en el pasado cargó duramente contra el matrimonio gay –hablar de ello 'no tiene sentido alguno en términos jurídicos, es algo inconcebible', dijo– uno de los asuntos que precisamente tiene que resolver el TC. Plasmó igualmente por escrito su oposición a las bodas entre homosexuales en un artículo de expresivo título (El derecho a lo torcido). Ollero, hoy catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, es el que tiene un currículum más político. En los otros tres candidatos, un jurista y dos magistrados, se aprecia sesgo ideológico. Fernando Valdés Dal-Ré, catedrático de Derecho del Trabajo de la Complutense de Madrid, criticó con dureza la reforma laboral del PP y apoyó la huelga general del pasado 29 de marzo. Ya fue propuesto por el PSOE al TC en el proceso de renovación que culminó en el Senado en 2010. Juan José González Rivas, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, avaló la objeción a Educación para la Ciudadanía e incluso, como miembro de la Junta Electoral Central, defendió el recurso que presentó Foro Asturias contra el escrutinio definitivo de las últimas elecciones autonómicas. Encarna Roca, como Valdés Dal-Ré, ya fue aspirante al TC por el Senado. Entonces la apadrinaron PSC y CiU, y ahora la incluyen los socialistas en su cuota aunque con el sí expreso de los convergentes. Roca fue la primera catedrática de Derecho Civil en España, la cuarta mujer que accedió al Supremo y la primera que llegó a la Sala de lo Civil.

En el Tribunal de Cuentas había 12 vacantes. Quien reemplazará a Manuel Núñez en la presidencia será Ramón Álvarez de Miranda (Madrid, 1955). Hijo del Defensor Fernando Álvarez de Miranda, fue diputado por UCD (1979-1982) y lo propone el PP, pero es un hombre de la casa, del máximo órgano fiscalizador del Estado, desde 1984. Los conservadores también postulan al tribunal a la primera ministra de Justicia de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante –jueza de carrera y primera mujer que ocupó una silla en el Consejo General del Poder Judicial (1990-1996)– y Manuel Aznar, hermano mayor del expresidente del Gobierno y exsecretario general del Defensor del Pueblo con Múgica de jefe. El PSOE, por su parte, introduce en su listado a una candidata lanzada por IU, María Antonia Lozano Álvarez, magistrada de lo Contencioso-Administrativo en la Audiencia Nacional. De CiU parte la designación de uno de los cinco aspirantes a la Junta Electoral Central, Joan Manuel Trayter Jiménez, que ya era miembro del órgano.

Rubalcaba llamó a Lara para ofrecerle un puesto y el líder de IU aceptó

PP y PSOE pusieron suspense y estiraron el dramatismo hasta el final. Casi apuraron el plazo fijado. A las 19.29 horas, 31 minutos antes de que se cerrara el Registro, aparecieron juntos Alfonso Alonso, José Antonio Bermúdez de Castro –números uno y dos del Grupo Popular– y Antonio Hernando –secretario federal de Relaciones Institucionales y Política Autonómica de los socialistas– para presentar el listado completo. Y ni siquiera adjuntaron con los nombres un mínimo currículum de cada uno de sus elegidos. 'Esto siempre suele ser en el último momento, nos ha sobrado media hora, así que lo hemos hecho con bastante holgura', bromeó Alonso.

Pero, ¿por qué todo se produjo tan tarde? Fuentes de la negociación señalaron a Público que aunque el grueso del acuerdo se cerró el jueves, todavía quedaban algunos flecos que se sellaron pocas antes de las ocho. Uno de ellos era hacer hueco a Izquierda Unida. Anteayer, José Luis Centella, primer portavoz del grupo, denunciaba de la exclusión de los dos grandes partidos. La queja surtió efecto y deshizo el enfado. Ayer por la mañana, Rubalcaba conversó con Cayo Lara y le pidió que le diera un nombre para el Tribunal de Cuentas. Salió entonces el de María Antonia Lozano.

El retraso se debió asimismo a una cuestión operativa. Quienes habían pilotado desde el principio la negociación eran Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE. Pero quienes debían dar el visto bueno definitivo eran los jefes: Rubalcaba, Rajoy y Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso. Y ese OK último se dio por la tarde, una vez concluida la decisiva cumbre del Consejo Europeo en Bruselas. Fuentes de los tres partidos confirmaron que hubo conversaciones hasta última hora.

PSOE y PP subrayan que el pacto hará 'más fuertes' las instituciones

Satisfacción completa en los tres partidos firmantes del pacto, PP, PSOE y CiU. 'Un muy buen acuerdo muy importante para España', que sitúa en órganos clave a personas 'de reconocida trayectoria' y que 'prestigiará y mejorará la imagen de las instituciones', elogió Rubalcaba. 'Este es un acuerdo importantísimo, que ha tardado años, pero que está en el camino del fortalecimiento de las instituciones, de defensa de su estabilidad. Para ganar credibilidad, hay que hacer reformas económicas y hay que trabajar en dar estabilidad y fortalecer las instituciones democráticas. Es una noticia positiva para la democracia y para nuestro país, porque nuestras instituciones son más fuertes', coincidió Alonso, quien agradeció la 'disposición' y 'voluntad de diálogo' de los socialistas. El portavoz del Grupo Popular también alabó a Becerril como una 'magnífica candidata' a Defensora del Pueblo, muy 'cercana' a los ciudadanos como lo fue en su etapa de alcaldesa de Sevilla. Repartió cumplidos a Marugán, su adjunto, un diputado 'muy querido por todos los grupos'. Los dos son 'gente para el diálogo', resumió. Duran i Lleida se felicitó en su cuenta de Twitter de que ingrese en el TC un magistrado 'catalán', como él pedía. Sobre el pacto a tres bandas, afirmaba: 'A cada uno su mérito. Lo he pedido por activa y por pasiva. Encarna Roca ocupa cuota PSOE, tiene el apoyo del PSC y con el PP se ha consensuado'.

El buen clima lo propició, según los negociadores, la voluntad de 'empezar de cero'. Sin los lastres del pasado. Apartando a los aspirantes al TC con trayectoria más polémica: Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado en los siete años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y Enrique López, exportavoz del Poder Judicial y auténtico escollo en los procesos de renovación anteriores. Rajoy, no obstante, podrá resucitar la candidatura de López en 2013, cuando pueda proceder al relevo de los dos magistrados del Constitucional cuya designación corresponde al Ejecutivo.

La última incógnita, ya menor, son las fechas. En algunos casos, los candidatos deben ser elegidos formalmente por los plenos de las Cámaras. Y eso será en las sesiones de los próximos 17 y 18 de julio.

Fin, pues, de una larguísima etapa de desacuerdo y bloqueo institucional que comenzó en 2008, cuando falleció uno de los magistrados del TC, Roberto García-Calvo. Pero fin caótico y tardío, al límite, de un jugoso reparto de poder. 

-Presidente conservador o progresista, próxima batalla del TC

El acuerdo de los tres partidos comprende un total de 23 candidatos. 12 fueron aportados por el PP, ocho por el PSOE, uno por CiU, otro pactado entre socialistas y convergentes y uno más consensuado entre PSOE e IU. 

1. Defensora del Pueblo: Soledad Becerril Bustamante (a propuesta del PP). Sustituye a Enrique Múgica, que salió del órgano el 30 de junio de 2010.

2. Adjunto a la Defensora del Pueblo: Francisco Fernández Marugán (PSOE). 

Cuatro magistrados al Tribunal Constitucional, en sustitución de Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera (progresistas), Javier Delgado y el fallecido en 2008 Roberto García-Calvo (conservadores), cuyo mandato caducó en noviembre de 2010: 

3. Juan José González Rivas (PP).

4. Andrés Ollero Tassara (PP).

5. Fernando Valdés Dal-Ré (PSOE). 

6. Encarna Roca i Trias (a propuesta del PSOE, aceptada por CiU). 

Doce consejeros al Tribunal de Cuentas. Los seis que elegirá el Congreso son los siguientes:

7. Ramón Álvarez de Miranda García, presidente (PP), que repite. Releva a Manuel Núñez.

8. Ángel Algarra Paredes (PP), nuevo. 

9. María José de la Fuente y de la Calle (PP), nueva. 

10. José María Suárez Robledano (PP), nuevo. 

11. Enriqueta Chicano Jávega (PSOE), nueva. 

12. María Antonia Lozano Álvarez (cuota PSOE, propuesta por IU), nueva. 

Y los seis que designará el Senado son estos:

13. Javier Medina Guijarro (PP), que repite. 

14. Margarita Mariscal de Gante  y Mirón (PP), nueva.

15. Manuel Aznar López (PP), nuevo. 

16. Lluís Armet i Coma (PSOE), que repite. 

17. Felipe García Ortiz (PSOE), que repite. 

18. María Dolores Genaro Moya (PSOE), nueva. 

Y finalmente, los cinco candidatos a la Junta Electoral Central que elige el Congreso (los otros ocho son magistrados del Supremo y los designa el CGPJ por sorteo):

19. Pedro González-Trevijano Sánchez (PP), que repite. 

20. Alfonso de Esteban Alonso (PP), nuevo.

21. Pablo Santolaya Machetti (PSOE), que repite. 

22. Carmen Chinchilla Marín (PSOE), nueva. 

23. Joan Manuel Trayter Jiménez (CiU), que repite.