El Tribunal Supremo ha archivado por unanimidad la causa abierta contra el lehendakari Patxi López y su antecesor en el cargo, Juan José Ibarrtexe, por reunirse on dirigentes de la izquierda abertzale en 2006, durante el alto el fuego de ETA.

La sala, que entiende que las reuniones no son constitutivas de delito, considera que las acusaciones populares -Foro de Ermua y Dignidad y Justicia- estaban legitimadas para solicitar la apertura de juicio oral en un procedimiento como estableció la doctrina Atutxa del alto tribunal, informa Ángeles Vázquez.

Sin embargo, al entrar al fondo del asunto, ha decidido mantener el sobreseimiento acordado por el TSJPV al no ser los hechos constitutivos de delito.

La Sala debía decidir si aplicaba la conocida como doctrina Botín, que es la que se impuso hace un año, o la doctrina Atutxa, que hubiera sentado nuevamente a los lehendakaris en el banquillo de los acusados.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha defendido que el lehendakari Patxi López actuó 'de buena fe' al reunirse con los miembros de la ilegalizada Batasuna.

La Ejecutiva Federal del PSOE ha expresado hoy su satisfacción por el archivo de la causa, mientras que Eusko Alkartasuna cree que el archivo  es la 'consecuencia lógica' de un juicio 'basado en el absurdo' en el que 'se ha intentado criminalizar el diálogo, una de las bases de la democracia'.

Por su lado, el portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, acata la decisión y espera que 'ese tremendo error no se vuelva a repetir'.

El presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero , ha acusado a los magistrados de haberse dejado influenciar por las 'presiones políticas' para exculpar al actual lehendakari y a su antecesor.

La decisión judicial llega justo un año después de que El TSJPV archivase la causa dirigida también contra el actual consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, y los representantes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Rufino Etxeberria, Pernando Barrena, Juan José Petrikorena y Olatz Dañobeitia, por falta de acusación legítima.

En aquella ocasión la decisión se adoptó con el voto en contra de su presidente, el magistrado Manuel Rábago, quien consideran suficiente la acusación ejercida por el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia. Entonces, el TSJPV optó por aplicar la llamada 'doctrina Botín' del Tribunal Supremo.

No obstante, el Foro de Ermua y la asociación Dignidad y Justicia recurrieron la decisión al defender que se debía haber aplicado la doctrina que condenó al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA).

19 de abril: El lehendakari Juan José Ibarretxe se reúne en Ajuria Enea con una delegación de Batasuna integrada por Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.

27 de abril: El Foro Ermua se querella en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra Ibarretxe, Otegi, Barrena y Petrikorena.

9 de junio: El TSJPV admite a trámite la querella.

5 de julio: El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón rechaza suspender la reunión anunciada de los dirigentes del PSE-EE Patxi López y Rodolfo Ares con representantes de la izquierda abertzale.

6 de julio: López y Ares se reúnen en un hotel donostiarra con Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia.

10 de julio: El PP del País Vasco denuncia en el TSJPV a los participantes en la reunión entre el PSE y Batasuna.

12 de julio: El Foro Ermua se querella contra López, Ares, Otegi, Etxeberria y Dañobeitia.

10 de octubre: El juez instructor del TSJPV Ricardo Saiz ordena iniciar la fase de instrucción en el proceso contra Ibarretxe.

30 de enero: El juez toma declaración a Otegi, Barrena y Petrikorena por la reunión con el lehendakari.

31 de enero: Ibarretxe declara por primera vez, como imputado, ante el TSJPV.

26 de marzo: Ibarretxe declara por segunda vez en el TSJPV tras ampliar la querella el Foro Ermua tras reconocer el lehendakari que se había reunido en más de una ocasión con Batasuna.

13 de abril: El juez acepta la personación de la asociación Dignidad y Justicia como acusación popular.

16 de abril: Declara en el tribunal la portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate.

19 de abril: Patxi López y Rodolfo Ares prestan declaración en el TSJPV, al igual que Otegi, Etxeberria y Dañobeitia.

28 de junio: El juez da diez días de plazo a las partes para solicitar la apertura del juicio o el sobreseimiento del caso.

11 de julio: El Foro Ermua presenta su petición de penas de prisión para los imputados.

9/10 de julio: Ibarretxe, López y Ares piden el archivo de la causa.

18 de julio: Dignidad y Justicia presenta su petición de penas para los imputados.

27 de julio: El TSJPV desestima los recursos de los acusados contra su procesamiento.

23 de octubre: El TSJPV rechaza los recursos de las defensas contra la decisión del instructor de continuar con la causa penal.

30 de octubre: El juez instructor abre juicio oral a Ibarretxe, López, Ares, Otegi, Barrena, Etxeberria, Petrikorena y Dañobeitia.

5 de noviembre: La Fiscalía pide la absolución de todos los procesados en su escrito de conclusiones provisionales.

5 de diciembre: El juez instructor remite sus actuaciones a la Sala de lo Penal del TSJPV.

2008

21 de mayo: El TSJPV estima las recusaciones planteadas por los acusados y aparta del caso a los tres magistrados que debían juzgarlo (Fernando Ruiz Piñeiro, Nekane Bolado y Antonio García).

26 de mayo: El TSJPV designa el nuevo tribunal, compuesto por Antonio Subinas, Juan Carlos Benito-Butrón y Manuel Díaz de Rábago.

6 de octubre: El tribunal fija el inicio de la vista oral para el 8 de enero de 2009.

2009

8 de enero: Comienza la vista oral.

12 de enero: El TSJPV decide el sobreseimiento de la causa al entender que la acusación popular, ejercida por el Foro Ermua y Dignidad y Justicia, no tiene la condición de 'acusación legítima' en este proceso y por tanto no es suficiente para seguir con el juicio.

13 de enero: El Tribunal Supremo dice que el Foro Ermua y Dignidad y Justicia sí estaban legitimadas para acusar, pero confirma el archivo del caso al estimar por unanimidad que los hechos no constiuyen delito.