Este artículo se publicó hace 12 años.
El Supremo rebaja a seis años y medio la condena a Arnaldo Otegi
El alto tribunal considera que tanto él como Usabiaga pertenecen a ETA pero no en "grado de dirigentes". El exlider de Batasuna seguirá sin poder presentarse a unas elecciones hasta 2022 y estará en la cárcel ha
No son dirigentes, pero sí miembros de ETA. Esa es la conclusión a la que ha llegado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tras revisar los recursos interpuestos por el exlíder de Batasuna Arnaldo Otegi y el exdirigente de LAB Rafa Díez Usabiaga, condenados por su implicación en el grupo Bateragune.
La Audiencia Nacional condenó a todos ellos a 10 años de prisión, al considerarlos dirigentes de ETA, porque, a juicio del tribunal, el grupo pretendía reconstruir Batasuna, la marca de la izquierda abertzale ilegalizada en 2003. Ahora su integración en Bateragune no es considerada como determinante para señalar a Otegi y a Usabiaga como líderes de la banda. Son sólo integrantes y por ello les reduce la pena de diez a seis años y medio de cárcel.
La Sala de lo Penal que preside Juan Saavedra estima parcialmente el recurso presentado por ellos, ya que ahora los considera sólo coordinadores de Bateragune. Según la sentencia, compuesta de 175 páginas, "esa coordinación del grupo no justifica la catalogación como dirigente, al tenor de la doctrina jurisprudencial que ha quedado expuesta y que reserva tal categoría a la cúpula de la organización criminal".
De hecho, a Otegi y a Usabiaga les atribuye "una posición similar" a la de los otros tres condenados por Bateragune, "asumiendo como único protagonismo respecto de éstos el control con los medios de comunicación". "Dicho en palabras coloquiales", añade el texto, en ser la "cara visible ante los medios de la nueva estrategia concebida por ETA" para reconstruir la izquierda abertzale radical.
En plano de igualdad con los otros condenadosEl Alto Tribunal tampoco considera que en las reuniones que mantuvo el grupo en Francia, y que se incluyen en el sumario de la causa, se refleje "dato alguno que justifique esa superioridad de mando en la toma de decisiones". De hecho, como el propio recurrente se encargó de recordar en su texto, "una lectura íntegra de la sentencia combatida lleva a la diferente conclusión de que ejecutaron sus actividades desde un plano de igualdad con los restantes recurrentes".
En todo caso, no admite la parte sustancial del recurso que presentaron las defensas de los cinco condenados por Bateragune -Otegi, Usabiaga, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez- ya que estos solicitaron a los magistrados del Supremo su absolución e "inmediata puesta en libertad" al entender que no se valoró que todos ellos se situaron "en los márgenes e incluso en contra" de los intereses de ETA, tal y como lo han demostrado hechos posteriores.
A Zabaleta, extesorera del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV) a Rodríguez, responsable de Haika en Araba y a Jacinto, el Alto Tribunal también les rebaja la pena de ocho a seis años, si bien sigue considerando acreditado que formaban parte de un grupo escogido dentro de las filas de la izquierda abertzale que, "en plena connivencia y siguiendo las superiores directrices de ETA, en la que se hallaban integrados, diseñaban una estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas".
No podrá ser lehendakari, hasta 2022La sentencia reduce las penas de cárcel, pero mantiene "la inhabilitación especial acordada por la Audiencia por el tiempo de las respectivas condenas". De esta forma se mantiene para Otegi la prohibición de presentarse a cualquier proceso de elecciones para los próximos diez años. Su nombre había sonado con fuerza en los últimos meses como posible candidato de la izquierda abertzale para la lehendakaritza. Pues bien, el exlíder de Batasuna no podría concurrir a unos comicios hasta 2022.
En el caso de que no se le apliquen beneficios penitenciarios, Otegi estará en prisión hasta 2016. Por su implicación en Bateragune, el entonces juez Baltasar Garzón ordenó su ingreso en la cárcel de forma preventiva en 2009. De esa forma la condena que ha sido corregida por el Tribunal Supremo se cumpliría dentro de cuatro años.
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