Un testigo asegura que se alteraron facturas para proteger a Camps

Dos de los principales testigos del caso reforzaron ayer ante el juez la tesis de que Francisco Camps, president valenciano, recibió varios miles de euros en trajes de la trama corrupta de la Gürtel. De sus testimonios se deduce, además, que dirigentes del PP maniobraron para que la Justicia no llegara a descubrir este hecho. Según fuentes cercanas al caso, el que en el momento de los hechos era informático de las tiendas en las que las prendas de vestir fueron adquiridas, Francisco Ferri, afirmó ante el juez que él mismo manipuló tres facturas por orden del dueño del establecimiento, Eduardo Hinojosa.

Por su parte, el que era sastre y director comercial, José Tomás, recordó que Hinojosa dio la orden de falsear la contabilidad tres días después de recibir la visita de Federico Trillo, responsable del área de Justicia en el PP. El sastre recordó que así lo había declarado ante un juez Miguel Marqués, otro de los trabajadores de la empresa. Más tarde, a preguntas de los periodistas, Tomás dijo que Camps no pagó nunca "ni una peseta" de los trajes.

Estas declaraciones se produjeron en el transcurso de la vista preliminar que se celebró ayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), donde el llamado caso de los trajes se instruye desde hace dos años y tres meses. Durante todo el día, el juez instructor, José Flors, escuchó a los testigos que quedaban por declarar o que, habiendo comparecido anteriormente, tenían que añadir alguna otra información relevante para la investigación. También se revisaron las pruebas que habían quedado pendientes.

"No pagó ni una peseta", dice
de Camps el sastre
que le hizo la ropa

Camps está acusado de cohecho pasivo impropio. Se le acusa de recibir varios miles de euros en trajes de la trama corrupta. En el mismo periodo en el que el president recibió las supuestas dádivas, los empresarios que presuntamente le agasajaron recibieron contratos millonarios de la Administración autonómica. Después de la vista preliminar celebrada ayer, el magistrado tiene de plazo hasta el viernes para anunciar si Camps y los otros tres imputados en el caso -el diputado del PP Ricardo Costa, el exvicepresident de la Generalitat Víctor Camps, y un alto cargo vinculado al mismo partido, Rafael Betoret- son finalmente juzgados.

Ayer, el informático narró ante el juez cómo Hinojosa le indicó que había "errores" en varias facturas, y le pidió que alterara su contenido para subsanarlas. En concreto, lo que Francisco Ferri hizo, según su declaración testifical, fue borrar la palabra "Camps" de tres tiques que constaban como pendientes de pago. Precisamente esos tres tiques fueron los que luego, en su declaración antes el juez realizada dos meses más tarde, el president autonómico aseguró haber pagado en efectivo. En concreto, Camps dijo que había pedido prestado el dinero a su escolta porque, en ese momento no llevaba el importe necesario en metálico.

Después del informático, compareció el sastre. Ante el juez, según las fuentes citadas, llegó a mostrar las facturas tal y como eran antes de ser presuntamente manipuladas, con el apellido de Camps incluido. José Tomás explicó que estas facturas están incluidas en el sumario del caso, ya que, según su relato, la manipulación en el archivo informático se produjo después de que la Policía requisara la contabilidad de las tiendas, en las que estaban incluidos los tiques originales.

El juez decidirá en los próximos días si el president es juzgado por corrupto

La alteración de las facturas por parte del informático, después de recibir una orden de Hinojosa, se produjo en marzo de 2009. Ese mismo mes, Trillo acusó públicamente al sastre de haber falsificado facturas. El propio Hinojosa se sumó a esta acusación, hasta el punto de usarla como argumento para despedir a José Tomás. Sin embargo, la jueza que investigó el asunto llegó a la conclusión de que Tomás no había manipulado ningún documento contable, y por lo tanto consideró improcedente el despido. Más tarde, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira dio también la razón al sastre, ya que archivó la denuncia que Hinojosa presentó contra Tomás por el mismo tema.

En un auto emitido por el juez Flors en julio de 2009, el magistrado llegó a la conclusión de que había "una razonable base documental" para afirmar que el pago de las prendas de ropa se realizaba desde empresas que formaban parte de la trama.

La vista preliminar se extendió desde las diez de la mañana de ayer hasta las ocho de la tarde. Incluyó la intervención de dos peritos de la Agencia Tributaria que habían analizado la contabilidad de las tiendas de ropa. El informe dice que la documentación auditada "adolece de deficiencias" y retrata un panorama de caos contable. Concluye que la trama Gürtel pagó, como mínimo, cuatro trajes a medida encargados por Camps en noviembre de 2006 y que costaron 2.880 euros. También compareció el perito autor del informe sobre la contabilidad encargado por las defensas.

La vista oral
se celebraría
el próximo otoño con jurado popular 

Ante el juez declaró, además, la asesora fiscal de Hinojosa. Los dos últimos testigos fueron el chófer y el escolta de Camps. Fueron llamados a petición de la defensa. Cuando el president compareció como imputado ante Flors en mayo de 2009, declaró que la razón por la que pidió prestado a estas dos personas la cantidad necesaria para pagar la ropa es que él sólo llevaba dinero para pagar otras prendas que había planificado comprar. Añadió que su esposa, Isabel Bas, le había facilitado el dinero justo para esa adquisición, ya que es ella la que administra la economía familiar.

Otra causa para el PP

Tras la declaración de los testigos, cada una de las partes personadas en el proceso formularon sus conclusiones. No hubo novedades respecto a las posturas que ya se habían hecho públicas anteriormente. La Fiscalía Anticorrupción mantiene su acusación y pide una multa de 41.250 euros para Camps. La acusación popular, ejercida por varios diputados del PSOE valenciano, solicitó una pena de tres años de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público, aunque también pide alternativamente una pena de multa.

El TSJCV investiga al PP también por financiación ilegal y prevaricación

Las defensas de los cuatro imputados, por su parte, piden que el caso se archive. "No ha habido ningún elemento incriminatorio", afirmó a la salida del juzgado Ignacio Peláez, abogado de Rafael Betoret. También el abogado de Francisco Camps, Javier Boix, pidió en su momento el archivo de la causa porque su cliente, explicó, pagó todas las prendas de ropa que adquirió en esa tienda.

El llamado caso de los trajes no es el único proceso penal abierto contra dirigentes del PP valenciano. El TSJCV anunció recientemente que abrirá también una investigación por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho y financiación ilegal. Estos delitos fueron presuntamente cometidos por varios dirigentes del PP valenciano.

La Fiscalía pide una multa de 41.250 euros para Camps y el PSOE, cárcel

Entre ellos, está el exvicepresident de la Generalitat Vicente Rambla; la tesorera del partido, Yolanda García, la expresidenta de Les Corts Valencianes Milagrosa Martínez y el diputado y vicesecretario de Organización, David Serra. Los delitos se habrían cometido en la adjudicación de contratos públicos a la trama Gürtel de forma presuntamente irregular, y también en la captación de fondos para la campaña electoral de 2007, en la que grandes empresas adjudicatarias de la Generalitat habrían financiado al partido a través de empresas de la trama.

El TSJCV rechazó unir esta investigación al caso de los trajes porque consideró que no hay ninguna prueba de que el president Camps haya participado de forma directa en los hechos de esta segunda investigación.

Camps se ampara en la crisis para esquivar sus trajes

Ya es habitual. Ante cualquier nuevo paso de la Justicia, el president valenciano se encuentra de viaje, generalmente en Bruselas. Ayer, Francisco Camps acudió a un seminario sobre el Corredor Mediterráneo, la red de infraestructura del transporte que debería conectar el País Valencià con Europa, en parte gracias a fondos comunitarios. Preguntado en repetidas ocasiones sobre lo que estaba pasando en el TSJCV, Camps se negó a contestar. “Lo importante hoy de verdad para todos los españoles es la situación económica en la que estamos, que es gravísima”, aseguró. “En estos momentos, todos los valencianos pensarán que debo hacer lo que estoy haciendo, que es defender la economía de nuestra comunidad”, señaló el jefe del Ejecutivo autonómico.

DANIEL BASTEIRO