Al final todo se quedó en un gesto. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pascual Sala, no aceptó las dimisiones presentadas por el vicepresidente del Tribunal, Eugeni Gay, y los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez Vera. Ninguno de los tres tenía nada en común, salvo haber llegado juntos al Alto Tribunal, en noviembre de 2001. Transcurridos nueve años y siete meses desde entonces, cada uno de ellos envió una carta al presidente, en la que le informaba de su intención de dimitir por 'haber expirado el plazo' de su nombramiento.

Pascual Sala, que por la mañana se había comprometido a resolver a la 'mayor brevedad' posible, rechazó por la tarde las dimisiones a través de un decreto. Se remite a que el funcionamiento del Tribunal en pleno exige la presencia de dos tercios de sus magistrados y al 'volumen de procesos constitucionales pendientes sometido a su conocimiento'.

Gay denuncia la composición del TC cuando falló sobre el Estatut

Tras recordar la 'insustituible función institucional' del Tribunal, Sala afirma que, para 'garantizar la continuidad y estabilidad de este órgano', no puede aceptar las renuncias. No obstante, anuncia que hará 'nuevamente presente, al Congreso de los Diputados, la necesidad de observancia de los plazos de renovación constitucional y legalmente establecidos'.

En su misiva, presentada el pasado día 8, Gay confiesa que ha tenido 'la sensación de formar parte de un Tribunal secuestrado', algo que le transmitía a sus compañeros desde los tiempos de María Emilia Casas al frente de la institución. Agrega que, 'de manera infructuosa', le pidió que se dirigiera al presidente del Senado y a los responsables de los partidos mayoritarios 'para que dieran cumplimiento al mandato constitucional'.

El vicepresidente, que lo es desde enero, cuando se produjo, con más de tres años de retraso, la renovación de magistrados que le correspondía al Senado, también hace otra importante revelación. Dice que su 'convencimiento moral estuvo siempre' con lo que denunciaban las partes durante la tramitación del Estatut de Catalunya. Generalitat y Parlament se quejaban de que la falta de renovación del Tribunal hizo que resolviesen el polémico recurso magistrados a los que no les correspondía, al tener el mandato caducado.

El Senado tardó tres años en renovar y el Congreso va por el mismo camino

Las cartas de Delgado y Pérez Vera son mucho más breves y tienen fecha de ayer, aunque anunciaron su intención en el pleno del pasado día 7. Ambos mencionan razones personales para dar el paso, pero el telón de fondo lo marca el haber transcurrido 'ya muy sobradamente' el periodo de nueve años por el que fueron elegidos.

Delgado, que a diferencia de Pérez Vera y Gay se encuadra entre los magistrados del TC considerados conservadores, es muy escueto. Alega que 'no se ha respetado el mandato constitucional de renovación por terceras partes cada tres años' y destaca, un aviso a navegantes: 'Las cosas salen mejor cuando se cumple la Constitución y salen peor cuando no se cumple'.

Pérez Vera explica en su renuncia que 'la propia Constitución establece directamente los rasgos básicos de la composición del Constitucional, en cuanto al número de miembros y a la duración de su mandato, con lo que diseña un órgano de características específicas que no pueden alterarse sin desvirtuar la voluntad del poder constituyente'. No hacía falta decir más, pero aún añade: 'Y eso es justamente lo que se produce cuando se incumplen los plazos para la renovación de sus miembros'.

La iniciativa, sin precedentes, se justifica en la demora de la Cámara Baja

Esta es la primera dimisión en grupo que se produce en la historia del Tribunal. Pero la demora con la que se ha renovado el Constitucional tampoco tiene parangón. Los cuatro magistrados que le correspondía renovar al Senado fueron sustituidos con 37 meses de retraso, y María Emilia Casas se despidió del cargo abroncando a los partidos por ello.

De nada sirvieron 'aquellas afortunadas palabras', señala Gay, que lamenta que la composición del Tribunal (en una época en la que decidió asuntos tan importantes como el Estatut) contraviniese la Constitución. Tampoco surtieron efecto las gestiones realizadas por el que fue presidente en funciones, Javier Delgado, ni por el actual presidente, Pascual Sala, 'al más alto nivel institucional', porque desde el pasado diciembre, los partidos no han vuelto a tratar la renovación, pese a que desde noviembre le tocaba hacerlo al Congreso. Uno de los cuatro magistrados que correspondían a esta Cámara, Roberto García-Calvo, falleció en mayo de 2008 y todavía no ha sido sustituido.

La dimisión sin éxito de Gay, Delgado y Pérez Vera ha sido bien vista por las asociaciones judiciales. Jueces para la Democracia destacó el 'ejercicio de responsabilidad' que han mostrado, dada la 'complicada' situación del Constitucional. Su portavoz, José Luis Ramírez, denunció que las fuerzas políticas habían entrado en una 'lucha partidista' en la que se habían olvidado de velar por el 'sentido de Estado'.

En esa misma línea, se mostró el Foro Judicial Independiente. Su presidente, Javier Varona, calificó de 'espectáculo' la situación teniendo en cuenta la tardanza en ser renovado, informa EP. Y es que Varona tildó de 'lamentable' que los partidos 'se olviden de nombrar a los mejores' y opten por designar a los más afines.

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria calificó de 'respetable' y 'plausible' la decisión de los magistrados del TC y advirtió de que la 'obligación legal' de los partidos es renovar la institución. Consideró, además, que cuando un partido propone 'candidatos que no son adecuados' está provocando 'un bloqueo'. Se refería al candidato del PP Enrique López.