El constructor José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel por pagar presuntamente comisiones a la trama a cambio de adjudicaciones públicas, utilizó cinco de sus empresas para comprar en 2005 el yate Carmen Junior III a Francisco Correa. Según un informe elaborado por los expertos en delitos económicos de la policía y entregado al juez Antonio Pedreira el 24 de mayo, Ulibarri pagó casi 400.000 euros por el yate y el gasto lo distribuyó entre sus empresas, que declaraban encargos "ficticios" a la trama en lugar del motivo real del gasto.

La operación se llevó a cabo el año antes de que, según la investigación, Ulibarri obtuviera la adjudicación para construir 139 viviendas en Boadilla del Monte, el epicentro del caso Gürtel en Madrid, a cambio presuntamente de pagar a Correa una comisión de tres millones de euros. Ulibarri, cuyo conglomerado empresarial tiene como base Castilla y León, es un constructor muy próximo al PP y al Gobierno de esta comunidad, que tras su imputación en el caso Gürtel le adjudicó la gestión de la televisión autonómica.

En la operación participaron cinco empresas de Correa y cinco de Ulibarri

La operación del yate muestra la coordinación entre Ulibarri y Correa. En la adquisición, que tras la venta pasó a llamarse Itciar I, participaron diez empresas: cinco de Ulibarri (Peñalba, Begar SA, Begar Construcciones y Contratas, Conseil Cabinet y Seralia) y cinco de la trama (TCM, Easy Concept, Good and Better, Rialgreen y Pasadena).

Servicios teóricos

Formalmente, la venta se realizó de Pasadena a Conseil Cabinet por 223.000 euros. El resto se repartió a través de las otras empresas de Ulibarri y de la trama por teóricos servicios que nada tenían que ver con el yate.

La empresa matriz del constructor está en concurso de acreedores

"De esta forma se diluye el pago del sobrecoste de la embarcación en diferentes facturas emitidas por sociedades de Correa a distintas compañías de Ulibarri", sostiene la policía. Y añade: "Con ello se logra justificar la salida de fondos de las sociedades de Ulibarri y la entrada de los mismos a las de Correa, si bien no se corresponden con una verdadera prestación de servicios".

La operación "alteró la imagen fiel de los estados contables" de las empresas de Ulibarri Begar, su buque insignia, se encuentra en concurso de acreedores desde junio de 2009 y causó "un perjuicio a la Hacienda pública en forma de adulteración de las cuentas de explotación y de la liquidación del IVA".

Los servicios declarados, que la policía considera "ficticios" y con el objetivo de "enmascarar un sobrecoste de la embarcación", son encargos "genéricos y sin concreción". Las empresas de Ulibarri no han aportado las facturas requeridas alegando que no las han podido localizar, pese a que la ley obligaba a conservarlas hasta julio de 2010.

Estos servicios coinciden siempre con las anotaciones de la compra del yate que constan en el documento "Detalle Vta. Barco" que formaba parte del pen drive que la policía se incautó en el registro del domicilio del contable de la trama.

Anticorrupción no investigará un ‘pelotazo'

La Fiscalía Anticorrupción del área de Ponferrada (León) ha archivado la querella del sindicato ‘ultra' Manos Limpias contra un pelotazo urbanístico de 2002 que favoreció a José Luis Ulibarri.

El alcalde y diputado nacional del PP, Carlos López Riesco, que ayer se mostró exultante, cedió parcelas para construir 2.000 pisos en el barrio de La Rosaleda a Ulibarri, que pagó apenas un 20% del precio de mercado.

En 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la reforma urbanística que facilitó el proyecto. En 2008, el mismo tribunal anuló la adjudicación por falta de respeto del principio de publicidad y concurrencia.

Anticorrupción ha archivado las diligencias al no observar indicios de delito. La oposición mostró sorpresa porque el fiscal se limitó a solicitar información oficial.