Casi el 90% de las víctimas de trata rechazaron en 2011 la protección policial que la legislación española les garantiza si ellas colaboran con la justicia denunciando a sus explotadores. Desde que entró en vigor la última reforma de la Ley de Extranjería, en julio del año pasado, 752 mujeres tuvieron esa oportunidad, pero 669 la rehusaron, según informó a Efe Pedro Bernardo, jefe de la sección primera de la Brigada Central de Redes de Inmigración.

Las otras 83, en cambio, sí decidieron acogerse al artículo 59 bis de la nueva normativa, en el que se establece un periodo de 30 días de reflexión, en el que las víctimas deben decidir si cooperan con la justicia para encausar a los mafiosos que trafican con personas con fines de explotación sexual. Durante ese tiempo, a la víctima identificada "se le autorizará la estancia temporal" en España y tanto ella como sus hijos menores y discapacitados tendrán asegurada su "subsistencia, seguridad y protección".

La legislación les garantiza seguridad si declaran contra sus explotadores

Si finalmente deciden cola-borar en la investigación, podrán optar entre el "retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circuns-tancias excepcionales", reza la normativa.

"Hay muchísimas víctimas que desconocen sus derechos", lamentó Marta González, coordinadora de la asociación de apoyo a víctimas de trata Proyecto Esperanza. Otras, en cambio, "se encuentran entre la espada y la pared", añadió, enumerando algunas de las posibles causas del rechazo a colaborar con la justicia.

Una experta: «Muchas se encuentran entre la espada y la pared»

Además, no todas las mujeres consiguen la protección que ordena la nueva ley. De hecho, de las 83 que sí quisieron acogerse a ella, sólo 59 consiguieron la autorización de las respectivas delegaciones del Gobierno.

Estas deciden si autorizan o deniegan el estatus de víctima y, como tal, su protección y seguridad, en función de un informe elaborado por las Fuerzas de Seguridad competente. La credibilidad de lo testificado por la denunciante, la fiabilidad de las pruebas recogidas por la Policía o el testimonio de la ONG que respal-de a la víctima son algunos factores que influyen en dicha decisión.

Por estos motivos, González denunció la "revictimización" que a menudo sufren estas mujeres. Y es que además de haber sido explotadas por los mafiosos que se dedican a la trata de seres humanos, tienen que enfrentarse a que no siempre se las reconozca como víctimas o a que se las "instrumentalice" durante la investigación policial.