Esther Garín, de 21 años, tiene diagnosticado un grado de discapacidad del 88% con graves problemas de visión, una parálisis parcial en el lado izquierdo de su cuerpo e inteligencia límite. Después de siete años a caballo entre una escuela ordinaria y una de educación especial, ha logrado obtener la ESO y ahora sigue estudiando para sacarse una titulación oficial de auxiliar de ventas y atención al público. Su camino, sin embargo, no ha sido nada fácil, y su experiencia personifica el dilema latente que existe hoy en día en la sociedad sobre cómo enfocar la educación para personas con algún tipo de discapacidad intelectual.

Según datos del Departamento de Educación de la Generalitat, en el Área Metropolitana de Barcelona se concentran 51 de los 114 centros de educación especial que hay en Catalunya. Pero de los 36 municipios que conforman el AMB sólo 13 cuentan con al menos un equipamiento de estas características. De estos, el 57% son privados, mientras que sólo el 14% están totalmente financiados con dinero público. Ante este panorama, surge el dilema: ¿se deben integrar todos los alumnos en escuelas ordinarias, o es preferible reforzar la presencia de centros que atiendan las necesidades individuales de las personas con inteligencia límite?

"El día que lo pasé peor fue cuando Esther me comentó que se habían olvidado de ella en clase", relata algo angustiada Cristina, su madre. La etapa más dura fue durante sus tres años de secundaria, que cursó en una escuela ordinaria. "No solamente era el hecho de no tener amigos, sino que no podía participar en la mitad de las actividades. Cuando tocaba educación física... ¡al banquillo!", cuenta Esther. "Si se iban de excursión a la montaña, nos decían: ‘¡Uy, mejor que se quede en casa, no vaya a ser que le pase algo!’", añade. Por estos motivos madre e hija recibieron con recelo el nuevo proyecto de ley educativa del PSOE, la Ley Celaá, aprobada en febrero por el Consejo de Ministros y que propone integrar a las personas matriculadas en centros de educación especial en otros centros ordinarios.

La reforma ha quedado paralizada por el adelanto de las elecciones generales del 28 de abril, pero, en cualquier caso, la integración del colectivo de personas con discapacidad forma parte de la agenda política. A principios de diciembre, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley Orgánica de modificación de la Ley del Régimen Electoral General (Loreg), que permitirá a todas las personas con discapacidad, sin exclusiones, ejercer su derecho a voto en las próximas elecciones. Un cambio legislativo que daba respuesta a la petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y que permitirá la participación en los comicios de cerca de 100.000 personas que, hasta la fecha, no lo habían podido hacer al estar ingresadas en centros o declaradas legalmente incapaces.

Ferran Felius, vicepresidente de la federación Dincat, que vela por la dignidad y la vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, ve la reforma de la ley educativa como "un tema de extrema complejidad, tanto por los recursos económicos que supondría como por la formación que requerirían los profesores de las escuelas ordinarias", apunta Felius, que asegura que es indispensable permitir a las familias escoger en qué centros quieren escolarizar a sus hijos. "Cerrar las escuelas de educación especial sería un error. No son guetos", defiende.

El derecho a escoger fue, precisamente, lo que salvó a Esther del ostracismo. "Fue un alivio conocer a la ACIDH [Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà]", afirma Cristina. Esta asociación, que también intenta mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, cuenta con un centro escolar en el barrio de Gràcia de Barcelona. Judith Reig, su directora, rehúye calificar a la escuela como "especial", y ve la asociación "como una muleta que se puede tomar cuando sea necesaria". Según Reig, el sistema educativo "debe ser capaz de potenciar al máximo las posibilidades de las personas" y, desde su punto de vista, el sistema inclusivo en escuelas ordinarias "los excluye de sus necesidades como personas". Cuando los alumnos finalizan la educación obligatoria, el mismo centro les ofrece programas de formación e inserción con titulación oficial. "La variedad debería ser más amplia, pero la realidad es que sólo el 20% de nuestros estudiantes serían capaces de sacar adelante un grado medio", concluye Reig.

Fundaciones como Aura se encargan de encontrar empresas dispuestas a firmar convenios de prácticas, así como a incorporar en sus equipos profesionales a personas con alguna discapacidad intelectual. Su función, según explica la directora de la entidad, Gloria Canals, es la de prepararlos para tener habilidades transversales que les ayuden a encontrar empleo con mayor facilidad. "Primero los escuchamos y, posteriormente, tratamos de formar cursos personalizados para cada uno", explica Canals. Para que la inserción funcione es muy importante que exista un acompañamiento de los chicos y chicas en el entorno laboral. "Tenemos monitores que se encargan de dirigirlos y ayudarlos para que sean capaces de cumplir con el trabajo asignado de manera autónoma", añade Canals. Y, pese a que la mayoría de estos trabajos suelen ser bastante mecánicos, cada vez más se está demostrando que las personas con discapacidad intelectual son un gran activo en el ámbito creativo.

LA UNIVERSIDAD, UNA UTOPÍA

Pese a que la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad así lo reconoce en su artículo 24, sacarse un título superior sigue siendo un objetivo poco probable para este colectivo. Dejando aparte el hecho de que por ley las universidades públicas sólo están obligadas a reservar el 5% de sus plazas para personas con algún tipo de discapacidad, Judith Reig, directora de la asociación ACIDH, entiende que proponerle a una persona con inteligencia límite que acceda a un grado superior es llevarla "hacia la frustración final". Ferran Felius, de la federación Dincat, no se muestra tan categórico: "Aunque es difícil, sí se podrían adaptar grados de tres años para que se pudiesen llegar a hacer en diez".

UN EQUIPO DE DISEÑADORES MUY 'CAPACES'

La Casa de Carlota es un estudio de diseño singular, no sólo porque en él trabajan personas con discapacidad intelectual, sino también por su ubicación. Situado en el barrio de Fort Pienc, en Barcelona, de pasado industrial y ahora refugio de diseñadores, su local –la nave de una fábrica– evoca el trabajo repetitivo, jerárquico y clasista de los años de máximo apogeo de la revolución textil, con su espacio diáfano para el proletariado y, al fondo, las oficinas para los capataces. Es casi irónico que aquellas instalaciones acojan ahora una iniciativa tan creativa e integradora.

Joan Teixidó, publicista, trabaja en su despacho con la banda sonora que producen todo tipo de rotuladores percutiendo sobre láminas de papel. Teixidó se unió al proyecto poco después de que José María Batalla, otro reconocido publicista, lo iniciase en el año 2013. "Cuando me lo propuso, pensé que se había vuelto loco. Los creativos siempre estamos intentando decir lo mismo de una manera distinta, pero pensé que sería imposible integrar a personas con autismo o con síndrome de Down en una disciplina de trabajo", admite Teixidó. Poco a poco, el tiempo le fue quitando la razón. "Al vivir de una manera diferente, su forma de expresarse también lo es. No tienen ningún tipo de imaginario colectivo y eso potencia su creatividad. Nadie les ha cortado las alas", explica el publicista. Y lo ejemplifica con una anécdota personal: "Un día me encontré a un chico dibujando peces volando. Al preguntarle por qué volaban me respondió: "¿Y por qué no?"".

La Casa de Carlota se ha convertido en un espacio en el que trabajan, codo con codo, profesionales consagrados, estudiantes de último curso de diseño y personas con discapacidad. En la sala principal, un grupo de unas 10 personas, todas ellas con algún tipo de discapacidad intelectual, trabajan siguiendo las pautas marcadas por la directora de arte. "Estamos haciendo el packaging para una marca de cafés. Yo me encargo de los fondos", cuenta Odile, la más veterana del grupo. Joan, otro de los creativos allí sentados, responde a la pregunta sobre qué es lo que más le gusta: "A mí, comer mi tupper. Ya después, pintar", dice Joan, mientras enseña un texto suyo colgado en la pared del local, escrito con el rotulador más grueso que encontró en el estudio.