Si alguna vez leen o escuchan a alguien decir “estamos ante un caso de lawfare de manual”, desconfíen. Porque si bien es cierto que el lawfare no es un animal mitológico sino una manera de proceder, también lo es que el modo en que se llevan a cabo las acciones de lawfare no sigue, en todos los casos, un patrón preestablecido. 

Objetivo: socavar la independencia del Poder Judicial

A priori, según cuentan Jaume Castan Pinos y Mark Friis Hau en un esclarecedor libro titulado, precisamente, Lawfare. New Trayectories in Law (Routledge, 2023) hay tres dimensiones distinguibles en cuanto a este tipo de prácticas: una geopolítica que involucra a Estados y organismos internacionales; otra interna con una variante que estos autores denominan “lawfare de Estado”; y una última que califican de asimétrica, y que afectaría a colectivos y organizaciones de la sociedad civil. 

Podría decirse que el lawfare interno socava la independencia del Poder Judicial, ya que los tribunales tienen el potencial de volverse serviles y, por lo tanto, un vehículo útil para el logro de objetivos políticos por parte de actores hegemónicos. A su vez, esto puede comprometer al Estado de derecho, uno de los pilares esenciales sobre los que descansa cualquier democracia. 

La judicialización del conflicto y de la política en general junto con la pérdida de independencia del Poder Judicial están en el origen del ‘lawfare’

Aunque el lawfare interno es utilizado principalmente por actores gubernamentales y estatales, también puede ser empleado por partidos de oposición como parte de una estrategia para empantanar la iniciativa legislativa de un gobierno. Sin embargo, dado que el lawfare interno requiere recursos sustanciales y dirigir el Ejecutivo suele ser una base más sólida para controlar el Poder Judicial que estar en la oposición, es más frecuentemente empleado por actores gubernamentales o hegemónicos.

El lawfare no surge de la nada. Tienen que darse ciertas condiciones previas a su aparición. La judicialización del conflicto y de la política en general junto con la pérdida de independencia del Poder Judicial, son el perfecto caldo de cultivo para su emergencia. 

Cuando hablamos de judicialización de la política debemos atender, al menos, a dos cosas diferentes. Por un lado, la ampliación del papel de los tribunales o los jueces a expensas de quienes formulan las políticas; es decir, la transferencia de la capacidad de hacer política a los tribunales. Esto implica la exportación de la metodología propia del ámbito judicial al estrictamente político y, en consecuencia, un protagonismo cada vez mayor de los tribunales para decidir sobre problemas para los que la política debería tener una respuesta. Por otro lado, si esta judicialización va acompañada de una pérdida de independencia del Poder Judicial, puede ocurrir que los tribunales se conviertan en instrumentos —no contrapesos— del Ejecutivo.

En cualquier caso, mientras que la judicialización de la política implica una deriva, un proceso, el lawfare remite a acciones concretas. Acciones que tienen una naturaleza coercitiva en virtud de la cual el poder se presenta en una de sus versiones más crudas. Como dice Martín Pallín en su tribuna, “el lawfare propugna aplicar los instrumentos de la Justicia para eliminar al enemigo político”. Por eso, conviene insistir en que el lawfare es una forma de gobierno inherente a los sistemas autoritarios, de manera que cuando se detectan prácticas o acciones de lawfare en democracia se deben encender todas las alarmas, analizar las razones por las que está sucediendo y proponer fórmulas que lo contengan. 

Eso, en esencia, es lo que venimos a hacer en este especial, en el que nos hemos centrado en el lawfare que tiene lugar dentro de las fronteras de un Estado nación, en nuestro caso, España; y que podría estar amenazando los delicados equilibrios sobre los que se sustentan la democracia y el Estado de derecho. La instrumentalización de la ley que comportan las prácticas de lawfare puede tener lugar de distintas maneras: mediante el recurso a tribunales afines, a través de acciones de denuncia permanentes —muchas veces iniciadas y/o amplificadas por medios de comunicación— y de decisiones judiciales alineadas con ellas, o de interpretaciones legales forzadas o sesgadas. Tenemos ejemplos de todos los ítems de este catálogo en la historia reciente de España.

El ‘procés’ y el fiscal general del Estado, a juicio

Dice Ignacio Sánchez Cuenca en su texto que en el lawfare primero se establece la conclusión y luego se viste jurídicamente. Nadie a estas alturas puede ser tan ingenuo como para no percibir que eso es lo que ha ocurrido con el fiscal general del Estado, hasta el punto de que el fallo condenatorio se conoció casi veinte días antes que la propia sentencia. Nuestro especial se concibió y encargó meses antes de que el Tribunal Supremo tomara una decisión que condena a García Ortiz al considerarle a él o “una persona de su entorno” responsables de haber filtrado el correo de la confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso, a pesar de la falta de pruebas, como explica magistralmente mi compañera Ana M. Pascual. Pero sin duda, antes del caso del fiscal general del Estado, el del procés fue, cuando se habla de lawfare en España, otro de los grandes temas.

Los estados de excepción, las órdenes especiales, el encarcelamiento de líderes políticos y de la sociedad civil y la pérdida temporal de libertades civiles y políticas son elementos clave en la forma en que los gobiernos emplean la ley estatal para resolver disputas de orden territorial. Si bien esto puede ser eficaz en el corto plazo, también puede debilitar la posibilidad de acuerdos a largo plazo debido al aumento de los agravios entre los oponentes políticos. El proceso que se desata a partir de la ofensiva del Tribunal Constitucional contra el Estatut en 2010 y que alcanza su cénit con la reacción del Gobierno de Rajoy ante la consulta de 2017, contiene una serie de acciones de lawfare contra el independentismo cuyas consecuencias busca reparar la ley de amnistía. Damià del Clot describe esta ley como “un pacto político jurídicamente articulado que intenta dar una respuesta política a un problema político”. En otras palabras, un intento de devolver al terreno de la política la gestión de un conflicto que nunca debió saltar de ese ámbito al jurídico.

Puesto que, como vengo diciendo, el lawfare puede definirse como una estrategia consistente en utilizar la ley de forma espuria para reprimir, debilitar o destruir a rivales políticos, conviene detenerse, como hace Ana M. Pascual, en los perfiles de algunas de sus víctimas recientes en España. Vicky Rosell, Mónica Oltra, Ada Colau y otros dirigentes y políticos de izquierdas, junto con algunos líderes del procés, han sido puestos en la picota, con graves consecuencias personales y políticas. En una medida importante, la pérdida de respaldo electoral de Podemos es incomprensible sin la permanente labor de zapa llevada a cabo por organizaciones y medios del ecosistema ultra que encontraron el apoyo de jueces como García Castellón, obsesivo y minucioso con los morados, y benevolente hasta límites extraordinarios con el Partido Popular en su instrucción de la Kitchen. Por jueces como éste y por todos aquellos que, como nos recuerda María Eugenia Rodríguez Palop en su tribuna, salieron a manifestarse contra las reformas propuestas desde el ministerio de Félix Bolaños el pasado verano, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había determinado que tal acción era ilegal, a nadie debe chocar que la ciudadanía española tenga tan mala opinión de la Justicia. Y es que, como afirma Joaquín Urías, en España tenemos jueces que no han hecho aún la Transición.

Las organizaciones judiciales niegan, asimismo,la existencia del ‘lawfare’ y responsabilizan a los políticos de intentar instrumentalizar la Justicia

Y, sin embargo, cuando Pilar Araque pregunta a las principales organizaciones judiciales a qué atribuyen esta mala imagen, casi todas ellas responden que a un clima político enrarecido y proclive a que se desprestigie el trabajo que los tribunales llevan a cabo. Las organizaciones niegan, asimismo, la existencia del lawfare y responsabilizan a los políticos de intentar instrumentalizar la Justicia. Mientras en los regímenes totalitarios el lawfare es inherente al sistema, en las democracias liberales se puede considerar una práctica anómala. Por ese motivo, para mejorar el funcionamiento de un sistema político cuando se constata la existencia de casos de lawfare, conviene abrir un debate sobre qué mecanismos arbitrar para contener estas tendencias. 

En la entrevista que el coordinador de política de Público, Sato Díaz, le hace a Dolores Delgado, la exministra de Justicia y ex fiscal general del Estado pone el foco en el rol de jueces y fiscales, como “administradores de justicia” y se remonta al pasado reciente para dar las claves de la situación actual. Si bien considera que nuestro sistema de justicia es mejorable, Delgado tiene claro que las bases sobre las que descansa son “aceptables”, en sus propias palabras. 

Y puede que así sea, pero lo cierto es que la preocupación por una Justicia inclinada hacia la derecha también viene por la admisión a trámite de las decenas de demandas interpuestas por una serie de asociaciones de ideología de extrema derecha que han decidido copar la actividad de los tribunales. Organizaciones y asociaciones como Hazte Oír, Manos Limpias o Abogados Cristianos hace tiempo que han iniciado una ofensiva política que no tiene visos de detenerse. El ruido se ha vuelto insoportable, como cuenta nuestra compañera Begoña P. Ramírez.

Por último, Víctor López pregunta a expertos y expertas sobre cuáles deberían ser los caminos que debería seguir la Justicia para regenerarse. Revertir una cultura esencialmente conservadora mediante la renovación de las fórmulas de acceso a la carrera judicial y el sistema de gobierno de los jueces, y desvincularse del bipartidismo, marcan el horizonte hacia el que deberíamos avanzar, aunque parece muy complicado que, al menos de momento, vayamos a hacerlo. ◼