Las otras víctimas de la guerra judicial

La instrumentalización de los juzgados para ganar batallas políticas, más conocida por el término inglés lawfare, se erige hoy como un poderoso agente del juego político, y se intenta legitimar a base de reproducirse en diferentes escenarios a lo largo y ancho del Estado. Con el lawfare se pretende perjudicar a un rival político vertiendo sobre él el peso de la justicia. El coste de esta práctica no sólo se mide en cuanto a pérdida de calidad democrática; también a nivel personal hay un coste altísimo: las víctimas y sus familias se ven defenestradas, incluso cuando la causa no acaba en condena, por el hecho de representar a un determinado partido político o estar situadas en un determinado espacio del poder ejecutivo. 

 El calendario para iniciar la batalla judicial es crucial: siempre antes de unas elecciones o en momentos críticos de un gobierno

Este sistema espurio comienza con una denuncia con la que abrir una causa en un juzgado, pese a que no tenga visos de recorrido o esté fundamentada en noticias falsas. Una vez implantada la semilla judicial, es necesario que engorde para que la investigación se pueda prolongar en el tiempo todo lo posible. Es importante que el asunto acabe en las manos del juez apropiado para mantener viva la denuncia, que debe contar también con eficaces altavoces mediáticos. El calendario para iniciar la batalla judicial es crucial: siempre antes de unas elecciones o en momentos críticos de un gobierno. 

Con todos estos elementos, la causa podría acabar en un procesamiento, aunque la mayoría de las veces su destino natural es el archivo. Pero no importa, porque el objetivo se habrá cumplido si el prestigio y la carrera política de la víctima han sido machacados y, por ende, se ha extendido la sombra de la corrupción al partido que representa.

Desde las falsedades que contenían los sumarios de los consejos de guerra contra los represaliados tras el triunfo del bando sublevado, a partir de 1939, hasta el reciente juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, las personas damnificadas en España por la instrumentalización de la justicia con fines políticos comparten en su mayoría una ideología progresista. Un dato significativo. 

Victoria Rosell: un caso de ‘lawfare’ de manual 

Condenado por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental a seis años y medio de cárcel y a 18 de inhabilitación, el exjuez Salvador Alba, en prisión en estos momentos, representa el mejor ejemplo de cómo se ejerce la persecución judicial en un contexto político y de cómo sus actos ilícitos afectaron gravemente a la imagen y a la carrera de la magistrada Victoria Rosell (Murcia, 1968), a raíz de dar el salto a la política como cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados por Las Palmas.

Rosell, en la actualidad magistrada en la Audiencia Provincial de Las Palmas tras haber desempeñado el cargo de delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, resultó elegida diputada en las elecciones generales de diciembre de 2015, por detrás en número de votos del líder del PP en Canarias, el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria. En aquel contexto de gran adhesión social al proyecto de Podemos, desde el mismo juzgado que Rosell dejó en excedencia y que ocupó el juez Salvador Alba, se fraguó una operación para neutralizar el avance de ‘los morados’, a través de uno de sus puntales: Victoria Rosell.

¿Qué hizo el juez Alba? Utilizó su posición de juez de instrucción para introducir en una causa datos falsos para perjudicar a Rosell. El 25 de marzo de 2016, el diario El Mundo publicó a toda plana una noticia cuyo titular rezaba: “El presidente de Las Palmas [Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez] confirma sus negocios con la pareja de la juez Rosell [el periodista Carlos Sosa]” y declara que “le prestaba dinero mientras era investigado por la hoy diputada de Podemos”. El escándalo fue mayúsculo. El ministro Soria interpuso una querella contra ella por presunta prevaricación. En mayo de 2016 Rosell dimitió como parlamentaria. Sin embargo, la causa abierta por la querella de Soria fue archivada en diciembre de ese año por inexistencia de indicios delictivos. El montaje contra Rosell se pudo demostrar fácilmente, pues Ramírez había grabado la conversación con el juez Alba en la que le instaba a mentir a cambio de favorecerle en la investigación de la que era objeto. 

Ahora el juez Alba, desde la cárcel, reclama venganza. Se querelló contra la pareja de Rosell, Carlos Sosa, por desvelar presuntamente en sus informaciones datos confidenciales médicos y de índole familiar. La querella fue admitida a trámite en un juzgado de Madrid, que ya ha abierto juicio oral contra el periodista. Alba reclama para Sosa 23 años de cárcel y 422.000 euros de indemnización. 

Mónica Oltra: así se acaba con una carrera política 

“Esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país”, clamó entre lágrimas Mónica Oltra (Neuss, Alemania, 1969) el 21 de junio de 2022, cuando dimitió como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, tras su imputación en una causa abierta por, presuntamente, haber encubierto los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la Conselleria de la que Oltra, dirigente de Compromís, era la titular en aquel momento. El exmarido de la vicepresidenta valenciana fue condenado a cinco años de prisión por aquellos hechos. 

Detrás de las acusaciones hay un frente ultraderechista. Por un lado, el abogado que representaba a la entonces menor tutelada era el líder de la organización fascista España 2000, José Luis Roberto. Y por otro, Vox y su cofundadora, Cristina Seguí, también están personados. Además de los políticos, sin embargo, hay otros intereses en la causa judicial contra Mónica Oltra, prácticamente abocada a juicio por el empeño de la Audiencia Provincial de València, pese a que el juez instructor ha archivado la investigación dos veces por falta de indicios.

“Seguid la pista del dinero”, pidió Oltra en una intervención en Les Corts, a donde llevó una curiosa fotografía. En ella se puede ver a Alberto de Rosa, entonces presidente del Grupo Ribera Salud y hermano del juez Fernando de Rosa, que fue exconseller de Justicia de la Generalitat Valenciana en el Gobierno de Francisco Camps; al propio expresident Camps y a Cristina Seguí, en la estación del AVE de Atocha de Madrid, el 21 de septiembre de 2021, poco antes de abrirse la investigación judicial contra Oltra y 14 trabajadores de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

El Grupo Ribera Salud gestionó, durante los gobiernos del PP en el País Valencià, dos hospitales de titularidad pública, que con el Ejecutivo del Botànic —coalición entre los socialistas valencianos, Compromís y Podemos, entre 2015 y 2023— fueron devueltos al sistema público. Con aquella medida, Ribera Salud dejó de ganar muchos millones de euros.

Ada Colau: freno al uso espurio de la Justicia 

La titular del Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, Carmen García, abroncó, en diciembre de 2023, a los responsables del fondo de inversión Vauras por presentar una querella contra Ada Colau (Barcelona, 1974), alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023, que buscaba el “efecto mediático que supone involucrar a un partido político [Barcelona en Comú]”. Añadía la jueza, en su auto de archivo, que Vauras emprendió acciones penales contra Colau “simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda que propició durante su mandato”, puesto que le causaban “perjuicios” que “no justifican la implicación en un proceso penal a políticos, por el mero hecho de estar al frente del Ayuntamiento de Barcelona”. Carmen García frenó aquel intento de instrumentalización de la justicia contra Ada Colau y su equipo. 

 ¿Qué hubiera pasado sin todos los titulares y mi imagen yendo a declarar al juzgado en bucle en los medios?

La querella de la sociedad Vauras Investment relataba presuntas coacciones en el sentido de no volver a recibir licencias de obras si no ofrecía pisos en alquiler social a las familias desahuciadas del Bloc Llavors, en el barrio de Poble-Sec, tal y como ordenaba la ley de vivienda catalana. Colau tuvo que declarar por esta causa dos meses antes de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023; comicios tras los que dejó de ser la alcaldesa de Barcelona. 

Después de conocer el archivo, la exalcaldesa manifestó en sus redes sociales que la querella del fondo de inversión Vauras era un ejemplo de lawfare y se preguntó si el proceso judicial pudo haber influido en los resultados electorales: “En las últimas elecciones, el actual alcalde del PSC sacó un concejal más, con solo 141 votos más. ¿Qué hubiera pasado sin todos los titulares de lawfare y mi imagen yendo a declarar al juzgado en bucle en los medios?”.

Hay que recordar que la jueza Carmen García inadmitió la querella de Vauras en noviembre de 2020 al no apreciar indicios de delito, pero en abril de 2022, la Audiencia de Barcelona admitió el recurso del fondo y ordenó reabrir la causa, aunque rebajando considerablemente el número de delitos investigados.

‘Caso Neurona’ : imputaciones durante tres años a Podemos

Desde las finanzas de Podemos hasta las relaciones de amistad de la exministra Irene Montero (Madrid, 1988) con dos trabajadoras de la formación morada, pasando por las obras de la sede del partido. Todo ello fue convenientemente fiscalizado en el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, a cargo del juez Juan José Escalonilla, durante tres largos años, manteniendo imputados a varios cargos de la formación y al propio partido como persona jurídica. 

La macrocausa ‘Neurona’ partió de una especie de vendetta contra Podemos que fue oportunamente rentabilizada después de que la formación de Pablo Iglesias formara gobierno con el PSOE

La macrocausa Neurona se abrió por una denuncia, en julio de 2020, presentada por un abogado que fue despedido del partido, José Manuel Calvente. Lo que en realidad era una especie de vendetta contra Podemos fue oportunamente rentabilizada pocos meses después de que la formación de Pablo Iglesias formara gobierno con el PSOE. Así, el 30 de abril de 2021, cuatro días antes de las elecciones autonómicas de Madrid, los telediarios abrían sus ediciones de la noche con el inicio de la investigación judicial del llamado caso Niñera, una de la docena de piezas separadas en que quedó dividida la macrocausa, que en su línea principal investigaba si la consultora mexicana Neurona había llevado a cabo trabajos para Podemos durante la campaña electoral de las elecciones de abril de 2019 o el dinero había sido, en realidad, una comisión encubierta.

El caso Niñera rozó el ridículo judicial. El juez investigó si dos trabajadoras de Podemos habían ejercido de cuidadoras de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias. Finalmente, Escalonilla archivó esta pieza al no poder acreditarse que “persona alguna, ajena a los propios padres se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público (sic)”. 

Una a una, todas las piezas fueron archivándose hasta que, en diciembre de 2023, llegó el cierre total del caso Neurona. “No cabe apreciar la presunta comisión de un delito de apropiación indebida de fondos electorales”, indicó el juez Escalonilla para cerrar la investigación sobre los trabajos de la consultora mexicana Neurona para Podemos. Sin embargo, el juez no vertió en su auto de archivo ni una sola línea de autocrítica ni de reflexión sobre cómo es posible mantener una investigación de ese calibre durante tanto tiempo a un partido político con representación parlamentaria sin que de las pesquisas fuera aflorando ni un solo indicio delictivo. 

Alberto Rodríguez: un escaño arrebatado injustamente 

El caso del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1981) supuso un episodio inédito en la reciente historia de la democracia española y mostró cómo un parlamentario puede perder su escaño por una condena a una pena inexistente en el ordenamiento jurídico español. 

Rodríguez fue juzgado en septiembre de 2021 en el Tribunal Supremo como aforado que era en aquel momento por un delito de atentado a la autoridad en el marco de una protesta de 2014 en La Laguna (Tenerife) contra la ley educativa del PP. Un policía acusó a Alberto Rodríguez de darle una patada durante los altercados que se produjeron. La agresión no quedó acreditada en el juicio, pero el policía denunciante insistía en que la patada la recibió de Rodríguez. Y el tribunal acabó condenando, en octubre de 2021, al diputado por aquella patada, aunque dos magistrados emitieron un voto particular discrepante, sosteniendo que Rodríguez debió ser absuelto porque no había quedado probada la agresión.

El Tribunal Constitucional estimó el amparo reclamado por Alberto Rodríguez y manifestó que la pérdida del escaño fue una medida “desproporcionada” que vulneró los derechos a la participación política

La sentencia, ponencia del magistrado Manuel Marchena, condenó a un mes y medio de cárcel a Alberto Rodríguez por un delito de atentado a la autoridad. Como la condena mínima de privación de cárcel en España es de tres meses, el Supremo no tuvo más remedio que sustituir la pena de prisión por el pago de una multa de 540 euros. La condena conllevaba la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la misma, lo que supuso la pérdida del escaño, algo a lo que instó el propio Marchena, por entonces presidente de la Sala de lo Penal, a la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en una carta como respuesta a la petición de aclaración de la condena. 

En octubre de 2023 el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el caso: estimó el amparo reclamado por Rodríguez y manifestó que la pérdida del escaño fue una medida “desproporcionada” que vulneró los derechos a la participación política y a la legalidad penal del entonces diputado. Una pena de cárcel tan nimia, que en realidad ni siquiera llegó a existir, no se podía corresponder con una pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, que había provocado finalmente la pérdida del escaño, acordó el Constitucional en su sentencia de amparo. El Tribunal de Garantías anuló la condena de inhabilitación, pero ya sin ningún efecto directo, sino como algo simbólico. 

Rodríguez ha solicitado una indemnización de 134.000 euros al Congreso en base al dinero que dejó de percibir entre noviembre de 2021, cuando perdió el acta de diputado, y la disolución de la legislatura, en 2023. La Mesa de la Cámara ha derivado la petición al Consejo de Ministros, que aún no ha estudiado el asunto. 

Un juez polémico contra Puigdemont 

El juez Joaquín Aguirre, al frente del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, se jubiló en medio de una fuerte polémica, el 15 de enero de 2025, tras tres décadas instruyendo causas complejísimas con numerosas ramificaciones, como el caso Grand Tibidado, una de las empresas insignia en Catalunya que hundió el financiero Javier de la Rosa en los años 90.

Aguirre se hizo cargo, en 2018, de la investigación sobre un presunto fraude de subvenciones en la Diputación de Barcelona y el asunto acabó derivando en el caso Volhov, sobre la hipotética injerencia del gobierno ruso en el procés independentista. Se convirtió en una macrocausa en la que el juez desoyó a la Audiencia Provincial de Barcelona, que le ordenó cerrar las pesquisas por haberlas prorrogado indebidamente. Pero no sólo no las cerró, sino que además abrió una pieza separada, sin nuevos indicios delictivos, para imputar a los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas los delitos de traición y malversación, cuando ya estaba en vigor la ley de amnistía. 

Paralelamente, se hicieron públicos unos audios en los que el juez se jactaba delante de unos funcionarios del juzgado de que “la ley de amnistía se frenó por mí”, en relación al fracaso de la primera votación en el Congreso de la norma por la oposición de Junts. Su aversión a la amnistía también quedó patente en una entrevista en un medio alemán, en la que abiertamente denunció la “influencia directa de Rusia en el proceso de independencia de Cataluña” mientras que estaba instruyendo la causa. 

Pese a todo esto, no se le abrió expediente en el Consejo Judicial del Poder Judicial. Y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya rechazó la querella que algunos de los investigados presentaron contra el juez por prevaricación, al entender que la investigación del caso Volhov fue “prospectiva” y “fantasiosa”. ◼