En España los procedimientos judiciales son tan curiosos que uno aprende enseguida a mantenerse lo más apartado posible de ellos, en especial si no se dispone de la ideología adecuada. Estos días, por ejemplo, hemos sabido que Isa Serra, una diputada de Podemos de poco más de cuarenta kilos, puso en serio peligro la vida de varios agentes de Policía blindados hasta las cejas durante un proceso de desahucio. Nos hemos enterado antes incluso de que se haga pública la sentencia, gracias a OKDiario, que tiene relaciones muy estrechas con el Tribunal Supremo. También descubrimos hace poco más de una semana que usted puede falsificar un máster universitario o fabricar un título de la señorita Pepis siempre y cuando sea usted lo bastante de derechas como para caer al fondo de un pozo de mierda y salir limpia como una paloma.

Estos y otros vistosos ejemplos de jurisprudencia montaraz son el asombro del mundo entero, sobre todo de Europa, donde a cada tanto los tribunales quisquillosos se dedican a revisarnos sentencias y clavarnos multas millonarias únicamente por la envidia que nos tienen. Spain is different!, el famoso eslogan con que Fraga promocionó la industria turística en los sesenta, va mucho más de la paella, los toros y el desparpajo con que Alfredo Landa entraba a ligar en una playa atestada de suecas kilométricas. La justicia española no sólo descubrió la teoría de la relatividad mucho antes que Einstein sino que la utilizó en campos mucho más productivos que la energía atómica y casi igual de contraindicados.

La Audiencia Provincial de Madrid acaba de emitir otro de esos fallos escandalosos -directamente oriundos del verbo fallar- que se estudiarán durante décadas en las mejores academias de circo y en las escuelas del Ku-Klux-Klan. Han desestimado el recurso presentado por la Fiscalía contra el cartel electoral de Vox en el que se comparaba desfavorablemente el gasto de manutención de los menas con la pensión de una abuela. A los magistrados les interesa poco o nada que las cifras barajadas por Vox en su cartel electoral (4.700 euros por menor) sean un evidente disparate, ya que los menas "representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio". Tal y como está redactado el auto, con esa intransitable e indigesta prosa jurídica, da la impresión de que quienes representan un evidente problema social y políticos con efectos en nuestras relaciones internacionales, más que los menas, son los magistrados.

En definitiva, y por si fuera poco, la Audiencia subraya que se trata de propaganda electoral y que no se puede prohibir la libre circulación de ideas, aunque esas ideas no sólo sean racismo puro y duro, no sólo estén basadas en mentiras palmarias sino que además esas ideas consistan básicamente en criminalizar a los menores no acompañados y considerarlos poco menos que una plaga. Una vez sentado este precedente, no sería extraño ver en la próxima campaña carteles alertando sobre el peligro de los homosexuales violando niños en cuadrilla, recomendando a las mujeres que no salgan de la cocina o comparando a los inmigrantes subsaharianos con monos.

Hay que remontarse al legado de juez Roy Bean, quien se denominaba a sí mismo "la única ley al oeste del río Pecos", para encontrar sentencias tan vistosas como las que florecen al sur de los Pirineos. Bean ejercía su cargo en Vinegaroon, un pequeño pueblo de Texas, en un bar presidido por el retrato de Lillie Langtry, flanqueado por una Biblia, un oso pardo y un jurado compuesto exclusivamente de borrachos. Una vez acusaron a un irlandés de haber asesinado a un chino y el juez Bean hojeó el código penal para acabar concluyendo que allí no se decía nada sobre matar chinos. "De ahora en adelante" dice Paul Newman en El juez de la horca, "yo seré la ley: conozco bien las leyes porque las he incumplido todas".