El pasado 8 de febrero, la historiadora y editorialista Sophie Bessis escribía en Le Monde un artículo sobre las consecuencias de la llegada al poder en Israel de "una coalición de extremas derechas racistas, supremacistas y ultrarreligiosas", a las que hacía responsables de la reciente explosión de violencia en Cisjordania. Recordemos que solo en enero de este año fueron asesinados por el ejército israelí 35 palestinos, entre ellos nueve niños, la cifra más alta desde 2015, y que Israel sigue bombardeando Gaza y extendiendo sus colonias en territorio palestino: hasta 65 "puestos de avanzada", embriones de futuras colonias, han sido legalizadas este año por el nuevo gobierno de Netanyahu. Como bien dice Bessis, la respuesta palestina, fruto de una "desesperación mortífera", es inseparable de las condiciones de vida en Palestina y de la total falta de esperanza en un futuro de paz y de justicia.

La historia no empieza ahora. Todo lo contrario: desde 1948, fecha de la partición, y desde 1967, año de la Naksa, la situación de los palestinos bajo la ocupación israelí no ha dejado de degradarse. Todas las resoluciones de Naciones Unidas, violadas sistemáticamente por Israel, se han revelado inútiles a la hora de encontrar una solución que garantice el derecho de los palestinos sobre al menos una parte de su territorio histórico. Los acuerdos de Oslo en 1993, pese a todas las concesiones, nunca fueron respetados por Tel Aviv. Treinta años después, cuando muchos de los regímenes dictatoriales del mundo árabe han establecido o están a punto de establecer relaciones diplomáticas con Israel, la soledad, aislamiento y desesperanza en Gaza y Cisjordania alcanzan una hondura abismal. Como he dicho otras veces, los palestinos no son el pueblo más olvidado de la tierra (pensemos en los baluches, los uigur o los saharauis) pero son sin duda el pueblo más públicamente olvidado del mundo: aquel cuya inexistencia se nombra una y otra vez, siempre que los ocupantes israelíes cometen una tropelía y Occidente calla o los apoya.

Sophie Bessis habla de la responsabilidad de los israelíes, muchos de los cuales se manifiestan estos días contra las reformas judiciales de la ultraderecha, fuente de amenaza para la democracia, pero que siguen considerando "democrática" la ocupación de Palestina y la extensión implacable de las colonias. Que el partido del supremacista Ben-Gvir se haya convertido en la tercera fuerza del Parlamento y el propio Ben-Gvir en ministro de Seguridad Nacional indica claramente hasta qué punto estas políticas son transversales tanto a la población como a los sucesivos gobiernos israelíes. Pero Bessis no se detiene aquí;  habla también del "cinismo" y la "ceguera" de los occidentales y, en concreto, de los europeos, cuya responsabilidad señala con indisimulable irritación. Como ejemplo, cita la última resolución de la Asamblea General de NNUU, no vinculante, que condena la extensión de las colonias israelíes en territorio palestino. EEUU, Inglaterra, Alemania, Italia votaron en contra; Francia y España se abstuvieron. Ni siquiera la existencia de un gobierno de ultraderecha ha llevado a la UE, tan justamente beligerante contra Rusia, a aumentar ligeramente su presión sobre Israel. La UE, que ha invertido mucho dinero en infraestructuras destruidas por Tel Aviv, ha aceptado ser rehén, contra sus propios intereses, de un Estado que viola sin parar los DDHH que dice defender.

Es en este contexto en el que hay que inscribir la decisión del ayuntamiento de Barcelona de suspender provisionalmente -no romper- sus acuerdos de hermanamiento con Tel Aviv, firmados en 1998 para incluir también a la ciudad de Gaza en una iniciativa de cooperación triangular que nunca llegó a prosperar. Con el respaldo de más de cien organizaciones sociales (entre ellas la Associació Catalana de Jueus i Palestins Junts) y más de cuatro mil firmas de vecinos, amparada en la autoridad de las resoluciones de las Naciones Unidas y en las denuncias de "apartheid" realizadas por Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la asociación israelí B'Tselem, la decisión de Ada Colau ha provocado reacciones furibundas en la derecha española. Eran de esperar. La cuestión es que cuando pienso en esa decisión me descubro a mí mismo calificándola de "valiente". ¿Por qué "valiente"? ¿Por qué un gesto así debe ser considerado "valiente" y defendido desde la izquierda como si se tratase de una medida rebelde, extrema o radical? ¿Por qué parece, según se dice, "controvertida"? Nadie juzgó ni valiente ni controvertida la decisión de Ada Colau de interrumpir el hermanamiento de Barcelona con San Petersburgo tras la criminal invasión de Ucrania por parte de Rusia. Era lo normal, lo decente, aquello que coherentemente debía hacer una institución europea comprometida en la defensa del Derecho internacional. ¿Por qué en el caso de Tel Aviv no es lo mismo?

Aplaudí la decisión de Ada Colau en relación con San Petersburgo y aplaudo y apoyo ahora su decisión respecto de Tel Aviv. Es normal, es decente, es coherente; gracias a ella Barcelona y España y Europa son más normales, más decentes, son más ellas mismas. Europa no puede aplicar, sin daño para sí misma, una política de DDHH de geometría variable; Europa no puede traicionar sus valores y principios sin que su credibilidad internacional sufra menoscabo; Europa, aún diría más, no puede abandonar al pueblo palestino sin hacer inviable, al mismo tiempo, la existencia de Israel como Estado, existencia que ni los propios palestinos cuestionan ya pero que no podrá sobrevivir a la entropía destructiva de la ocupación; y mucho menos si la ultraderecha supremacista gobernante profundiza la utopía fundacional del exterminio y la anexión.

Hay muchos motivos, en definitiva, por los que las instituciones de la UE, incluso más allá del Derecho y de la ética, deberían imitar al ayuntamiento de Barcelona. Ada Colau ha tomado la iniciativa y señala un camino que, en favor de la normalidad democrática y del propio interés europeo, deberían adoptar otras ciudades y otras instituciones de Europa. Contra el "cinismo" y la "ceguera" denunciados por Bessis (nada sospechosa, como tampoco Le Monde, de radicalismo pro-palestino), en un contexto muy frágil de policrisis y desdemocratización global, Europa debe tomarse en serio, todo el tiempo y en todas partes, la defensa del Derecho internacional o resignarse a sucumbir definitivamente como idea y como potencia.

Israel ha explotado desde el principio la fraudulenta identificación sionista entre su política colonial y la existencia del pueblo judío, de tal manera que Europa, cuna del antisemitismo, siempre ha tenido miedo de distinguir claramente entre ambas cosas. No criticar, denunciar o presionar al Estado de Israel por temor a ser acusados de antisemitismo significa convertir a los judíos de todo el mundo en rehenes de políticas criminales que, en realidad, los "desjudaízan", puesto que "judío" no es o no solo una religión o un pueblo: es, si se quiere, el patrimonio universal de todas las vulnerabilidades y todas las injusticias. La decisión de Ada Colau también ayuda a romper esa identificación propagandística y a recordar esta dolorosa filiación histórica. Cuando mata, coloniza o se anexiona territorios; cuando viola los derechos humanos, bombardea civiles y encarcela niños, Israel traiciona ese patrimonio y deja de ser "judío" y "judaíza", aún más, a sus víctimas palestinas. El gesto de Colau, dirigido contra las políticas de Israel, busca proteger ese patrimonio del que los judíos forman parte, como víctimas que fueron de la barbarie, sí, pero como artífices también del Derecho que se elaboró contra ella: ese Derecho internacional que hoy debe proteger, de manera prioritaria, como una cuestión de supervivencia ética y democrática, el inalienable derecho de los palestinos a una vida digna en su propio Estado.

Gracias a Ada Colau por encabezar esta obra imprescindible de normalización de Europa.