Esta semana (6 febrero) se ha aprobado al fin la Ley de Europea Interoperable con la esperanza, más que promesa, de que servirá para que los organismos públicos de la Unión Europea (UE) puedan intercambiar información y tecnología entre ellos de manera fluida. En plena era del big data, la Inteligencia Artificial (IA) y los datos abiertos (open data), se vuelve a confirmar cómo la legislación va muy por detrás de las necesidades y el ritmo que marca la tecnología. 

El objetivo es tan loable como lógico y, por ello, su llegada excesivamente tardía: que pueda reutilizarse la información entre los Estados miembro para mejorar el desarrollo y la gestión de la UE. Obviamente, todo ello ha de realizarse con las debidas salvaguardas de protección de datos personales y privacidad; no en vano Europa cuenta con una de las legislaciones más proteccionistas del mundo al respecto con su Reglamente General de Datos Personales (RGDP). 

¿Cómo se pone en práctica esta Ley de Europea Interoperable? Pues no es una tarea sencilla, dado que para romper con los silos de informaciones entre los diferentes países es preciso apostar de una vez por todas por una combinación de software libre y estándares abiertos; algo que ni siquiera se ha hecho dentro de los propios Estados. Para muestra, un botón: si usted vive en Málaga, se va de vacaciones a Madrid y sufre un accidente, los servicios sanitarios de la capital no podrán acceder a su historia clínica en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Imaginen si ese trabajo no se ha realizado aún en pleno siglo XXI –con todos los riesgos y perjuicios que implica para la ciudadanía-, cómo se va a poder llevar a cabo en toda la UE. 

Uno de los grandes obstáculos para que esta interoperabilidad sea una realidad es el poder que tienen las grandes tecnológicas. Esta ley es clara al inclinarse por soluciones de código abierto (open source), es decir, aquellas que "no conllevan términos de licencias restrictivos", siempre y cuando sean equivalentes "en funcionalidades, coste total, orientación hacia el usuario, ciberseguridad u otros criterios objetivos relevantes".  

Ni siquiera parece que el ahorro económico vaya a hacer de esta interoperabilidad una realidad palpable. Según los datos que maneja la propia UE, el ahorro de costes anual estimado atribuido a la interoperabilidad transfronteriza oscila entre 5,5 y 6,3 millones de euros para la ciudadanía y entre 5,7 y 19,2 mil millones de euros para las empresas. Diversas organizaciones, como la Free Software Foundation Europe, han criticado la redacción de la ley por dejar la puerta demasiado abierta al software comercial, lo que dificulta la interoperabilidad. Ha faltado ambición, critican. 

A medida que venzan los actuales contratos de licencias de software comercial se podrá ir viendo el compromiso real de los países con el cumplimiento del espíritu de la ley. También se verá en las nuevas contrataciones públicas, sea con el modelo de licencia o de software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) pero, a decir verdad, quienes llevamos años observando el panorama tecnológico no albergamos grandes esperanzas. Ni siquiera la nube (cloud computing) ha conseguido romper la baraja, puesto que las promesas de aperturismo e interoperabilidad han quedado en papel mojado.  

Tanto en el sector público como privado, las organizaciones están apostando por entornos híbridos multinube. ¿Qué significa esto? Que una parte de sus sistemas permanecen en sus centros de datos y otra es migrada a la nube, pero no con un único proveedor, sino con varios. Migrar aplicaciones y cargas de trabajo de una nube a otra ni es sencillo ni barato. Esa complejidad trasladada al ámbito de la Administración Pública y su habitual anquilosis tiene un resultado fatal.