Tenemos una democracia imperfecta, poco participada, y unas condiciones de vida que dificultan dicha participación. Sin tiempo no hay democracia, pues hay una relación entre atención y renta. Los ricos no saben cuanto cuesta un café y los pobres se olvidan de presentar el último impreso para recibir una ayuda esencial porque su vida carece de tiempo para atender a los detalles.

En esa democracia imperfecta tenemos un mecanismo imperfecto de participación llamado "Iniciativa Legislativa Popular". Consiste en que si medio millón de personas apoyan con su firma una propuesta de ley, el gobierno tiene la obligación de tramitarla. Tramitarla quiere decir someterla al parlamento.

En los últimos años ha habido dos grandes iniciativas legislativas populares. La primera la presentó al congreso la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Tenía tres puntos muy básicos: parar los desahucios, aceptar la entrega del piso para cancelar la deuda con el banco (lo que se llama "Dación en pago") y el alquiler social. El Partido Popular tumbó la ILP de la PAH. Si no lo hubiera hecho, habría aprobado una ley que habría evitado una enorme violencia a las familias españolas y se habría evitado, seguramente, el nacimiento de Podemos y las candidaturas municipalistas que llegaron al poder en buena parte de las capitales de provincia del país. Se ganó poder político, se perdió poder social. El mecanismo de la ILP quedó como una herramienta inútil ante un poder incapaz de abrirse a lo social.

La segunda ILP llegó hace unas semanas al congreso y pide la regularización de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras esenciales que no tienen papeles en España. Nuestros vecinos y vecinas, sus hijos e hijas. La iniciativa logró más de 700.000 apoyos, pero consiguió algo más. En un congreso mucho más diverso (dividido lo llaman algunos), donde no hay mayorías absolutas, no sólo salió aprobada la iniciativa (votada a favor por muchos diputados que son diputados porque hace unos años el PP votó en contra de la ILP de la PAH, pero también por muchos otros) sino que recogió un consenso enorme.

El Congreso tramitará la iniciativa popular para regularizar 500.000 personas migrantes

Una amiga que trabaja en el tercer sector me contaba hace unos días que muchas ONGs que participaron en la recogida de firmas de la ILP están muy agradecidas a Cáritas y a las organizaciones cristianas que estuvieron ligadas a la campaña por presionar al Partido Popular para que terminara votando a favor de la ley. Todas las organizaciones sociales presionaron en aquellos lugares dónde tenían poder para hacerlo.

En un congreso que en los últimos meses se ha caracterizado por la pelea espectacularizada, las fake news, el barro, el "y tú más" y el bloqueo partidista de iniciativas que podían mejorar de forma muy concreta y muy directa la vida de los españoles, este tipo de consensos es raro. Y, sin embargo, nadie ha querido darle mucha importancia a este hecho, en mi opinión, relevante.

No soy ingenuo. La ILP será enmendada, el juego político en el interior del palacio institucional empezará ahora. Se intentará paralizar en lo posible el desarrollo de la ley (que por cierto ya paralizó la convocatoria de elecciones anticipadas en 2023). El proceso de enmiendas también hará que las expectativas iniciales se reduzcan. El Ministerio de Interior capitaneado por Marlaska no quiere saber nada de un proceso de regularización extraordinario.

Todo eso es cierto, pero no es menos cierto que una enorme red organizada desde las propias personas migrantes que viven en nuestro país es hoy más fuerte de lo que era ayer, que hay una parte de las fuerzas políticas de la cámara que van a empujar por la tramitación rápida y sin rebajas y que por la camino la sociedad es más fuerte de lo que era.

Como decía al principio, nuestra democracia es imperfecta, profundamente desigual y las condiciones de partida para la participación son muy difíciles, pero a partir de ahí, es sorprendente (o quizás no tanto) como una y otra vez se demuestra que la sociedad civil organizada es capaz de conseguir demandas que hace apenas unos años nos parecían imposibles y, de nuevo, con niveles de consenso altísimos no sólo entre las fuerzas políticas, sino en la propia ciudadanía.

No es sólo la cantidad de apoyo popular a la iniciativa, ni el resultado de la votación, sino fundamentalmente cómo un asunto que está fuera de las agendas mediáticas y que cuando aparece sólo lo hace de la mano de la extrema derecha o de la reproducción de su agenda a través de otras terminales (a veces poderosamente cerca del campo progresista), interrumpe en la normalidad de "los temas" parlamentarios y obliga a hablar de un tema invisibilizado mediática y políticamente. Desplaza el marco de la discusión de la normalidad de la opinión pública en torno a la política institucional y pasa a poner el foco en las personas corrientes y sus necesidades. Eso también es poder.

La participación democrática fue quedando relegada del centro de las propuestas de las plazas a la periferia de los acuerdos de gobierno. Y, sin embargo, el país avanza más y mejor cuanto más ancha es la vía por la que puede transitar la iniciativa ciudadana. Quizás es una herramienta que sería útil volver a poner de moda socialmente y desarrollar aún más políticamente.