¿Cuánto valen las vidas de las 25.000 personas que la negligencia de una poderosa multinacional segó hace más de un cuarto de siglo en la ciudad india de Bhopal?¿Cuál es el precio de otras tantas agonías de piel, ojos y pulmones quemados por un gas que se sabía letal y que se almacenó a dos pasos de un barrio de chabolas?

La respuesta es dos años de cárcel y una multa de 8.900 euros (500.000 rupias) para la filial india de Union Carbide, la multinacional norteamericana que causó la masacre y dejó luego a las víctimas abandonadas a su terrible suerte.

El veredicto indigna a las víctimas de la fuga de gas tóxico de la Union Carbide

El peor desastre industrial de la historia, la tragedia que sigue marcando las vidas de tres generaciones de habitantes de esta ciudad, poblada de niños que aún hoy nacen con terribles deformidades, ha quedado impune. La condena que dictó ayer un tribunal indio es tan "insignificante y tan tardía", en palabras de las víctimas, que sólo ha añadido desolación a una espera que comenzó en la madrugada del 3 de diciembre de 1984.

Esa noche de invierno, húmeda y fría, una nube tóxica de isocianato de metilo un veneno que sigue fluyendo en las fuentes de las que beben los pobres de Bhopal mató instantáneamente a centenares de personas que dormían en el suburbio de chabolas anexo a la fábrica. Más de 40 toneladas de un producto que en Europa estaba prohibido almacenar salvo en barriles de 200 litros, mataron a 3.000 personas sólo esa noche. Miles de habitantes de Bhopal, sin saber lo que les quemaba la piel, los ojos y los pulmones, se echaron a la calle corriendo a ciegas para intentar escapar antes de desplomarse abrasados. Otras 22.000 personas fueron muriendo después por envenenamiento. El veredicto de "muerte por negligencia" y la ínfima condena de ayer es una nueva herida para los supervivientes.

La multinacional de EEUU pagó unas indemnizaciones de 300 euros/persona

Después de un cuarto de siglo; después de saber que siete ejecutivos indios de Union Carbide apenas si pasarán una hora en la cárcel por cada muerto, las víctimas han comprobado que el principal responsable de la tragedia no se ha sentado aún en el banquillo de los acusados. Warren Anderson, el entonces presidente de la compañía, el hombre que le dijo al ingeniero español que le alertó del riesgo que la fábrica india sería "tan segura como una fábrica de chocolatinas", no ha respondido aún por Bhopal. Nada más suceder la tragedia, Anderson huyó y desde entonces está prófugo de la Justicia india.

"500.000 rupias no es nada. Apelaremos el veredicto hasta conseguir al menos cuatro de años de cárcel. Continuaremos con nuestro trabajo sin descanso hasta que Warren Anderson sea llevado ante la justicia", señaló a Público por teléfono la activistaRachna Dhingra.

"Existen pruebas suficientes de que Union Carbide Estados Unidos y Anderson sabían que el diseño de la planta de Bhopal estaba basado en tecnología no verificada, y también de que tenían el control sobre la seguridad de la fábrica. Fueron ellos quienes ordenaron reducir los costes. No se hará justicia hasta que los principales acusados sean llevados a juicio", señaló en una nota de prensa Rashida Bee, quien perdió a seis miembros de su familia en la catástrofe.

Pero la tragedia todavía no ha concluido y los desechos peligrosos, aún enterrados en la zona, se han filtrado en las aguas que dan de beber a 30.000 personas en los alrededores. Los activistas señalan que un número elevado de niños de la zona nacen ciegos, paralíticos o luego desarrollan cáncer. Un recorrido por las chabolas del barrio JP Nagar, cerca de la planta abandonada, muestra en la mayoría de los hogares la huella de terribles secuelas.

Union Carbide entregó 470 millones de dólares (392 millones de euros) como compensación económica al Gobierno indio, tan sólo un 15% de lo que este había reclamado. Las víctimas recibieron hace 20 años una media de 300 euros. En la actualidad, 350 toneladas de residuos tóxicos siguen abandonadas en un cobertizo de hojalata en la planta. Dow Chemicals, que compró Union Carbide en 2001, se lava las manos y asegura que con dicha indemnización el problema de Bhopal queda resuelto.

En un principio, los acusados podrían haberse enfrentado hasta diez años de cárcel por homicidio tras los cargos formulados en 1987 por el Buró Central de Investigación del Gobierno, pero en uno de los interminables meandros de la justicia india el Tribunal Supremo los redujo en 1996.

Sati Nath Sarangi, activista indio presente en Bhopal desde el primer día de la tragedia, sentenció ayer que "el peor desastre industrial de la historia ha sido reducido a un mero accidente de tráfico".