Hungría, el país que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, avanza hacia la ultraderecha. El motivo: su nueva Constitución, plagada de consignas conservadoras y preparada a medida del Gobierno del país. El Parlamento ha aprobado el texto por una holgada mayoría, pero con el rechazo en pleno de la oposición que critica que la nueva Carta Magna ha sido redactada exclusivamente por el partido del Ejecutivo.

Según han denunciado numerosos colectivos sociales, el Fidesz, la formación que dirige el primer ministro, Víktor Orbán, y que controla dos tercios de los escaños del Legislativo, el Gobierno ha preparado un instrumento que sirva a sus intereses políticos.

La Constitución ha sido aprobada con 262 votos a favor, 44 en contra y una abstención. El texto será ratificado por el presidente del país el próximo día 25 y entrará en vigor el 1 de enero de 2012. Los principales partidos de la oposición, el Partido Socialista Húngaro y los verdes de La Política puede ser Diferente, no han participado en la votación, durante la cual, curiosamente, el partido de extrema derecha Jobbik se pronunció en contra.

El Gobierno ha preparado un instrumento que sirva a sus intereses políticos

Para el Fidesz, la nueva Carta Magna es la culminación de las reformas iniciadas en 1989, al final de la época comunista. 'El hecho de que no haya ocurrido en los últimos 20 años es una gran deuda de los húngaros que cambiaron el régimen y de los actores políticos que han configurado el actual sistema', afirmó el portavoz del Fidesz, Janos Lazar, antes de la votación. 'Estamos intentando saldar esa deuda', añadió.  

El nuevo texto modifica el proceso de aprobación de medias relativas a las pensiones, los impuestos y las leyes regulatorias del banco central, que necesitarán de dos tercios de los votos del Parlamento para poder salir adelante, justo los escaños con los que cuenta el Fidesz, lo que aumenta la dificultad de que futuros gobiernos puedan revocar reformas actuales.

Varias encuestas revelan que el 57% de los húngaros consideran que la nueva Constitución debería haber sido sometida a referéndum. Las fuerzas de la oposición han hecho todo lo posible para intentar impedir la aprobación del proyecto constitucional porque consideran que debilita el sistema democrático y 'supone un grave retroceso'.

Según las encuestas, el 57% de los húngaros pedían un referéndum para aprobar la Constitución 

Entre otros poderes, la Carta Magna permitirá al Gobierno reducir la potestad del Tribunal Constitucional, 'principal contrapeso del Ejecutivo', en materia presupuestaria y permitir al presidente disolver el Parlamento si el presupuesto no es aprobado en el mes de abril. 

Asimismo, el Consejo Presupuestario, cuyos miembros son nombrados por el presidente del país por un periodo de 6 años, podrá vetar el erario. Y a partir de ahora el Tribunal Constitucional no podrá revisar medidas relacionadas con el presupuesto mientras que el endeudamiento estatal no se sitúe por debajo del 50%.

En estos momentos la deuda se encuentra en torno al 80%, por lo que desde la oposición lo consideran un mecanismo irreal. 'Es de un cinismo doloroso que esta injustificable limitación se haya consagrado en la constitución con un fin ilusorio que no se producirá durante la vida de nuestra generación', ha afirmado el expresidente Laszlo Solyom.

Uno de los puntos polémicos es la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, algo que los colectivos homosexuales consideran que les relega a ser ciudadanos de segunda categoría. Otro de los párrafos abre las puertas a una modificación de la ley del aborto al hacer referencia a que 'toda persona tiene derecho a la vida y a la dignidad humana, la vida del feto será protegida desde su concepción'.

El texto defiende que 'la vida del feto será protegida desde su concepción'

Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, la principal controversia se refiere a las comunidades magiares en otros países, como Eslovaquia, donde viven 500.000 húngaros. 'Hungría, guiada por el ideal de la nación húngara, asume la responsabilidad de todos los húngaros que viven en el extranjero', señala uno de los pasajes del nuevo texto.

La nueva Constitución instaura la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional como pena máxima y decreta el derecho a la legítima defensa y a la protección de la propiedad privada. La Constitución cambia también el nombre del país, que pasará de llamarse República Húngara a, simplemente, Hungría.