Un año desde que la Justicia europea volvió a reconocer que el Sáhara no pertenece a Marruecos

Tal día como hoy hace un año, el Tribunal General de la UE (TGUE) emitía una sentencia histórica en la que invalidaba los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos por no contar con el beneplácito del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario. Tras 12 meses, poco y mucho ha cambiado: los buques europeos continúan faenando en las aguas territoriales de la excolonia española, mientras que España ha dado un giro de 180º en su política sobre el Sáhara Occidental secundando a Marruecos.

Dos meses después del fallo de la corte de Luxemburgo, el Consejo de la UE lo recurrió ante el Tribunal de Justicia. Los europeos presentaron cuatro recursos de casación en los que demandan la anulación de la sentencia y que se condene al Frente Polisario a cargar con el coste judicial. La máxima instancia judicial europea debe ahora pronunciarse en un dictamen que será firme. Fuentes del Tribunal detallan que todavía no hay fecha fijada para la vista. De momento, este tiempo de gracia implica que la situación mantiene el statu quo. Es decir, los pesqueros europeos pueden continuar faenando en las aguas saharauis, que hospedan a más del 90% de las capturas contempladas en el acuerdo de pesca UE-Marruecos, hasta que exista una sentencia definitiva. Y en contrapartida, Rabat sigue ingresando una media de 50 millones de euros anuales por la vigencia de estos contratos.

2016, 2018 y 2021. La Justicia europea ha anulado en varias ocasiones los acuerdos de liberalización comercial que absorben las tierras y recursos de un Sáhara Occidental "separado" y "distinto" del país ocupante. Las sentencias no se posicionan en contra la existencia de estos acuerdos, que la UE ha forjado con países de todos los rincones del globo, sino que deja patente que no pueden explotar los recursos de un territorio en proceso de descolonización sin el consentimiento de su pueblo. En la última sentencia, el TGUE estima que el Frente Polisario es un actor "responsable" y "autónomo" con "reconocimiento a nivel internacional" y le confiere capacidad procesal ante el juez de la Unión. En el otro lado, la posición europea es defender que sí consultó al pueblo saharaui a través de "consultas" a las "poblaciones afectadas". Con todo ello sobre la mesa, el movimiento más esperado es la sentencia definitiva del TJUE.

Entretanto, los grandes acontecimientos catalizadores a lo largo de estos meses en el tablero de juego han sido el cambio de postura propulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez en torno al Sáhara Occidental y el estallido de la guerra en Ucrania. Hace seis meses, Rabat hacía pública una carta oficial en la que el Ejecutivo español respaldaba su plan de autonomía, al que se refería como la vía "más seria, realista y creíble" para solucionar el enquistado conflicto. El reino alauí siempre ha presionado a la UE para que reconozca su soberanía sobre el Sáhara, un pulso que recobró más fuerza tras el reconocimiento orquestado por Donald Trump y no revertido por su sucesor Joe Biden.

No obstante, una de las máximas que no ha cambiado ni durante este ni en los últimos años es la postura de la UE en este conflicto: una solución política justa, realista y duradera bajo el paraguas de la ONU. Pero el volantazo de Madrid también ha tenido eco en Bruselas. Josep Borrell, Alto Representante de Asuntos Exteriores y hombre de Sánchez en el Colegio de Comisarios, ha salido en varias ocasiones a subrayar que la postura española es compatible con la comunitaria. Sin embargo, sus últimas declaraciones al respecto en una entrevista de finales de agosto con RTVE levantaron polvareda. "La posición que tiene el Gobierno español era y es la de la UE. Es decir, defender la realización de una consulta para que sea el pueblo saharaui quien decida cómo quiere que sea su futuro", aseguró el diplomático desatando una rabieta entre los de Mohamed VI.

Está por ver, sin embargo, cuál es el encaje e impacto del acercamiento de Madrid a Rabat, que viven una luna de miel a costa de hacer saltar por los aires las relaciones con Argelia, en las negociaciones de pesca. Si se consuma la vía española, que reconoce de forma implícita la soberanía y la administración marroquí sobre el Sáhara Occidental, la tutela de este territorio podría cambiar. Y con ella, lo harían las reglas del juego. Es decir, desaparecería la principal objeción de la Justicia europea: que los acuerdos comerciales entre Marruecos y la UE cuenten con el beneplácito del Frente Polisario en calidad de representante del pueblo saharaui. En este hipotético y a priori no cercano escenario, los pescadores españoles o franceses seguirían faenando, las relaciones diplomáticas y comerciales entre Bruselas y Rabat se reforzarían. Ambas partes ganarían a costa del Sáhara Occidental, que sufriría un revés quizá irreparable.

Montaña rusa

En los últimos años, Marruecos se ha convertido en un aliado estratégico, clave y casi intocable para los europeos. El tropiezo más reciente en su relación fue la crisis de Ceuta, que desembocó en la primera resolución en dos décadas de la Eurocámara por los abusos de derechos humanos en el país norafricano. Pasado el temporal, las aguas volvieron a su cauce. En estos momentos, la UE ultima un incremento del presupuesto de 500 millones de euros para que el país magrebí refuerce su control fronterizo. Cortar el paso a las personas migrantes que llegan a través de las vías irregulares se ha convertido en una de las prioridades. La crisis alimentaria exacerbada por la guerra en Ucrania o los cada vez más extremos fenómenos de la crisis climática amenazan con ímpetu a los países africanos. Y en tiempos de turbulencias e incertidumbre, la UE está primando la estabilidad en su frontera sur y el control migratorio a través de las vías del Sahel o de la propia Libia.

Las consecuencias de la guerra en Ucrania son el otro factor de influencia en el cuarteto Bruselas-Madrid-Argel-Rabat. La urgencia por dejar de prescindir del gas ruso ha obligado a la UE y a sus Estados miembros a buscar otros mercados. Y Argelia es, precisamente, uno de los mayores productores del mundo de gas natural licuado. Preservar las buenas relaciones para explotar esta vía de suministro es uno de los objetivos. Pero desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español mantienen el pulso en el rifirrafe diplomático ante un país que consideran que se está inmiscuyendo con presión o chantaje en los asuntos nacionales.