"Necesitamos alimentación, una solución, la cosa está que explota", dice Jonathan Roldán, desde la protesta realizada en la avenida 9 de Julio, en Buenos Aires, a pocos metros del ministerio de Desarrollo Humano encargado de dar las respuestas a los sectores más pobres de Argentina.

La protesta fue organizada por un conjunto de movimientos sociales tanto en la capital como en 500 lugares del país con marchas y cortes de ruta, bajo la consigna de "el hambre no espera". En el centro de las demandas está la denuncia de que el ministerio no entrega alimentos para los más de 40.000 comedores populares que existen en el país, una situación que lleva dos meses ya.

"Cortar los alimentos es una vergüenza porque hay mucha gente que no tiene ninguna ayuda y la está pasando muy mal, los comedores se están llenando porque hay gente que tenía trabajo y no tiene y necesita comer a la noche", explica Roldán, que vino desde el barrio de La Boca junto a su organización.

Se trata de las tercera acción de protesta realizada frente al ministerio conducido por Sandra Pettovello, que hasta ahora no ofreció respuesta, en un contexto de agudización de la crisis: la pobreza aumentó 12% en dos meses alcanzando 57,4% y la indigencia subió a 15%. Argentina, cifras comparables con la gran crisis del año 2001 pero con un aumento más vertiginoso.

La emergencia alimentaria

La mayoría de los comedores populares en Argentina son organizados por movimientos sociales. Uno de ellos, en la ciudad de Buenos Aires, es la Garganta Poderosa, con un extenso trabajo en las llamadas villas miserias. Marisela Escalante, parte de la organización vino a la protesta, ante lo que califica de "emergencia alimentaria".

"Necesitamos una solución a todos los problemas que están pasando, el problema principal y prioritario es la emergencia alimentaria y el gobierno no la está tomando como prioridad, y es lo que se está viendo en todos los barrios populares, en los sectores más empobrecidos", explica.

"Cada día la crisis es en aumento, abren comedores y merenderos pero otros van cerrando por la falta de mercadería, desde el año pasado nos vienen debiendo más de 10 toneladas de mercadería, y desde hace dos meses cerraron literalmente todas las entregas de alimentos, y los que siguen con las puertas abiertas son los que la vienen luchando día a día haciendo bingos, rifas para poder comprar también la bombona de gas que hace dos meses costaba 3.500 pesos y ahora vale 15.000, es una locura todo lo que está pasando", dice.

Las resistencias a los recortes

Milei publicó el martes pasado en su cuenta Instagram el logro de haber realizado "el ajuste más severo de los últimos 30 años", lo que habría hecho "temblar a la casta", es decir a quien el presidente construye como adversarios o enemigos. La casta, como se vio en estos meses, es un significante moldeable según las circunstancias, donde entran desde políticos, a sindicalistas, dirigentes sociales, todo aquel que se oponga al shock neoliberal.

Ese ajuste, que realmente es un recorte de los gastos del Estado, ha tenido repercusión en la pobreza, la indigencia, a la vez que en la conflictividad social como lo muestra esta semana de febrero, donde el martes tuvo lugar un cacerolazo de asambleas barriales en Buenos Aires, el miércoles un paro de trabajadores ferroviarios, el jueves una huelga de sanidad, el viernes la marcha de los movimientos sociales, y está previsto un paro de trabajadores del Estado para el lunes.

"Hoy los jubilados no pueden comprar remedios, los chicos del barrio no pueden comer. El gobierno dice que no hay plata, pero no hay plata para el pueblo, para el pueblo hay hambre nomás", dice Ramón Palavecino, otro de los manifestantes frente al ministerio de Capital Humano, una institución creada por el gobierno de Milei, reuniendo allí todo lo relacionado a empleo, educación y desarrollo social, reduciendo así antiguos ministerios a secretarías.

Esa reducción del Estado inicial tuvo un nuevo paso el jueves, al anunciarse el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Milei también lo celebró en sus redes sociales con la consigna de "viva la libertad carajo", bajo su concepción repetida días atrás de que el Estado es una "asociación de criminales" y que, por lo tanto, se lo debe reducir a su mínima expresión.

La pregunta por la tolerancia social

La pregunta que se instaló en Argentina por parte de los actores internos así como externos, como el Fondo Monetario Internacional que tiene la deuda más grande de su cartera en el país, es cuál será el umbral de tolerancia de la sociedad argentina ante el ajuste. Es decir hasta dónde podrá soportarse la velocidad y profundidad de un ajuste que recae sobre los sectores medios, obligados a vender sus ahorros en dólares, y bajos, forzados a multiplicar ollas populares.

El mismo gobierno reconoció el viernes que el principal sector afectado fue el de jubilados: "cuando se hace un ajuste de cinco puntos del Producto Bruto Interno, ocurre lo que ocurrió, por ejemplo, con el ajuste previsional, porque el gasto previsional es la mayor parte del presupuesto nacional", aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El presidente asegura, como desde el inicio de su mandato, que en un lapso sin precisar se estará mejor, y que el actual sacrificio "vale la pena" ya que al llegar al déficit cero y reducir el Estado se podrá al fin comenzar a crecer. Antes de la mejora, que varios economistas dudan que llegará, vendrán los meses de marzo y abril que se anuncian particularmente difíciles por la inflación que ya sumó 54% en dos meses, el inicio de clases, la confluencia de aumentos en los diferentes rubros.

Para el gobierno la pregunta es también cuánto tiempo podrá sostener su popularidad que ya está en descenso, y la ilusión de que habrá luz al final del túnel. Para cada vez más argentinos las preguntas son las elementales: cómo enfrentar los incrementos de transporte, gasolina, luz, alimentos, alquileres, obras sociales, escuelas privadas, cómo llegar fin de mes o a comer tres veces al día.