"El señor Álvaro Uribe Vélez sabía lo ilícito de su actuar". Con esa frase, la jueza Sandra Heredia confirmaba la primera condena penal contra un presidente en la historia moderna de Colombia. Del otro lado de la cámara, siguiendo las doce horas de audiencia de manera telemática, Álvaro Uribe Vélez recibía con semblante serio y gesto impasible su condena.

El conocido como juicio del siglo en Colombia llegaba a su fin tras más de 13 años de instrucción. Y aunque la condena a 12 años de prisión domiciliaria por "fraude procesal" y "soborno en actuación penal" aún puede ser recurrida por la defensa del expresidente, el fallo marcó un hito en el país.

El proceso acreditó que Uribe, a través de colaboradores, sobornó a testigos para que se retractaran y modificaran sus declaraciones sobre los presuntos vínculos del expresidente con grupos paramilitares. De esta forma, el fallo es solo la superficie visible de la acusación más grave que le persigue: sus presuntos lazos con grupos paramilitares responsables de masacres y desplazamientos forzados.

El Gran Colombiano, como solía apodarlo la prensa afín, ha sido finalmente condenado. Y con ello se derrumba –al menos en parte– el mito del expresidente omnipotente: el de la "mano dura y corazón grande", el que modificó la Constitución para poder ser reelegido en 2006 y buscó un tercer mandato solo frenado por la justicia. El líder que muchos creían intocable no lo es.

El juicio a Uribe trasciende lo meramente jurídico y agrava la polarización de una sociedad fracturada, a menos de un año de las elecciones generales de 2026. De carácter y temperamento explosivo, Uribe despierta pasiones encontradas: moviliza tanto a devotos fervientes como a acalorados detractores. En marzo de 2025, el 46,5% de los colombianos mostraba una opinión favorable sobre su figura, la tasa más alta de todos los expresidentes del país y un indicador que subraya la magnitud de su influencia aún hoy. En las elecciones de 2018 fue el legislador más votado de todo Colombia.

Su sombra política se proyecta mucho más allá de su presidencia. El exmandatario impulsó a los presidentes vencedores en 2010 y 2018, fundó su propio partido en 2013 –denominado Centro Democrático–, fue el principal opositor a los acuerdos de paz de 2016, actúa como gran azote –si no el mayor–del Gobierno de Gustavo Petro, y ha seguido siendo una voz escuchada y respetada por la derecha y la extrema derecha nacional e internacional.

Ejecuciones extrajudiciales

Álvaro Uribe Vélez (1952, Medellín) nació en el seno de una acaudalada familia de terratenientes y ganaderos con cierta influencia en la vida política regional. El primogénito de sus cinco hermanos estudió Derecho y completó sus estudios en Administración y Gestión en la Universidad de Harvard.

Ambicioso, metódico y con inteligencia innata para moverse en la turbulenta política colombiana, Uribe fue concejal, alcalde designado, senador y finalmente gobernador de su Antioquia natal de 1995 a 1998. Puesto desde el que se proyectó en la política nacional con una imagen de gestor austero pero eficiente, bien relacionado con el empresariado y hombre de mano dura obsesionado con el orden público.

Su liderazgo paternalista y la imagen de hombre fuerte calaron hondo en una de las sociedades más conservadoras y religiosas de América Latina. Una sociedad entonces marcada por el trauma de la violencia paramilitar y guerrillera, que vivía su punto más álgido en décadas.

El clima internacional también jugaba a su favor: tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el discurso de mano dura contra el enemigo interno encontró eco en la retórica global contra el terrorismo. Ese viento de época reforzó su popularidad en los meses previos a las elecciones presidenciales de 2002, cuando la inseguridad dominaba la agenda nacional. En mayo de 2002 venció con un cómodo 54,5%.

Uribe quebró el histórico bipartidismo Liberal-Conservador que había dominado Colombia durante más de un siglo y lo reemplazó por un nuevo eje que aún marca la política nacional: uribismo contra antiuribismo.

Su mandato (2002-2010) coincidió con el super ciclo de las commodities, un auge del precio de las materias primas que reportó un crecimiento económico sostenido a Colombia –con una tasa media anual del 4,5% del PIB–, lo que permitió aplicar una política de subsidios localizados con la que consiguió paliar varios indicadores de pobreza.

No obstante, su principal logro y mayor sombra tiene que ver con la seguridad. "La nación entera clama por reposo y seguridad", dijo en su asunción como presidente. El Gobierno de Uribe impulsó una profunda militarización de la vida nacional bajo la promesa de derrotar a las guerrillas. La estrategia de "seguridad democrática" amplió la presencia de las Fuerzas Armadas en áreas rurales, fortaleció la cooperación con Estados Unidos a través del Plan Colombia y priorizó la ofensiva militar sobre el diálogo político.

Gracias a estas tácticas, entre 2002 y 2010 la tasa de homicidios en Colombia se redujo de 70 a 34 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mejorando la percepción de seguridad de la población y mermando significativamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero el coste fue muy alto: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documentó al menos 6.402 falsos positivos —civiles ejecutados extrajudicialmente y presentados como guerrilleros caídos en combate— durante el periodo 2002–2008.

Este patrón de violaciones de derechos humanos descansó en la política de "seguridad democrática" impulsada por Uribe. La militarización del país vino acompañada de metas estrictas de guerrilleros abatidos o capturados, con incentivos para las unidades que superaban sus cuotas y presiones disciplinarias para las que no. La ampliación de la jurisdicción militar y la obsesión por mostrar resultados inmediatos debilitó los mecanismos de control e investigación sobre las operaciones. En ese contexto, y con una débil protección de los derechos de las víctimas en las zonas rurales, miles de ejecuciones extrajudiciales se presentaron como "combates exitosos".

Uribe, apoyado en su política securitaria y en una hiperactiva e inteligente presencia mediática, nunca bajó del 63% de popularidad durante su ejercicio del poder. Lo que le facilitó impulsar una reforma constitucional para posibilitar su reelección en las elecciones de 2006, una medida sin precedentes en la historia democrática colombiana.

Su segundo mandato profundizó las líneas maestras del primero: más seguridad, sólidos resultados macroeconómicos y un liderazgo cada vez más personalista. Uribe incluso contaba con su propio programa de televisión, Consejo Comunitario, un espacio transmitido en directo desde distintos municipios del país donde, haciendo gala de su labia y rodeado de ministros y funcionarios, escuchaba a líderes locales y ciudadanos, resolvía problemas sobre la marcha y proyectaba la imagen de un presidente cercano y omnipresente. Un programa que poco tenía que envidiar al Aló Presidente de su vecino Hugo Chávez.

El mandatario intentó incluso un tercer mandato en las presidenciales de 2010, pero la Corte Constitucional frenó sus aspiraciones al declarar inconstitucional el referéndum mediante el que quería habilitarse. Sin embargo, su salida de la Casa de Nariño no significó el fin de su influencia política. Uribe apadrinó e impulsó a Juan Manuel Santos (2010‑2018), con quien acabaría enfrentado tras el proceso de paz con las FARC, e Iván Duque (2018‑2022), considerado su delfín político. El expresidente ocupó una curul en el Senado entre 2014 y 2020 y, hasta hoy, sigue siendo una de las voces más influyentes de la política colombiana.

Caudillo de la derecha colombiana 

La influencia de Uribe rebasa las fronteras patrias. Su gobierno coincidió con la ola rosa latinoamericana, cuando gobiernos progresistas proliferaron en toda la región. El máximo exponente de este fenómeno, el presidente Hugo Chávez en Venezuela, encarnó su archienemigo político. Su declarada animadversión a Chávez y al socialismo le granjeó poderosas amistades con EEUU y le convirtió en una especie de referencia para las entonces debilitadas derechas latinoamericanas.

La Casa Blanca fue el principal aliado político, económico e ideológico de Uribe durante su gobierno. En 2009, se firmó un acuerdo militar que autorizó el uso de siete bases colombianas por parte de tropas estadounidenses, en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Su relación fue especialmente estrecha con los republicanos, aunque también cultivó lazos con el demócrata Barack Obama.

Su discurso de mano dura y su estilo de liderazgo autoritario y carismático sirvieron de inspiración para varios líderes conservadores en América Latina, que adoptaron discursos similares sobre seguridad y orden público. Es el caso de Mauricio Macri en Argentina (2015-2019), Sebastián Piñera en Chile (2010-2014 y 2018-2022) o Jair Bolsonaro en Brasil (2019-2023).

Uribe ha mantenido una presencia constante en los principales foros y encuentros de la extrema derecha tanto en América Latina como en Europa. Destaca especialmente su relación con el Foro de Madrid, una plataforma creada en 2020 por Vox para articular a líderes ultra a ambos lados del atlántico. En estos foros Uribe ha compartido espacio con Abascal, Giorgia Meloni, André Ventura (líder del partido portugués Chega), o Eduardo Bolsonaro (hijo y principal operador del expresidente brasileño).

El Foro de Madrid ya se ha manifestado asegurando que el juicio que ha condenado a Uribe "fue impulsado por Petro para intentar neutralizar a la oposición".

La estrecha relación de Uribe con Washington se mantiene hasta hoy. Prueba de ello es que el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, rechazó abiertamente la condena, afirmando: "El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria".

La narrativa del lawfare —la supuesta instrumentalización de la justicia con fines políticos— está siendo abrazada y amplificada por sus aliados dentro y fuera de Colombia. En España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, expresó su respaldo al exmandatario a través de la red social X, afirmando lo siguiente: "El presidente Uribe me parece un hombre íntegro, que siempre ha defendido a Colombia de sus adversarios de manera democrática. La Justicia no debe utilizarse para presionar a la oposición".