El pasado miércoles, tras conseguir el voto de confianza del Parlamento, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se dio un baño de masas de los que le gustan. Una veintena de simpatizantes de Il Cavaliere se acercaron a su residencia en Roma para felicitarlo. Y Berlusconi no defraudó. En lo que parecía una más de sus habituales frases victimistas cuando habla de la Justicia, el primer ministro aseguró que "hay un acuerdo entre los fiscales de izquierdas para darle la vuelta al resultado electoral y eliminar al que ha sido elegido por el pueblo. Hace falta una comisión parlamentaria que diga los nombres y apellidos de esos fiscales y que demuestre si, como yo creo, hay una conspiración criminal en el ministerio público".

Alguien grabó las palabras de Berlusconi con su móvil y las filtró el viernes al diario La Repubblica, que las colgó en su edición digital. Tanto los partidos que conforman la coalición del Gobierno como la oposición y la magistratura no tardaron en criticar la dureza del primer ministro. Pero lo que no parecía posible es que Berlusconi fuera en serio.

El domingo se confirmó que más que una bravuconada, Berlusconi tiene la intención real de emprender una caza de brujas contra los fiscales, que en Italia tienen la consideración de jueces. En un congreso de su partido, el Pueblo de la Libertad, en Milán, el primer ministro se despachó: "Están utilizando la Justicia con fines políticos, para eliminar a un protagonista que no les gusta, pactando con aquellos que están en política garantizando su protección y para enmudecer una ley que no les gusta".

Como buen prestidigitador político, Berlusconi le dio la vuelta a la tortilla y acusó a los jueces de manejar la legislación a su antojo, exactamente lo mismo de lo que se le acusa a él. "La Corte Constitucional está compuesta en su mayoría por exponentes de la izquierda. Dudamos de que en nuestro país exista una democracia verdadera. Si a ciertos fiscales no les gusta una ley, la impugnan y la envían a la Corte Constitucional, que tiene 11 miembros de un signo político, que bajo la presión del fiscal de izquierdas acaban por revocarla", aseveró.

El primer ministro italiano no esperó siquiera a formar la anunciada comisión parlamentaria y dio él los nombres y apellidos. Berlusconi habló, por ejemplo, del "infame" Fabio de Pasquale, uno de los fiscales del caso Mills. El fiscal de Milán interrogó en 2004 al abogado británico que ideó el sistema de blanqueo de dinero en paraísos fiscales del grupo Finninvest, propiedad de Berlusconi. En 2004, David Mills confesó que había recibido 600.000 dólares (438.000 euros) por mentir en dos juicios que imputaban al magnate en la época del proceso Manos Limpias contra la corrupción política.

La Asociación Nacional de Magistrados reaccionó con indignación porque, como explicó este lunes su presidente, Luca Palamara, "se quiere una magistratura dócil que no moleste". "Espero que nadie se olvide del papel fundamental que tiene la función judicial en un Estado democrático", insistió.