El Tribunal Supremo de Brasil ha votado para imputar por los ataques de seguidores de Jair Bolsonaro a las instituciones brasileñas del pasado 8 de enero a 100 personas que estaban detenidas. El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, ha asegurado que los atacantes contaron con la participación de "generales y oficiales traidores", que "dicen ser patriotas" mientras "cantan el himno", pero al mismo tiempo "traicionan la Constitución".

Dino ha señalado que "cerca de cien militares" han prestado declaración por aquellos hechos y que el grado de jerarquía es cada vez mayor. "Estoy hablando de generales, de oficiales, traidores de Brasil", ha agregado. 

"Dicen que son patriotas, pero son traidores. Cantan el himno nacional, juran defender la patria, pero traicionan la Constitución", ha dicho Dino, quien ha señalado que existen "tres vertientes" con las que se sustentaron los ataques que protagonizaron los bolsonaristas.

Así, ha explicado que además de la vertiente militar está la económica, si bien parece solo involucrar a empresarios importantes a nivel regional, y política, que "es la más notable" y con la que se identifica a su "antecesor", Anderson Torres.

El que en el momento de los ataques era secretario de Seguridad de Brasilia, es la principal figura política detenida por los ataques del 8 de enero. El exministro de Justicia con Bolsonaro está bajo prisión provisional mientras es investigado por supuestas connivencia con los asaltantes.

En los últimos días nuevas imágenes de lo ocurrido desencadenaron la dimisión del ministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), el coronel Marcos Edson Gonçalves Dias, hombre de confianza del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que ya le había acompañado en sus dos mandatos anteriores.

En ellas se podía ver como actuaba con cierta tolerancia hacia la turba de bolsonaristas que irrumpieron en el Palacio del Planalto, indicándoles la salida e incluso acompañado a otros altos funcionarios que entregaban botellas de agua.

El encargado de la investigación, el juez Alexandre de Moraes, ha presentado una nueva propuesta para calificar de la misma manera a otros 200 detenidos, por lo que el pleno tendrá hasta el martes 2 de mayo para tomar una decisión.