Bruselas no tiene competencias para 'vetar' a los medios rusos RT y Sputnik

La libertad de información es también libertad de propaganda. También es libertad para mentir, e incluso para tener mal gusto. Por otro lado, es libertad de cambiar de canal, de emisora o de sitio web. Con carácter general, en las democracias occidentales sólo se puede secuestrar un medio en determinados casos y previa orden judicial. Ahora, la Comisión Europea ha propuesto eliminar en el territorio de la Unión la difusión de medios público rusos Russia Today (RT) y Sputnik, considerados "la maquinaria mediática del Kremlin", y sus filiales.

"Las empresas estatales Russia Today (RT) y Sputnik [...] ya no podrán difundir sus mentiras para justificar la guerra de Putin", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa conjunta con el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

Aunque la Comisión Europea, como Poder Ejecutivo, no tiene competencia para hacerlo, los países miembros sí la tienen aunque sujeta a sus propias legislaciones internas. En España, por ejemplo, es necesaria la intervención de un juez y en casos muy tasados, tales como terrorismo, pornografía infantil o supuestos que violen la propiedad intelectual, a veces incluso antes de que un juez se pronuncie.

"Estamos desarrollando herramientas para prohibir su desinformación tóxica y dañina en Europa", agregó Van der Leyen, que cuenta con todo el apoyo del propio Borrell. Pero ¿cómo se puede vetar la emisión global de un canal de TV y una agencias de noticias? ¿Y quién decide qué es propaganda y qué no lo es para restringir la libertad de expresión, un derecho humano reconocido en Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 19?

Por un lado, Von der Leyen, la mujer con más poder y determinación ante este conflicto, mide muy bien sus palabras: el Ejecutivo comunitario no puede vetar la difusión de los contenidos de esos medios rusos, pero sí puede plantear la manera de hacerlo conforme a las norma comunitarias. Y es lo que ha hecho: plantear.

Por otro lado, existen precedentes de vetos a medios de comunicación. En España, sin ir más lejos, el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó el cierre del diario Egin y Egon Irratia (radio) en 1998, por considerarles un instrumento de propaganda al servicio de la banda terrorista ETA. Medida que, por cierto, fue declarada años más tarde ilegal.

Varias dudas

Loreto Corredoira, doctora y profesora titular de Derecho de la Información en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), recuerda en conversación con Público que en Europa "no se puede clausurar un sitio web de forma preventiva", y estima que de tomarse una decisión de bloqueo o veto a los medios rusos "implicaría movilizar al Tribunal". "Habría que analizar también la argumentación en caso de que se produjese ese veto o bloqueo" que insinúa Von der Layer, sostiene.

"Existe también un problema de jurisdicción", añade Corredoira, "igual se puede pactar con los grandes distribuidores online, las grandes tecnológicas, para que restrinjan determinados sitios". Pero esta experta reconoce tener "dudas". "Estos medios, claramente financiados por el Gobierno ruso, no sólo ahora sino desde hace años dan versiones de los hechos que no tienen nada que ver con la realidad", reflexiona, y apunta: "Para mí, personalmente, no son medios de comunicación sino panfletos, y no tienen criterios periodísticos, por lo que no veo que aquí se puedan ver amparados por el derecho fundamental de la libertad de expresión, yo los veo más como un negocio".

Tal y como ha recogido el sitio de verificación de información Maldita, RT en español ha estado ridiculizando y negando la invasión rusa en Ucrania hasta que ya era evidente. Desde la agencia se acusaba a los informadores occidentales de "histerismo" o "conspiranoicos". Según informa Politico.eu, Berlín vetó RT en alemán en febrero, y Rusia hizo lo propio al prohibir las operaciones de la cadena pública germana Deutsche Welle en su país.

"La postura de la Comisión Europea no nos parece la más inteligente", afirma por su parte David Díaz Jogeix, director senior de programas en Article 19, una plataforma internacional referente que defiende la libertad de información a nivel global. "Las consecuencias que pueden darse a raíz de una decisión de este tipo pueden perjudicar precisamente a los ciudadanos rusos, que sólo accederán a determinados medios con una sola narrativa", añade.

"Si sucede lo que pasó con la Deutsche Welle en febrero, los ciudadanos rusos pueden llegar a dejar de tener acceso a otros medios internacionales", apunta este experto, que recuerda que "el en mundo occidental la gente tiene acceso a medios plurales para contrastar, cosa que no pasa en Rusia, en donde sólo existen medios oficiales o privados que siguen la línea del Gobierno, y en donde existe una represión desde hace muchos años contra periodistas de investigación".

"Creemos que sería importante buscar una manera de ampliar el acceso a fuentes diversas de información, plurales e independientes, para enriquecer opinión pública rusa", concluye este politólogo.

¿Terrorismo?

En este caso, existe un matiz importante: dichas agencias son empresas públicas controladas directamente por Moscú. Es decir, que Bruselas no está planteando una censura a un medio privado, sino que está considerando tanto a RT como a Sputnik como un frente más en la guerra contra Ucrania, que no sólo se traduce en bombardeos y violaciones del territorio soberano sino que incluye ciberataques y campañas de desinformación.

La guerra informativa afecta a ambos bloques enfrentados y, si bien es a veces complejo evitar que la desinformación intoxique la opinión pública, ésta ha demostrado ya una madurez suficiente como para cuestionar lo que vierten determinados medios claramente inclinados hacia una de las partes, como en este caso. Hay propaganda demasiado descarada como para que 'cuele'.

Sin embargo, esta guerra podría hacer tambalear toda la arquitectura jurídica de la Unión Europea de materializarse ese veto de Bruselas, comentan a Público expertos jurídicos que prefieren no dar su nombre. "Von der Leyen no ha cerrado ningún medio, algo para lo que carece de competencias", apuntan dichas fuentes, y señalan que "lo que sí puede hacer es ponerlo en manos de los jueces, legitimados para cerrar medios que contribuyan a la comisión de delitos".

"Se podrían cerrar sus sitios web por terrorismo, delitos contra la propiedad intelectual o pornografía infantil"

Tal y como afirma Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma para la Libertad de Información (PLI), "el posible cierre de RT y Sputnik sólo se podría acordar en España por el poder judicial en caso de terrorismo, según el artículo 578 del Código Penal". "Curiosamente", añade, "también se podrían cerrar sus sitios web por delitos contra la propiedad intelectual o pornografía infantil, pero no por delitos contra la comunidad internacional" recogidos en el Título XXIV del citado Código Penal (artículos 605 y siguientes).

Eso sí, algunas fuentes consultadas apuntan que "desde el momento en que Rusia opta por la violencia en lugar de la legalidad se convierte en un Estado terrorista" dado que, razonan, el terrorismo está definido como una "norma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general". Quizá sea este el razonamiento que tiene la Comisión Europea en mente.

Mientras, en el interior de Rusia

Por otro lado, Amnistía Internacional está denunciando que el Kremlin censura medios de comunicación nacionales mientras dispersa protestas contra la guerra y persigue a quienes se oponen públicamente a la invasión rusa de Ucrania.

Tal y como recuerda esta ONG en un comunicado, "el 24 de febrero de 2021, el organismo ruso de control de los medios de comunicación, Roskomnadzor, ordenó a todos los medios que, en su cobertura de la invasión rusa de Ucrania, utilizaran únicamente la información proporcionada por fuentes estatales oficiales", con la amenaza de cierres y abultadas multas.

Asimismo, denuncian que "la policía rusa ha utilizado sistemáticamente la fuerza para dispersar las protestas contra la guerra celebradas en todo el país" con más de 5.900 manifestantes pacíficos detenidos en al menos 67 ciudades y localidades de toda Rusia.