La UE busca imponer más controles en internet para potenciar su seguridad

La carrera por el control de internet, casi siempre bajo el pretexto de la seguridad pública, está abriendo un nuevo capítulo regulatorio, especialmente en Europa aunque también en EEUU. Todo lo que se decida en los próximos meses nos va a afectar de lleno en nuestro día a día, al uso que haremos de la red, a nuestra huella digital, y a lo que hagamos y digamos en las plataformas.

Para poder dar una visión amplia y, a la vez, comprensible, vamos a tratar de resumir -con sus referencias- qué puede significar la ola normativa que llegará dentro de muy poco tiempo a los países de la Unión Europea a través de reglamentos, que son de aplicación directa.

Paralelamente a estas regulaciones, están tomando un impulso creciente desarrollos como los criptoactivos (y, en general, el mundo 'cripto'), la resurrección de los metaversos y, en general, la anunciada web3 -que promete una nueva descentralización de la web-; los retos son enormes y al mismo tiempo muy delicados.

La UE entiende desde hace años que las regulaciones existentes sobre comercio electrónico y otras actividades en la red están anticuadas y demasiado 'parcheadas'. De este modo, ya están tramitándose las nuevas normativas europeas sobre el mundo digital y las más importantes entran ahora en sus fases finales.

Si nada cambia, así serán las condiciones que impondrá Europa (y también EEUU), previsiblemente entre este año y el que viene, para la actividad humana y empresarial en internet.

Digital Services Act (DSA)

Acaba de aprobarse en el Parlamento Europeo el texto enmendado del futuro Reglamento de Servicios Digitales o Digital Services Act (DSA), un paquete legislativo que será clave para ciudadanos y empresas en internet. Este texto en concreto recoge medidas encaminadas a dar al ciudadano más información y opciones por parte de las empresas, que deberán ser mucho más transparentes de lo que son ahora si quieren operar en suelo europeo.

El texto llegó a contener medidas que obligaban a las plataformas sociales (redes sociales, de publicación de vídeos o fotos, etc.) a ejercer de 'policías' de la red, ya que proponía que ellas fueran las encargadas de monitorizar los contenidos de terceros que publican y recopilar datos de los usuarios para mantener un "internet seguro", entre otras medidas polémicas.

Esa idea, al final, se ha caído del texto gracias a la presión de organizaciones de defensa de los derechos humanos, en beneficio de otra más lógica: indicar cómo deben actuar las redes ante una denuncia de contenido problemático, a través de unos términos de uso claros y obligándolas a responder por los posibles errores en la eliminación de contenido.

El proyecto propone otras medidas tales como las siguientes:

- Las compañías no podrán hacer campañas de publicidad dirigida basadas en datos personales confidenciales de los usuarios.

- Tampoco estarán permitidas funciones 'ocultas' o 'engañosas' que lleven a los usuarios a hacer algo que no desean hacer.

- Apoya -hasta cierto punto- el anonimato digital del ciudadano, aunque con algunas excepciones (como en lo que se refiere a la producción de contenido pornográfico, para lo que se requerirá un número de teléfono).

- El texto abre la posibilidad a que un ente administrativo ordene la retirada de contenidos sin pasar por un juez, e incluso se podrá solicitar a las plataformas que entreguen información confidencial de un usuario. Esta idea, ya recogida en el artículo 17 de la Directiva 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital (aunque con muchos matices), cristalizó en España en la polémica  trasposición  a la normativa sobre derechos de autor, y puede suponer un peligro para la integridad del derecho fundamental a la libertad de expresión.

Ahora, la DSA tendrá que pasar al siguiente paso legislativo, los llamados 'triodos', para su final aprobación por parte de los estados. Se prevé su aprobación a finales de este año o ya en 2023.

Digital Markets Act (DMA)

Aprobado por la Eurocámara en diciembre, este futuro Reglamento de Mercados Digitales o Digital Markets Act (DMA) está enfocado a determinar las responsabilidades de los gigantes comerciales en internet. Para la UE, se trata de proteger a los usuarios de los peligros que detecta en el comercio electrónico (contenidos ilícitos como terrorismo o pornografía infantil, venta de productos peligrosos o falsificados, etc).

Para las empresas, supondrá definir quiénes son los llamados "guardianes de acceso" ("gate keepers" en inglés) digital y regulará bajo qué condiciones pueden operar en la UE. 

El objetivo apunta a las más grandes, como Alphabet (Google, YouTube), Apple, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Amazon y Microsoft, con todos sus servicios añadidos, precisamente porque este reglamento establece que los "guardianes de acceso" son aquellas empresas que superen en facturación o capitalización los 6.500 millones de euros, que tengan más de 45 millones de usuarios mensuales activos y que tengan un carácter permanente en su posición.

Este reglamento impone, por primera vez, una regulación exhaustiva sobre sus obligaciones, si quieren operar en este mercado. De esta forma:

- No podrán discriminar a nadie en favor de sus propios servicios.

- Tendrán la obligación de garantizar la interoperabilidad con su plataforma.

- Estarán obligadas a compartir, en cumplimiento con las normas de privacidad, los datos facilitados o generados a través de las interacciones entre las empresas usuarias y sus clientes en la plataforma de los guardianes de acceso.

- Abre la puerta a que los gigantes de internet sean "co- responsables" de señalar los contenidos y bienes ilícitos que vulneren sus derechos o compitan de manera desleal.

Las demás empresas, las que actúan necesariamente sobre dichas plataformas, podrán acceder a ciertos datos hasta ahora opacos de dichas compañías (cómo analizan su actividad, por ejemplo), también podrán elegir con mayor información dónde ofrecer sus servicios o productos, tendrán más posibilidades de cambiar de plataforma y podrán combinar servicios en función de sus necesidades.

Las sanciones por el incumplimiento de las prohibiciones y obligaciones impuestas en la norma que podrían alcanzar el 10% del volumen de negocio mundial de la empresa infractora.

¿Un sistema de DNS público europeo?

Un servicio de resolución de dominios (DSN, por sus siglas en inglés) consiste en un "traductor" que convierte las direcciones IP (que son numéricas) al dominio correspondiente (por ejemplo, 'publico.es)'. Existen compañías que realizan esta labor crítica para el funcionamiento internet como OpenDNS (de Cisco, Google Public DNS, Cloudflare, Quad9, OpenDNS, Comodo Secure DNS, etc. Los dueños de los servidores DNS pueden saber la dirección IP de tu ordenador y también monitorizar a qué páginas estás accediendo mediante su servicio.

Europa se está planteando financiar un sistema de NDS propio y público, según se publicó la semana pasada. El asunto es polémico por sus implicaciones sobre seguridad y derechos humanos de los usuarios en Europa. Tal y como informaba Xataka hace unos días, DNS4EU -que así se denomina este proyecto de servicio de momento- cuenta con un presupuesto inicial de 14 millones de euros.

En un documento de la Comisión Europea citado por ese medio, el Ejecutivo europeo remarca que "ofrecerá un alto nivel de resiliencia, protección de ciberseguridad global y específica de la UE, protección de datos y privacidad de acuerdo con las normas de la UE, garantizará que los datos de resolución de DNS se procesen en Europa y que los datos personales no se moneticen".

En el mismo proyecto, la Comisión plantea se pueda intervenir en ese sistema de DNS para bloquear contenidos ilícitos por orden judicial; pero, entre otros problemas, se corre el riesgo de extender el bloqueo de contenidos a varios países a partir de una resolución judicial en uno de ellos, tal y como apuntan miembros del Partido Pirata en el Parlamento Europeo. De momento, es sólo una propuesta abierta a consulta pública.

Ley europea de libertad de los medios de comunicación

El pasado 22 de enero se abrió a consulta pública la futura Ley europea de libertad de los medios de comunicación, que fue anunciada en septiembre por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

En un estado embrionario, de momento se han recabado datos y se está recogiendo opiniones (en particular de los periodistas, los medios comunicación tanto públicos como privados, el mundo académico, la sociedad civil, las autoridades públicas, las empresas y todas las partes interesadas), de modo que se presentará la propuesta en el segundo semestre de 2022.

Según la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, "la Comisión propondrá normas y salvaguardias comunes para proteger la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación. Los periodistas deben poder llevar a cabo su trabajo, informar a los ciudadanos y hacer rendir cuentas a los poderosos sin temores ni favores". Ya veremos en qué queda.

'Soberanía digital'

La llamada soberanía digital alude a la propiedad de los datos en las redes y al lugar en el que se extraen, se almacenan y se tratan. e trata de otro de los asuntos clave para los próximos meses, ya que Francia quiere utilizar la Presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea para impulsar la soberanía digital, informa EFE; es decir, el impulso a las nuevas normativas mencionadas por parte del Ejecutivo comunitario está asegurado.

La soberanía digital pasa, para Francia, por controlar y limitar el poder de las grandes plataformas digitales, por lo que intentará lograr un acuerdo entre los Estados y la Eurocámara sobre las nuevas leyes DSA y DMA. Además, buscará acuerdos para poner en marcha cuatro proyectos de interés común que movilicen inversión en electrónica, hidrógeno, sanidad y la "nube", en busca de una menor dependencia tecnológica del exterior.

EEUU y la competencia de los gigantes

Al otro lado del Océano Atlántico, en EEUU, las grandes compañías de internet van a tener que lidiar con otro asunto de trascendencia: la semana pasada, el comité de Justicia del Senado Estadounidense aprobó un proyecto de ley que, si sale adelante, prohibirá a las grandes firmas tecnológicas como Amazon, Apple o Alphabet (Google) dar preferencia a sus propios servicios por encima de los de la competencia, en la misma línea que la descrita DMA europea.

La bautizada como "Ley Estadounidense para la Innovación y las Opciones Online" recibió el apoyo de 16 miembros del comité, tanto demócratas como republicanos, y la oposición de únicamente seis de ellos, lo que le da bastantes posibilidades de ser aprobada cuando se lleve al pleno de la Cámara Alta, informa EFE.

La propuesta de ley busca impedir que estas plataformas den preferencia a sus propios productos o servicios por encima de los de la competencia, algo por lo que son habitualmente criticadas en el mercado y por lo que tanto reguladores como competidores ya las han llevado a juicio en varias ocasiones.

De este modo, Amazon no podría mostrar como primer resultado en una búsqueda en su portal un producto comercializado por la propia empresa en lugar de uno vendido por terceros, salvo que exista alguna justificación; y lo mismo ocurriría con las plataformas de Alphabet y Apple.

La votación en el comité del Senado tuvo lugar justo un día después de que el pasado miércoles, la presidenta de la Comisión Federal del Comercio de EEUU (FTC, por sus siglas en inglés), Lina Khan, dijese en una entrevista televisada que no se dejará amedrentar por las grandes compañías tecnológicas como Amazon o Meta, que han pedido su recusación.

La FTC y el Departamento de Justicia han iniciado un proceso para modernizar las directrices antimonopolio que permiten o bloquean fusiones empresariales, y así adaptarlas a un mercado digital en el que los gigantes tecnológicos rompen los esquemas tradicionales.